El Gobierno responde a Bruselas que el Consorcio no es una empresa al uso para evitar una multa por ayuda ilegal

VALÈNCIA. El Consorcio València 2007 no tiene una finalidad mercantil y, por lo tanto, no ha lugar a considerar que se ha beneficiado de ayudas de Estado. Este es uno de los principales argumentos que el Gobierno central, a través de la Abogacía General del Estado, está esgrimiendo ante la Comisión Europea (CE) para forzar el archivo de la investigación abierta contra España por presunta ayuda ilegal en el crédito que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) dio para pagar las infraestructuras de la America's Cup de vela.

Tal y como adelantó Valencia Plaza, la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea investiga si ese préstamo, de 319 millones de euros, propicia una situación de competencia desleal hacia otros puertos deportivos con los que la Marina de València compite actualmente en la comercialización de amarres. En su última petición de aclaraciones al respecto, que data del pasado 31 de julio, Bruselas considera que el Consorcio València desarrolla una "actividad comercial que está supeditada a las normas sobre ayudas estatales".

El expediente se abrió a principios de 2017 y, desde entonces, la Comisión ha efectuado varias peticiones de información la Administración General del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València, las tres partes que forman el Consorcio València. Sin embargo, Bruselas considera que los argumentos recibidos hasta ahora le impiden pronunciarse sobre el fondo del asunto y exige nuevas explicaciones respecto a la situación financiera del Consorcio, cuya deuda supera los 426 millones de euros, o los servicios que actualmente presta al mercado la Marina de València, entre otros temas.

Aunque las tres administraciones crearon este ente para gestionar la candidatura y organizar la 32º America's Cup de vela, posteriormente se decidió no disolver el Consorcio y mantenerlo vivo para explotar las infraestructuras asociadas a la competición y destinar los ingresos a pagar el crédito del ICO. Sin embargo, el ente no ha logrado el retorno suficiente para afrontar la deuda y ha seguido recibiendo aportaciones de dinero público para mantenerse, una situación que la Comisión Europea no ha pasado por alto.

De hecho, las autoridades comunitarias de Competencia resaltan que el Consorcio sigue a día de hoy "registrando pérdidas y recibiendo ayuda ilegal a través de aportaciones de capital en curso".

Fuentes del Ministerio de Hacienda informaron a este periódico de que, recibida la nueva solicitud de la CE pidiendo información adicional sobre requerimientos anteriores en los que ya se entregó documentación –la última de ellas en noviembre– el Gobierno central "está recabando la documentación para remitirla dentro del plazo", fijado en 30 días.

En la documentación aportada hasta el momento, la Administración General del Estado defiende la legalidad del crédito concedido al Consorcio, que no tendría la consideración de ayuda porque se otorgó "en condiciones de mercado".

Para ello, el Estado ya ha puesto sobre la mesa informes tanto del propio ICO, que sostiene que el crédito concedido es compatible con la normativa comunitaria, como de Puertos del Estado, que es el ente que autorizó la concesión demanial a favor del Consorcio para que pudiera ocupar y explotar las zonas del Puerto de València vinculadas a la competición de vela y explotarlas para usos náuticos y deportivos.

En este informe, al que ha tenido acceso este periódico, Puertos del Estado argumenta que aunque el Consorcio València desarrolle una actividad mercantil durante un dilatado periodo de tiempo –la explotación comercial de las instalaciones de la America's Cup, "sus fines no son estrictamente mercantiles". Además destaca que, en su condición de corporación de derecho público, su situación no es "objetivamente comparable respecto de las sociedades mercantiles" que prestan servicios náuticos comerciales a embarcaciones deportivas

Para ello, se apoya a su vez en un informe de la Abogacía General del Estado en el que se consideró que los fines del Consocio València 2007 "quedan enmarcados dentro del objetivo global de autofinanciación, propiciada por la consecución de una rentabilidad suficiente que le permita el retorno o reintegro del préstamo" del ICO que sirvió para realizar las obras necesarias para que la ciudad pudiera optar a acoger la competición.

"El destino de la explotación de las instalaciones de la marina deportiva no va dirigido a la obtención de un lucro que quede definitivamente en el patrimonio del Consorcio, sino a la obtención de los fondos necesarios para amortizar los créditos otorgados por el ICO", insiste el informe.

La deuda del Consorcio asciende ya a 426 millones de euros y aumenta por recargos e intereses al no poder devolver el crédito

En conjunto, la deuda del Consorcio asciende ya a 426 millones de euros y aumenta a razón de 8 millones de euros anuales sin que las administraciones consorciadas se pongan de acuerdo sobre la solución, ya que la entidad no puede generar recursos suficientes para afrontar el crédito.

Ahí están incluidos los 320 millones del préstamo del ICO, que están avalados por el Ministerio de Hacienda, y otros 67 millones que se le debían a Banco Santander por una línea de crédito de 9 millones más derivado financiero de cobertura que el Consorcio tuvo que contratar para que el ICO financiara las obras.

Esta segunda deuda, que no cuenta con el aval del Estado, acaba de ser cedida al fondo oportunista TCA ECDF Investments (Taconic, que amenaza con abrir un litigio en Reino Unido por el impago de esta deuda. El Consorcio ya tiene embargados los alquileres de algunos espacios como el Veles e Vents o las bases que ocupa Lanzadera por una reclamación presentada con anterioridad por el Santander.

Tal y como destaca la auditoría de las cuentas del Consorcio correspondiente a 2016, el ente "continúa con la disminución sostenida de su patrimonio neto, con unos fondos propios negativos de 285,3 millones de euros" y se mantiene gracias a las inyecciones de fondos de los entes consorciados.

Rentabilidad social

En su respuesta a la Comisión Europea, Puertos del Estado destaca que la inversión para financiar la America's Cup, evento calificado como de "excepcional interés público", solo pudo ser asumida mediante el compromiso de las administraciones públicas "sin que pueda hablarse de un proyecto rentable en términos económicos sino sociales".

Al respecto, recuerda que el Consorcio no solo explota la marina deportiva y de los edificios construidos con motivo de la competición, sino que también gestiona los terrenos destinados a espacio libre de uso ciudadano "que no son susceptibles de rentabilidad económica".

Respecto a los beneficios fiscales de los que disfruta el Consorcio como entidad "sin fines lucrativos", Puertos del Estado señala que tienen carácter "temporal", ya que se extinguirían en el caso de que el Consorcio siguiera explotando la Marina una vez cumplido el objetivo de la devolución del crédito.

Estos beneficios fiscales son uno de los argumentos que utilizan los denunciantes para sostener su acusación de ayudas ilegales de Estado al Consorcio. En concreto, la Marina disfruta de una bonificación del 50% de la cuota por tasa de ocupación, mientras que está exenta del pago de la tasa de actividad.

El informe de Puertos del Estado trata de desmontar este argumento explicando que el Puerto de València y los puertos deportivos que han presentado la denuncia ante Bruselas gozan de regímenes fiscales diferentes y, por lo tanto, no comparables. El motivo es que, mientras los puertos de València, Sagunto y Gandia son recintos de interés general cuyo titular es el Estado, el resto de puertos y dársenas náutico-deportivas de la provincia se regulan por la Ley de Puertos de la Generalitat.