El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta (EFE/MANUEL BRUQUE)Hasta el miércoles se celebrarán tres sesiones de cuestiones previas y los acusados empezarán a declarar a partir del 16 de noviembre
VALENCIA (EP). La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia sienta en el banquillo a partir del lunes a 24 acusados en el caso Emarsa, en el que se juzga la acción de una supuesta trama corrupta para el saqueo de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo (Valencia).
Así, se prevén tres sesiones (lunes a miércoles) para cuestiones previas, de modo que las declaraciones de los acusados empezarán el 16 de noviembre, las de los testigos el 14 de diciembre, los peritos a partir del 10 de mayo y las conclusiones a partir del 18 de este mismo mes.
La instrucción de este caso ha determinado la existencia de una red de empresas que supuestamente, al menos entre 2004 y 2010, actuó para detraer más de veintitrés millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa).
En la pieza principal están imputados, entre otros, el expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, el gerente de la empresa de 2004 a 2010, Esteban Cuesta, y el director financiero de la empresa entre 1996 y 2010, Enrique Arnal.
También figuran el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar) dependiente de la Generalitat José Juan Morenilla, y el exjefe de departamento de Epsar Ignacio Bernácer.
Ejercerán la acusación popular la Generalitat Valenciana y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), mientras que el alcalde socialista de Albal (Valencia) y exdiputado provincial, Ramón Marí, ejerce la acción popular.
La Fiscalía ha pedido catorce años de prisión para Crespo, Bernácer y Morenilla, doce para Cuesta y penas que van desde los ocho a los dos años de prisión para el resto de los acusados.
En noviembre se cumplirá un año desde que el instructor del caso Emarsa y titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, decretase la apertura de juicio oral por los delitos de prevaricación, malversación, cohecho y falsedad documental para 24 acusados, aunque no remitió la causa a la Audiencia Provincial hasta el pasado mes de enero.
El juicio se abre cuando se cumplen cinco años desde el inicio de las primeras pesquisas, que ha dirigido en exclusiva el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.
La investigación se ha dividido en varias piezas, las más avanzadas relativas a supuestos delitos de blanqueo, por las que ya se ha condenado a María Águila Aladrén (excompañera sentimental del empresario Jorge Ignacio Roca, al que no se juzgará ahora por estar detenido en Moldavía) y a Carlos Crespo (hermano de Enrique), que fue condenado a dos años de prisión el pasado mes de junio.
El fiscal y varias de las partes reclamaron recientemente -sin éxito- la suspensión del juicio hasta que no se hiciese efectiva la extradición de Roca Samper, considerado uno de los cerebros de la trama -estuvo en busca y captura desde enero de 2012-, sobre el que pesa un delito de estafa en Moldavia, pendiente todavía de juicio.
La supuesta trama corrupta actuó en torno a dos grandes "negocios": el mantenimiento de la mayor depuradora de la Comunitat Valenciana y la gestión del material de deshecho, los lodos.
Las acusaciones creen que hubo un supuesto concierto entre Enrique Crespo (expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación), Esteban Cuesta (exgerente), Enrique Arnal (ex director financiero) y los ex altos cargos de la EPSAR José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer para fijar la financiación que la Generalitat debía aportar a Emarsa.
Supuestamente, las empresas interpuestas de varios acusados facturaron a Emarsa por obras y servicios inexistentes y repartieron dinero "líquido" entre los implicados.
Dos de los principales protagonistas de esta trama han reconocido su participación en la trama corrupta, se trata del exjefe de informática de Emarsa y administrador de varias empresas subcontratadas Sebastián García Martínez Chanin y el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta.
El negocio de los lodos, a juicio de las acusaciones, se construyó en torno a una estructura empresarial vinculada a Roca Samper, a través de la que se llegaron a facturar 45 euros por el tratamiento de cada tonelada de fango frente a los 18 euros en operaciones anteriores.
Algunos condenados disponen de patrimonio inmobiliario que será subastado para cubrir las responsabilidades civiles adeudadas
