Ramiro Rivera y Antonio Mas, a la izquierda.VALÈNCIA. El tridente conformado por el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar; el máximo responsable de Divalterra, el diputado socialista Ramiro Rivera; y el jefe jurídico y de riesgos penales, José Luis Vera, se ha salido con la suya en la destitución del gerente de la empresa pública, Antonio Mas. Después de los recientes cambios y movimientos, el Consejo de Administración de la firma, ya con una mayor probabilidad de la mayoría a su favor, ha aprobado este viernes el cese tal y como era su intención.
En una reunión que ha durado más de seis horas, no ha ocurrido lo mismo con los informes de Vera en los que pedía la anulación del proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos, Eugenia Fernández, y su despido. Las propuestas del director de riesgos penales, avaladas por los cargos socialistas, han sido tumbadas por la gran mayoría de los consejeros hasta en tres ocasiones pese a que fueron el desencadenante de toda la crisis que estalló hace algunas semanas.
Como desveló Valencia Plaza, la polémica vino dada cuando, después de que el tribunal encargado del citado proceso eligiera a la ganadora, el presidente de Divalterra ordenó que se suspendiera su contratación en enero debido a la presentación de un recurso por parte del aspirante que quedó en segundo lugar, José Fambuena. El gerente desobedeció al entender que se había hecho todo correctamente, de manera que la vencedora se incorporó a su puesto, donde se encuentra desde el pasado 18 de enero. Lo siguiente pasó a ser una guerra total a nivel interno, donde predomina la alta tensión –la cual se ha vuelto a evidenciar hoy en el Consejo–, la persecución a los cargos por supuestas filtraciones a este periódico y los diferentes posicionamientos sobre lo ocurrido.
De un lado, junto a Rivera y Fambuena se sitúa Vera, quien elaboró los mencionados informes en los que concluía que había que anular todo el proceso siete meses después de su inicio y la contratación de la jefa de RRHH por más de una decena de irregularidades. Estos documentos tenían que votarse en el anterior Consejo de Administración, pero se acabó aplazando el pronunciamiento ante una total falta de acuerdo –no quedaban claros los equilibrios a favor de las tesis de Vera– y ciertas tensiones. A lo que luego se sumaron diversas dimisiones de consejeros. De hecho, los nuevos nombramientos de los representantes ya comenzaron con polémica puesto que, además de los de los grupos políticos, se votaron los "técnicos" propuestos por el presidente de la Diputación. Aunque todos ellos son funcionarios, sus vinculaciones también son políticas debido a que han ocupado cargos con PSPV y Compromís, lo cual pretendía facilitar esa mayoría deseada dentro del Consejo. En el de este viernes, y pese varios intentos de que salieran adelante, finalmente se han rechazado las pretensiones de Vera después de horas de debate, según confirman fuentes de la Diputación.
Lo que sí han logrado con cinco de los nueve votos a favor de los consejeros es el cese del gerente, sobre quien Vera señalaba que incurrió en "fraude de ley" al firmar la contratación de la nueva jefa de RRHH pese a no tener facultades para ello.
Mientras, en el otro lado de la polémica durante estos meses se ha situado el tribunal del proceso –que se ratificó en su decisión–, pero también la Agencia Antifraude, donde varios miembros del órgano interpusieron denuncias. La entidad otorgó la protección a los denunciantes, abrió una investigación al respecto y apoyó su decisión con un informe en el que concluía que la selección se realizó de forma transparente, correcta y que el recurso del aspirante no podía ser ni siquiera aceptado. Además, el responsable de la Inspección General de Servicios de la Generalitat lo avaló e indicó que el proceso había sido sólido, garantista, correcto y motivado en las decisiones.
