VALÈNCIA. El caso RTVV ha tocado a su fin. Lo hace ocho años después de su inicio y sin condenados. Y, a su vez, supone el carpetazo a la última causa judicial impulsada por Compromís contra el PP. Fue en 2014 cuando los entonces diputados Mónica Oltra (exvicepresidenta de la Generalitat) y Enric Morera (actual presidente de Les Corts), además del representante de Compromís en el Consejo de Administración del ente, Rafa Xambó, interpusieron la denuncia. El motivo era la supuesta responsabilidad de varios directivos de la radiotelevisión valenciana en la gestión económica y patrimonial que llevó a la empresa a su cierre y a dejar una deuda a la Administración pública valenciana cercana a 1.600 millones de euros.
Las acusaciones de Compromís iban dirigidas contra el exdirector general de RTVV, José López Jaraba; los directivos Luis Redondo, Nuria Romeral, Lluís Motes; y la que fuera consellera y portavoz del Gobierno autonómico Lola Johnson. La coalición reclamaba que se les responsabilizara personalmente del quebranto económico que habían producido, considerando esa deuda pública como ilegítima. Así, apuntó a los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos.
Según la denuncia, ese "agujero" económico consistía en que RTVV, ante los "excesos" presupuestarios generados cada ejercicio por las contrataciones irregulares o injustificadas que realizaba, asumía ese déficit como pérdidas y acometía una ampliación de capital que, a su vez, asumía la Generalitat. Compromís pretendía, de esta manera, que se investigara quiénes eran los beneficiarios de esas contrataciones. Posteriormente, se adhirió en la causa como acusación la Confederación General del Trabajo (CGT).
La Fiscalía (en concreto el fiscal Vicente Torres) abrió diligencias al apreciar indicios de delito y éstas terminaron en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Paterna, que inició una investigación y llamó a declarar en calidad de imputados a todos estos cargos. Entre otras consecuencias, esa decisión judicial conllevó la dimisión de Lola Johnson en virtud de la línea roja que en aquel momento aplicó el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra.
Un año después, la jueza decidió el sobreseimiento provisional de las actuaciones sobre Johnson, Romeral y Motes al no quedar suficientemente acreditada la comisión de ilícito penal por su parte. La investigación siguió entonces adelante respecto a López Jaraba y el exdirector de Canal 9 Luis Redondo. El archivo para este último llegó en 2017 por los mismos motivos.
Con el avance de las investigaciones, la parte relativa al supuesto agujero de los 1.600 millones no prosperó y únicamente se mantuvieron las sospechas sobre Jaraba por supuestas irregularidades en un contrato firmado con una productora de José Luis Moreno, Alba Adriática, para la serie 'Planta 25'. Un informe pericial señaló que se habían producido sobrecostes de alrededor de 1,4 millones en la contratación.
El juzgado dictó la apertura de juicio oral en 2019. Según el auto de procedimiento abreviado, tras el reconocimiento de deuda con RTVV efectuado por la productora de José Luís Moreno, se firmó un nuevo contrato que no se ajustó a la normativa y que era por un precio muy inferior a la deuda contraída. Lo que consideró "una producción ficticiamente sobrevalorada".
Sin embargo, la posición de la Fiscalía cambió tras la marcha de Torres al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y el nuevo representante del Ministerio Público pidió tanto el sobreseimiento como la absolución en el juicio para Jaraba al no hallar indicios suficientes en la comisión de los delitos.
En julio de 2020 se celebró la vista con Compromís, la Generalitat y CGT como acusaciones. Poco después, la Audiencia de Valencia dictó sentencia absolutoria. Los magistrados señalaron que, tras valorar todas las pruebas practicadas, se llegaba a la conclusión de que Jaraba firmó el contrato previa redacción de los servicios técnicos y supervisado por los órganos que tenían asumidas las competencias de control conforme a la legalidad de su contenido, sin quedar en modo alguno probado que tuviera relación alguna con la productora de José Luis Moreno. Los magistrados hicieron también suyos los argumentos del perito de la defensa, ejercida por el letrado David González Wonham.
Compromís desistió en ese momento y optó por no presentar recurso contra esa resolución. Sin embargo, la Generalitat sí lo hizo pese a que inicialmente la Abogacía se mostró reticente ante lo que parecía una evidencia del complicado recorrido judicial que podía tener. También CGT.
El Tribunal Supremo los ha rechazado en lo que supone una confirmación de la absolución de Jaraba que pone fin al caso. En su sentencia, considera, entre otros argumentos, que la Audiencia Provincial ha ofrecido una fundada respuesta a la pretensión condenatoria formulada por la acusación, "aunque contraria a sus intereses", sin que se advierta una errónea valoración de las pruebas. Además, señala que no cabe tildar de arbitraria o simulada la argumentación del tribunal de instancia, aunque sean apreciaciones totalmente divergentes con las de la acusación, ya que son fruto de la inmediación del tribunal, que no pueden ser modificadas a través del recurso de casación de una sentencia absolutoria, y que cumplen el canon mínimo exigible conforme a la jurisprudencia del tribunal.
El Supremo impone costas a la Generalitat que se estiman en decenas de miles de euros. Cantidad que se suma a otras de este tipo por acusaciones que han acabado en nada, como ocurrió con el caso Valmor.