Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda acelera los trabajos para dejar atada la segunda edición del concurso para la cesión de suelo público a promotores privados para la construcción de alquiler asequible. A solo un mes de la convocatoria electoral, el departamento que dirige Héctor Illueca busca acabar la legislatura con el plan cerrado, con la inversión comprometida y los suelos escogidos. Y más teniendo en cuenta que esta iniciativa cuenta con el respaldo de los fondos europeos que exigen unos plazos de ejecución concretos para que los desarrollos estén culminados en 2026.
Así, en estas últimas semanas se ha trabajado a contrarreloj para trazar la nueva convocatoria, que encara su recta final. Ya se han escogido seis solares: dos en València, otros dos en Sagunt y los otros dos en Xàbia con una inversión total de cerca de 23 millones de euros y que permitirán la construcción de 439 nuevas viviendas en régimen de alquiler asequible. La idea era sumar más municipios y llegar hasta los 900 inmuebles, pero finalmente no ha sido posible.
De nuevo, y como en el primer concurso, el plan contará con otros 54 millones del Gobierno de la segunda anualidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en materia de promoción pública de vivienda. Por ahora, la Generalitat tiene comprometido 23 millones para este plan y otros 9,7 millones para acometer las obras de rehabilitación de la Torre de Sociópolis y los tres proyectos pilotos de promoción pública innovadora, que ha lanzado la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha).
El resto del montante se está definiendo su destino final, pero Vivienda quiere ir haciendo camino y elevar al Ministerio su propuesta para que libere los fondos para este plan con el objetivo de dejarlo configurado y únicamente pendiente de licitar antes de las elecciones de mayo. La intención de la Administración Valenciana es cumplir con el objetivo de Bruselas de construir en España unas 20.000 nuevas viviendas, de las que 2.200 deben estar en la Comunitat Valenciana.
En concreto, el concurso contempla la cesión del derecho de superficie de parcelas públicas a los promotores durante un periodo de tiempo determinado. De esta forma, las empresas construyen los edificios y los explotan durante ese tiempo en régimen de alquiler asequible. Una vez finalizado el plazo, los inmuebles pasan a ser gestionados por la Administración Valenciana, que en todo momento es el titular de las viviendas.
En el primero, se sacaron tres lotes con 17 parcelas propiedad de la EVha, una licitación a la que se presentó únicamente la UTE formada por la firma de desarrollo, inversión y gestión de proyectos inmobiliarios Urbania junto a la promotora Visoren, especializada en VPO y residencias de estudiantes. Todavía está pendiente la adjudicación, un trámite que desde la Conselleria aseguran que se cerrará en las próximas semanas.
Sin embargo, en esta ocasión se ha optado por escoger terrenos municipales ubicados en zonas con necesidad de vivienda. Para ello, Vivienda remitió una carta a los ayuntamientos valencianos pidiendo colaboración y una decena de municipios ofrecieron terrenos en diferentes puntos de la geografía valenciana. Y, tras una criba, finalmente se han seleccionado seis en función de su viabilidad, estado urbanístico y la emergencia habitacional en cada localización.
En concreto, los solares en València se ubican en Malilla y en ellos se podrán construir 78 viviendas en cada uno; los de Sagunt están en la zona de Fusión y tienen superficie para 138 y 145 inmuebles, mientras que los dos en Xàbia están en el Pou del Moro y en ellos se podrán levantar 22 y 42 viviendas.
De nuevo, con los fondos europeos se subvencionará parte de la promoción de los inmuebles. En el actual concurso se fijó una ayuda de 700 euros por metro cuadrado, con un máximo de hasta 50.000 euros por vivienda, y, según fuentes de Conselleria, esas cantidades previsiblemente se conservarán.
Como también lo harán, a priori, los precios máximos establecidos en 7,5 euros por metro cuadrado útil al mes y de 4,5 euros por metro cuadrado útil al mes la plaza de garaje, de trastero o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda. También, los beneficiarios no podrán superar en 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), unos 2.605 euros mensuales.
Además, el periodo de explotación y gestión de los inmuebles por parte de los agentes privados se volverá a fijar en un máximo de 75 años para garantizar la viabilidad de los proyectos.
Ahora, en las semanas que quedan antes de la convocatoria electoral, la Conselleria remitirá su propuesta al departamento que dirige Raquel Sánchez para poder firmar el acuerdo bilateral con el Gobierno y contar con los fondos para subvencionar la promoción de los inmuebles. El tiempo apremia, pero ese es su objetivo para que, gobierne quien gobierne, el concurso esté listo y únicamente quede pendiente su licitación, señalan desde Vivienda.
