El juez de la 'operación Taula' investiga si la cuenta del PP municipal era en B

VALENCIA. La trama por el presunto blanqueo de capitales dentro del Ayuntamiento de Valencia suma y sigue con las supuestas irregularidades cometidas en el seno del PP municipal. Tras apuntalar la procedencia ilícita de dinero a una de las cuentas del partido, tal y como publicó este jueves Valencia Plaza, ahora se suma la posibilidad de que dicha cuenta bancaria fuera una “cuenta en B”.

Al parecer, el dinero que entraba no estaba supervisado por ningún órgano tal y como establece la ley. Por ello el magistrado de la causa, a petición del fiscal Anticorrupción, ha enviado dos oficios. El primero al Tribunal de Cuentas, al que le pregunta si esa cuenta bancaria está o ha estado supervisada y auditada alguna vez por ellos.

El segundo ha sido enviado al órgano interventor del Consistorio para saber si la cuenta bancaria abierta a nombre del Grupo Popular “era una cuenta objeto de control o supervisión contable por el Ayuntamiento de Valencia”.

Según informaron fuentes de toda solvencia a este periódico la cajera del partido Mari Carmen García-Fuster presuntamente manejó miles de euros durante años fuera de las miradas ajenas. Así, se pudieron recaudar hasta 245.000 euros en cinco años de procedencia irregular que presuntamente sirvieron para pagar las campañas electorales del PP de Valencia.

El PP municipal tenía dos cuentas. Una presuntamente legal en la que los concejales hacía la aportación mensual al partido de 60,10 euros, y en la que se ingresaba el dinero que les correspondía como grupo y otra, la cuenta en B, en la que estaba el dinero que según ellos provenía de donantes anónimos. Unas donaciones que la cajera apuntaba como “CyA” en referencia a “cercanos y allegados”. Unas personas cercanas y allegadas pero que carecen de nombre y apellidos reales.

Más citaciones

Mientras llegan las pruebas solicitadas por el juzgado, la investigación por blanqueo sigue su curso. Este jueves el Tribunal Superior de Justicia informaba de que el magistrado ha enviado nuevas citaciones para el próximo viernes 22.

Ese día volverá a tomar declaración al concejal Cristóbal Grau y a tres trabajadores del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, investigados en la pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los tres investigados tendrán que comparecer ante el juez. Una de las investigadas, María José Pi, ya había sido citada para comparecer el pasado viernes, pero su declaración se dejó sin efecto a petición de su defensa. Pi trabajaba, codo con codo, con la cajera del PP en la sede del Grupo Municipal del PP de Valencia.

El día 22 también ha sido citado para declarar, en calidad de testigo, el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, marido de la exconcejal de Cultura, María José Alcón, imputada en la pieza del blanqueo y en la pieza principal por un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales.

La declaración de Grau se prevé tensa, ya que Mari Carmen García-Fuster presentó varios documentos que apuntan a Alfonso Grau como una de las personas que mejor conocía el entramado económico hasta su salida del consistorio en marzo de 2015.

En la pieza separada de blanqueo permanecen como imputadas 47 personas, todo el Grupo Municipal Popular, incluyendo a asesores, concejales y exconcejales, de la pasada legislatura. Todos menos cuatro asesores que están como testigos ya que se negaron a pagar los 1.000 euros que presuntamente la cajera les pedía para blanquear y que, más tarde, les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.