El desfibrilador averiado, un nuevo borrón en la gestión de Bravo al frente de Justicia

VALÈNCIA. El incidente del desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de València, que no funcionó el pasado jueves cuando tuvo que emplearse para asistir a un hombre infartado, que acabó falleciendo, y el hecho de que la Conselleria había sido advertida en 2018 de que no funcionaba -como ha venido informado Valencia Plaza en exclusiva desde el sábado-, supone un nuevo borrón en la gestión de Gabriela Bravo en la Conselleria de Justicia. 

La Conselleria, que abrió una investigación tras el fallecimiento del hombre de 54 años, vecino de Puerto de Sagunto, ha guardado silencio sobre las informaciones de este periódico que revelaron que en mayo de 2018 fue informada de que el desfibrilador no funcionaba y de que el material médico necesario para su uso incluido en el equipo estaba caducado. Tras la petición de explicaciones por parte del PP y de los sindicatos, se espera que este lunes aclaren por qué no se reparó o sustituyó el único desfibrilador que había en el complejo judicial valenciano.

Los cuatro años de Gabriela Bravo al frente de la Conselleria han dejado un reguero de incidentes, entre los que destaca el grave incendio de hace dos años en la Ciudad de la Justicia de València. Un incidente que ocurrió un domingo, que obligó a cerrar el complejo dos semanas -cuatro juzgados más afectados aún tardaron más- y que supuso un coste económico de 2,7 millones a cargo de la Generalitat, pues no tenía seguro. En aquella ocasión, Bravo reabrió el edificio el miércoles pero los servicios médicos tuvieron que atender a 35 funcionarios por problemas en los ojos y la garganta, por lo que la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, suspendió toda actividad judicial. La empresa de seguridad, Clece, afirmó que las alarmas no habían funcionado, pero Bravo aseguró que sí, según corroboró la Guardia Civil.

Tras ese incidente, Bravo anunció un plan de seguridad y autoprotección para todos los 44 edificios judiciales de la Comunitat, un plan que en el caso de la Ciudad de la Justicia de València continúa teniendo deficiencias, como la falta de seguridad en los ascensores denunciada en este periódico el pasado mes de junio o la falta de mantenimiento del desfibrilador.

La reforma del TSJCV

La rehabilitación del edificio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tampoco ha estado exenta de polémica. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimó parcialmente el recurso interpuesto por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) contra el encargo efectuado el 5 de diciembre de 2018 por la Conselleria de Justicia a favor de la empresa Tragsa para la redacción de proyecto y ejecución de las obras.

La decisión se tomó después de que, el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), Francisco Zamora, acusara al Consell de haber "adjudicado a dedo la obra a Tragsa". Zamora lamentó que el Consell adjudicara "a dedo" la reforma de la sede del TSJCV a la empresa pública Tragsa por 25 millones "en lugar de favorecer al sector privado" porque "se pensó que no había empresas valencianas tanto técnicas como para la ejecución de la obra".

Esto supuso la paralización del proceso y un retraso de al menos seis meses en el inicio de la reforma, ya que la Generalitat debía sacar a concurso las obras.

El pasado verano, el TJSCV, donde trabajan 170 personas, se trasladó a una sede provisional en la calle Historiador Chabás, donde estará cinco años con un coste de alquiler de 25.000 euros mensuales el primer año y 30.000 el quinto. Para el acondicionamiento de la nueva sede, Justicia destinó 735.000 euros a mobiliario, incluidos 38.000 euros en banderas de España y fotografías del Rey.

El PP pide explicaciones también a Sanidad

Por otra parte, el PPCV volvió a cargar contra la consellera Bravo este domingo tras las nuevas revelaciones de Valencia Plaza sobre el material médico caducado. Los populares también solicitaron explicaciones a la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

El PPCV pidió a las conselleras que "den la cara" y "asuman responsabilidades políticas" por el fallecimiento de un hombre en la Ciudad de la Justicia de València el pasado jueves tras sufrir una parada cardiorrespiratoria y el fallo del desfibrilador de las dependencias judiciales.

El vicesecretario regional del PPCV, José Juan Zaplana, anunció, además, que su grupo parlamentario ha presentado una iniciativa para conocer el estado de los desfibriladores que hay en los centros públicos de toda la Comunitat Valenciana, para que "no tener que lamentar nuevas tragedias", explicó en un comunicado.