La portavoz del PPCV en Les Corts, Isabel Bonig, y su homólogo de Compromís, Fran Ferri. Foto: KIKE TABERNER VALÈNCIA. La síndica del PP, Isabel Bonig, propuso este martes la modificación de la Ley de Participación Institucional que concede de forma directa ayudas públicas a las dos principales centrales sindicales -UGT y CCOO- y a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Una cambio para que no solo se puedan beneficiar los sindicatos mayoritarios y patronal, sino que estas ayudas puedan llegar a los minoritarios. Una modificación que podría beneficiar a sindicatos más próximos a Compromís.
"¿Por qué solo a los mayoritarios y no a los demás? ¿Por qué Intersindical –sindicato considerado próximo a Compromís– no puede acceder a esas ayudas?" se preguntó la también presidenta del PPCV para argumentar su cambio postura. No en vano, siendo consellera del ejecutivo popular de Alberto Fabra, Bonig dio luz verde a la creación de la ley de Participación Institucional que beneficiaba a los agentes sociales mayoritarios y dejaba fuera al resto.
Ahora bien, aunque Bonig, como ya hiciera la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, haya bautizado al PP como "el partido de los trabajadores", conviene recordar que los populares se opusieron en la legislatura pasada a un reparto mucho más equilibrado de las subvenciones a los sindicatos y la patronal. De hecho, el PPCV votó en contra de una enmienda a la ley de Participación Institucional presentada por Compromís que abogaba por que la administración de la Generalitat consignara "en los presupuestos anuales partidas destinadas a fomentar adecuadamente la actividad de las organizaciones sindicales y empresariales, […] repartidas entre las organizaciones sindicales teniendo en cuenta como criterio los resultados de las elecciones sindicales".
Ante este viraje, el síndic de Compromís, Fran Ferri, daba la "bienvenida" a los populares por reflexionar sobre una ley que para ellos nació "viciada". Sin embargo, pidió coherencia para que esa modificación se produzca también a nivel estatal y no sea un "cambio aquí -en la Comunitat Valenciana- ahora que está en la oposición y no puede hacer clientelismo".
Ante las críticas a sus hechos pasados, la líder del partido de la gaviota respondió alegando que esta era una ley formulada por el Partido Popular, pero que probablemente se equivocaron. "Este país y esta comunidad merece cambios", apuntó Bonig. La propia síndica popular, con la vista puesta en los trabajadores de cara a los comicios del 2019, afirmó que los sindicatos y la patronal "son fundamentales". Eso sí, "cada uno en su ámbito y manteniendo su independencia", concluyó.
Bonig, incluso, se esforzó por desligar esta sorprendente posición -pese a los rifirrafes que ha tenido con el empresariado desde que accedió a la presidencia del PPCV- de la asistencia de la CEV a la manifestación por la financiación justa. "Hay que avanzar, no es revancha", justificó, para argumentar las enmiendas presentadas que reducirían 300.000 euros -100.000 euros cada uno- entre la patronal, UGT y CCOO. "No digo que se eliminen, pero sí que se quite eso de que reciban las subvenciones los más representativos. A lo mejor llega el momento de modificar lo que ha sido una tradición para adecuarlo a la nueva realidad. Me reuní hace tiempo con CCOO-PV, UGT-PV y la CEV y no les hizo mucha gracia que les dijéramos que llevábamos tiempo planteándonos esta modificación", remató. Un cambio en la normativa de la que también podría beneficiarse la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Alicante, que no participó en la manifestación del pasado 18 de noviembre.
El síndic socialista Manolo Mata, sin embargo, consideró la propuesta de Bonig como "una broma" y defendió que más allá de que la ley fuese "mejorable o cambiable" hay un concepto jurídico, el de sindicatos más representativos, recogido en la ley orgánica de libertad sindical "desde el principio de la democracia".
Los socialistas defendieron que tanto la patronal como las centrales sindicales que reciben estas ayudas son "entidades honradas que gestionan bien su dinero. Es incomprensible. Pretenden reventar el sistema, si sigue así va a acabar de (fuerza) extraparlamentaria, que igual es lo que más le gustaría" apuntó.
"No pienso que sea una rabieta porque alguien se sume a una manifestación", reflexionó Mata, en referencia a la participación de CCOO, UGT y la CEV en la marcha del 18N que pedía una financiación justa para la Comunitat Valenciana y a la que no acudió ningún miembro del PP pese a la insistencia de los organizadores en que no era una manifestación "contra nadie".
La propuesta de la popular, conseguía con esto, además, evidenciar las diferentes posturas que tienen PSPV y Compromís al respecto. Mientras la coalición valencianista no vería con malos ojos que se abordara esta modificación legislativa -o al menos que se abriera el debate para acometerla en un futuro-, la oposición del PSPV a abrir ese melón es rotunda.
La propuesta para modificar el reparto de las ayudas que concede a sindicatos y patronales la ley de Participación Institucional, sin embargo, no es nueva. Aunque ahora el PP abandera una modificación que beneficiaría al sindicato cercano a Compromís -Intersindical-, el conseller de Economía, Rafael Climent, ya se movió en este sentido sin éxito.
Climent, perteneciente al Bloc -partido nacionalista y mayoritario dentro de Compromís- era el encargado de desarrollar el reglamento de la ley de Participación Institucional. Una cuestión que el conseller retrasó en varias ocasiones ante el recurso presentado por sindicatos más pequeños como CSIF, USOCV, SI y la misma Intersindical Valenciana -mayoritario en el sector profesional de Climent- por "vulnerar los derechos sindicales" al considerar que la ley otorgaba "exclusividad a CCOO y UGT".
El retraso en su tramitación -en la cual participaba la subsecretaria de la Conselleria, Conxa del Ruste, de Intersindical- provocó que el reglamento se aprobara fuera de plazo. Este hecho ocasionó un nuevo recurso de los sindicatos minoritarios. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) validó el reparto criticado por las centrales sindicales que recurrieron al Tribunal Supremo, que, por el momento, no se ha pronunciado aún. Ahora bien, sí que han encontrado un aliado en sus reivindicaciones, aunque por su enfrentamiento con la patronal: el PPCV. Si la alianza táctica en algunos asuntos entre Podemos y los populares sorprende, más curiosa es que la petición del partido que preside Bonig pueda beneficiar al sindicato más cercano a Compromís, Intersindical.
