VALÈNCIA. El urbanismo es ya un 'leit motiv' en las desavenencias entre los socios del Govern de la Nau -PSPV, Compromís y València en Comú, la marca de Podemos en el consistorio-. Y a juzgar por las diferencias manifestadas durante el mandato en esta cuestión, será más recurrente si cabe conforme se acerquen los comicios. Y lo que ocurrió este miércoles no fue otra cosa que la tónica: una nueva puesta en escena de la diferencia, en este caso sobre el PAI de Benimaclet.
Metrovacesa presentaba el proyecto consolidado el martes, después de haber incluido la mayor parte de las reivindicaciones vecinales en un profundo proceso participativo. Más de 1.300 viviendas -el 30% dedicada a Vivienda de Protección Oficial (VPO), parte de la cual se cederá al Ayuntamiento- en un sector de 269.775 metros cuadrados de superficie y hasta 250 millones de euros en inversiones.
Y todo convenció al alcalde. Todo excepto uno de los pilares fundamentales del proyecto: la edificabilidad. "Es el punto débil", incidió Joan Ribó, quien dijo alto y claro que, aunque "hay otras partes del proyecto estupendas", "a lo mejor deberá cambiar, revisar o analizar" la edificabilidad. El mismo motivo por el que la Asociación de Vecinos del barrio se opone oficialmente al plan.
Es la última exigencia que queda, después de la introducción de huertos urbanos, zonas verdes; la renuncia a conectar la Avenida Valladolid con la Ronda Norte para mantener la tranquilidad en el barrio, así como la creación de un paso peatonal subterráneo para conectar la calle Murta con el cementerio, por debajo de la Ronda Norte.
También María Oliver, que encabeza ValC, secunda esta posición y cree que es una "necesidad" realizar la reducción o incluso la reversión del PAI, "todo o en parte". Desde la formación apuntan que "hay que escuchar la voz de los vecinos". La formación ya se ha reunido en varias ocasiones tanto con la Asociación de Vecinos como con la plataforma Cuidem Benimaclet, cuya propuesta es "edificabilidad 0".
El debate se generó en los medios de comunicación, y Oliver aseguró en un comunicado que "los gobiernos del cambio" deben "afrontar las revisiones de los planes urbanísticos hechos por el PP", dado que "nuestro modelo de crecimiento -dijo- se basa en otros valores". Y en ese sentido, Benimaclet es un ejemplo claro. "Siempre que se pueda empezar de cero en una planificación especulativa del PP, será bueno para la ciudad y para la gente", sentenció.
Como ha acostumbrado a suceder siempre que han aflorado roces, ambas críticas, de Compromís y de la formación morada, tuvieron su correspondiente réplica en el bando socialista, que controla el área de Urbanismo mediante el edil Vicent Sarrià. La portavoz del grupo municipal del PSPV Sandra Gómez salió al paso para criticar la actitud de sus dos socios de gobierno por su "incoherencia", arguyendo que tanto unos como otros apoyaron el proyecto elaborado por el vecindario, que ha sido ampliamente reproducido en el proyecto de la promotora, y que, huelga decir, ya incluía las 1.300 viviendas. Por ello, subrayó que el Ayuntamiento "debe garantizar que se ejecutan todas las dotaciones previstas" pero no "generar confusión".
Además, reducir la edificabilidad es una idea que rechazan a todas todas los propietarios y Metrovacesa. En la presentación del proyecto, el director de Suelo en Metrovacesa, Miguel Díaz, y la gerente de suelo de la firma en la Comunitat, Pilar Salvador, advirtieron que esto "comprometería la viabilidad económica del proyecto y los otros propietarios del suelo tampoco lo aceptarían". Y de exigir la reducción de edificabilidad, se tendría que compensar de alguna manera a los propietarios. Incluso podría llegar la sangre al río, a los tribunales, lo que retrasaría el proceso más tiempo, señalan fuentes municipales.
Defendieron los representantes de la promotora que la edificabilidad planteada para la ampliación de Benimaclet es la más baja de la ciudad: 0,60 metros cuadrado por metro cuadrado frente a los 0,78 de Malilla Norte, el 0,79 de Moreras o el 0,89 de Quatre Carreres. En concreto, según han indicado, la densidad se establece en 75 viviendas por hectárea pese a que se podría llegar a 100, y se reservan, en consecuencia, 404 viviendas -el 30%- para VPO.
El proyecto ha sido registrado en el consistorio, y a partir de este momento serán los servicios municipales los que se pondrán manos a la obra para hacer todos los estudios y comprobaciones indispensables. Pero las tres formaciones deberán llegar a un acuerdo antes de las votaciones en Pleno y Junta de Gobierno Local. Sin embargo, se trata de un proyecto de gran escala que, según señalan en Urbanismo, puede durar varios años.