El PP denuncia los contratos sin concurso de Grezzi con más conexiones entre las empresas implicadas

VALÈNCIA. La falta de concurrencia real en contratos menores del Ayuntamiento de València ya está en manos de la Agencia Valenciana Antifraude y la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat Valenciana. El Partido Popular ha presentado en las dos instancias sendas denuncias por la invitación de empresas vinculadas entre ellas a varios contratos 'a dedo' de la concejalía de Contaminación Acústica de València, que dirige el edil Giuseppe Grezzi.

El concejal adjudicó contratos menores a determinadas compañías tras un proceso de supuesta concurrencia en el que se invitaron a competir a empresas que mantenían vínculos de administradores, como publicó Valencia Plaza, y que estaban radicadas en el mismo parque tecnológico de Valladolid. Una práctica irregular que pudo vulnerar el principio de competencia y concurrencia pero que el consistorio achaca a una casualidad que se habría producido en, al menos, cuatro contratos sin concurso de este departamento, en los que se invitó a las mismas tres firmas.

Se trata de las mercantiles Centro Tecnológico Acústico (CTA), Audiotec Ingeniería Acústica y Dbelectronics, a las que la concejalía pidió ofertas presupuestarias para elegir la más ventajosa para el consistorio. Pero las tres, además de compartir ubicación geográfica, también 'comparten' a una directiva, que es apoderada y propietaria del 33% de CTA y, además, administradora única de las otras dos firmas de marras. Pero la denuncia del PP revela una nueva conexión: otro responsable que es al mismo tiempo director ejecutivo y propietario de otro tercio de la primera firma, así como dueño del 45% y el 50% de las otras dos, respectivamente.

Vínculos que, para los populares que encabeza María José Català, son indicios más que suficientes como para que se pudiera haber producido una "conducta colusoria". Lo que habría supuesto una vulneración directa, por tanto, del séptimo artículo de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia".

Por un lado, la concejalía asegura desconocer "si en la actualidad esas empresas están o no vinculadas entre sí". Pero aunque lo estén, señala el departamento de Grezzi que sería lícita su competencia: "La norma no prohíbe que se presenten empresas vinculadas entre sí".

Por contra, hay expertos del ramo que rechazan esta práctica, como el director del Observatorio de Contratación Pública Local de COSITAL -el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros-, José Manuel Martínez, que como contó este diario, publicó un artículo especializado donde explicaba que "las ofertas han de ser solicitadas a empresas con capacidad y solvencia adecuada para ejecutar el contrato, no estar incursas en prohibición para contratar y no deberían ser empresas vinculadas entre sí", precisamente para "evitar posibles prácticas colusorias" de la competencia.

Pero la supuesta casualidad en este caso se ha dado en, al menos, cuatro ocasiones. Y ante ello, la concejalía se defiende alegando que "en diversas situaciones, las empresas que pueden realizar un servicio determinado a veces son muy pocas". Lo cual justificaría la invitación reiterada de las mismas tres compañías, del mismo polígono de Valladolid y de los mismos dueños. 

Un argumento que rechazan de plano en las filas del PP, donde defienden que hay empresas de fuera del parque tecnológico de Valladolid -en València, por ejemplo- que pueden prestar estos servicios de estudios acústicos y que, además, no estén vinculadas societariamente.

Hay que recordar que, en otro caso similar, la Agencia Valenciana Antifraude ya advirtió al Ayuntamiento sobre los efectos perniciosos que esta práctica irregular podía alumbrar. Tras invitar a contratos de este estilo a profesionales que trabajaban en un mismo despacho, el organismo dejó claro que esta praxis "podría haber provocado una situación de concertación de precios y una conducta colusoria del mercado", y en definitiva, "haber comprometido la objetividad y la eficiencia en la asignación de recursos públicos".

Es más, la Agencia que dirige Joan Llinares llegó a forzar al Ayuntamiento a elaborar unas nuevas instrucciones internas de contratación dirigidas precisamente a evitar este tipo de casos. Unas instrucciones que la Vicesecretaría General del Ayuntamiento remitió a los servicios municipales el mismo día que se adjudicaron los últimos dos contratos de la concejalía de Grezzi, el 18 de noviembre.

En dichas instrucciones se especificaba precisamente un apartado dirigido a evitar ofertas presentadas por, literalmente, "personas o empresas vinculadas". Y ordena que en todos los contratos menores, el Ayuntamiento exija a las compañías o profesionales a los que se les pida presupuesto, la presentación de una declaración responsable donde dejen claro que "no han presentado ninguna otra oferta" con empresas vinculadas. Con el objetivo de que no se dé "ninguna conducta colusoria". Sobre ello, la concejalía insiste en que este requisito "hasta el momento no se exigía a nivel municipal", pero que "así se hará a partir de su entrada en vigor".