El juez pide un informe sobre la legalidad de la contratación de asesores en Imelsa

VALENCIA. La imputación por parte del magistrado de la Operación Taula de, entre otros, la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez, el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV, José Manuel Orengo o el diputado de Compromís Emili Altur dependerá de lo que diga un informe solicitado a la Inspección de Trabajo.

Tanto el juez como el fiscal Anticorrupción quieren saber, de forma oficial y más allá de las declaraciones realizadas por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, si las contrataciones de asesores por parte de los anteriormente mencionados fueron legales o si se hicieron por "enchufismo" como asevera Benavent.

las imputaciones judiciales de los miembros de la oposición de la Diputación dependen del resultado del informe

Para ello, han solicitado un informe a la Inspección de Trabajo que certifique qué tipo de contrataciones se pueden realizar dentro del marco de una empresa pública, como es el caso de Imelsa. Por tanto, las posibles imputaciones judiciales de los miembros de la oposición de la Diputación de Valencia quedarán en el aire a la espera del resultado del informe de la inspección. 

Todos ellos prestaron declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado mes de febrero pero, por el momento, ninguno ha sido imputado por el magistrado aunque, todos, mantienen la condición de investigados por la UCO.

El mayor caso de la historia

El conocido como Caso Imelsa ya es la mayor causa de corrupción de la historia de la Comunitat. Declarado secreto, por el momento, hasta el próximo 14 de marzo, hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública.

Entre dichos delitos se encuentran los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

En la pieza separada, con 49 personas imputadas (concejales, exediles, asesores y exasesores), se investigan las donaciones de 1.000 euros que efectuaron al partido para blanquear dinero. 

La causa, que se saldó con la detención a finales de enero de 24 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, consta de 15 tomos y 4.500 folios. La documentación incautada en los registros está clasificada en diez piezas documentales, integradas, cada una de ellas, por varios tomos según informó el gabinete de comunicación del TSJCV.