Vista actual del circuito urbano. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Pocos defensores quedan ya del gran proyecto de la Formula 1 en València. Los hubo —y muchos— en los ámbitos deportivo y publicitario. La ciudad se convirtió en el epicentro mundial del motor aquellos cinco fines de semana de gran premio con el inherente altavoz a nivel de imagen que ello supuso entre 2008 y 2012.
Pero todo lo demás fueron sombras, en particular el gasto público en el evento que no iba a costar ni un euro a los valencianos —Camps dixit— y los aspectos mercantil e inmobiliario.
Así lo han puesto de manifiesto en las últimas semanas tres novedades respecto a este evento: la más reciente, el precio al que se están malvendiendo los solares del otrora codiciado PAI del Grao, en el que se integra parte del abandonado circuito urbano; las otras dos, dos informes sobre actuaciones ilegales por parte del Consell de Camps, uno de la Intervención General autonómica sobre el polémico aval de la Generalitat a Valmor Sports y otro de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que considera "nulo" el contrato por el que se encargó la organización de los grandes premios de Fórmula 1 a la empresa privada Valmor Sports. .
La historia de las parcelas cuenta con todos los vicios en los que incurrió el sector promotor durante el boom inmobiliario, agravados por el declive del circuito en torno al que giraba el proyecto. En plena euforia del motor la ciudad decidió proyectar en los cientos de miles de metros cuadrados del lugar un lujoso proyecto a la altura de la extravagancia urbanística de otros circuitos del planeta.
Foto: KIKE TABERNERLa idea era salpicar el trazado con enormes edificios, tomar el recorrido deportivo como la retorcida arteria de la urbanización y levantar miles de viviendas de primer nivel en torno a ella. Tal era el éxito esperado que se estableció que el futuro promotor de esta iniciativa correría a cargo de los 40 millones de la construcción del circuito en esa área. Unas migajas —se pensaba entonces— comparado con el dinero que movería el proyecto.
Al proyecto no le faltaron novias. La administración se frotaba las manos con las expectativas del suelo público, y las parcelas privadas se revalorizaban cada día. En este contexto vio la luz la sociedad Acinelav Inversiones 2006, una promotora impulsada por Bancaja Habitat (después Bankia), Pavasal, Construcciones Valencia Constitución, Kiraly Desarrollos Inmobiliarios (participada por Gesfesa) y el constructor Salvador Vila, según recoge el Registro Mercantil. Tal alianza se hizo con más de un tercio del suelo, valorado en su momento en 319,9 millones de euros, según sus cuentas.
Pero todo se fue al traste. Tras la victoria de Fernando Alonso en 2012 la maltrecha Generalitat de Alberto Fabra renunció a mantener el gran premio. Fue la puntilla a un proyecto que la mera situación económica ya había complicado muchísimo. Acinelav entró en concurso de acreedores. La participación de Bankia acabó en manos del 'banco malo' —Sareb— con la reestructuración bancaria; y la del resto, controlada por la banca acreedora tras ser declarada su insolvencia en 2011.
En el marco del proceso está teniendo lugar en estos momentos una venta directa de activos por parte de la administración concursal, y las pujas realizadas por los interesados por los alrededor de 300.000 son el mejor termómetro del declive del proyecto urbanístico. Como reveló Valencia Plaza, la más alta habría superado los 40 millones de euros, seguida de varias situadas en los alrededor de 30 millones, muy lejos de los importes en los que llegó a valorarse el espacio. Para colmo, ni siquiera se tiene la certeza de que el principal ofertante vaya a aportar finalmente esa cantidad. La puja podría saltar a la segunda propuesta al no aportar la ganadora el aval necesario, según informan fuentes conocedoras del proceso.
Lo cierto es que el complejo escenario que se vislumbra para el espacio justifica su devaluación. Más allá de las complejidades que ya presentaba la zona de la Fórmula 1, el Ayuntamiento de Valencia ha manifestado su decisión de reordenar el planeamiento del PAI heredado del PP, tal y como informó este diario. Y cabe recalcar además que en el actual proyecto sigue establecido que los promotores que finalmente desarrollen el PAI deberían hacer frente a los 40 millones invertidos en la construcción del trazado.
El otro asunto que ha cobrado actualidad estos días es el mencionado informe pericial, a petición del juez que instruye el caso Valmor, elaborado por la Dirección General de Intervención de la Generalitat. El informe concluye que las obligaciones adquiridas en julio de 2011 por el Gobierno autonómico —la víspera de la dimisión de Francisco Camps— al firmar el contrato que le convirtió en avalista de la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en València carecieron de "cobertura legal", puesto que habrían requerido de una ley de las Corts Valencianes.
De acuerdo con este análisis, la actuación material de firma de contrato, de fecha 19 de julio, "careció de la decisión administrativa previa que sirviera de fundamento, de modo que se desarrolló sin ningún tipo de soporte, habilitación o cobertura jurídica necesaria".
El informe se ha incorporado a la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de València, que investiga presuntas irregularidades en relación con los premios de la F1 celebrados en València. La causa, declarada parcialmente secreta, figuran como investigados -imputados- el expresidente Camps, la exconsellera de Turismo Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar, socio y principal directivo de Valmor.
Pero las chapuzas mercantiles de Camps en relación con Valmor Sports no se circunscribieron al penúltimo día de su mandato, sino que estuvieron en su origen, según otro informe desvelado en exclusiva por Valencia Plaza, en este caso de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El organismo estatal considera "nulo" el contrato por el que el Consell de Camps encargó la organización de los grandes premios a Valmor Sports.
El informe lo aportó la Generalitat como prueba en la demanda por 24 millones de euros que ha interpuesto ante el Tribunal de Cuentas contra las exconselleras de Turismo Lola Johnson y Trini Miró por la compra de Valmor Sports cuando la empresa estaba en quiebra.
Tras firmar con Bernie Ecclestone el acuerdo para celebrar en València un gran premio anual entre 2008 y 2014, la Generalitat encargó la organización a la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva (CMPD), que a su vez contrató para la organización a Valmor Sports, participada al 33% por Bancaja, Fernando Roig y una sociedad formada por Jorge Martínez Aspar y Vicente Cotino.
Según la Unidad de Apoyo de la IGAE a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, es este contrato firmado el 26 de marzo de 2008 el que es "nulo por infracción del artículo 1261.2º del Código Civil, por indeterminación de la contraprestación a cargo de Valmor Sports". De acuerdo con el contrato, Valmor se obligaba a abonar a CMPD una "contraprestación razonable y equitativa", sin que en el contrato se firmara el importe de la misma.
