Puerto Mediterráneo, un proyecto en el aire con varios frentes abiertos

VALÈNCIA. El proyecto del megacentro comercial Puerto Mediterráneo sigue en el aire. Son varios los frentes que tiene abiertos tanto a nivel administrativo como de reestructuración del accionario que compone la sociedad que impulsó esta iniciativa. La parte judicial ya está despejada, después de que el Tribunal Supremo tumbara el recurso de la Generalitat Valenciana contra este proyecto, pero el camino todavía no está allanado. La quiebra hace un año de Intu, uno de los promotores del centro, así como la aprobación del plan del comercio Patsecova o la ampliación del Porn del Turia, dificultan su desarrollo.

Fue hace justo un año, en mayo de 2020, cuando la compañía británica de gestión y desarrollo de centros comerciales Intu Properties solicitaba el concurso de acreedores al no poder hacer frente a una deuda que superaba entonces los 5.000 millones de euros al cambio. Una situación que dejaba en el limbo Puerto Mediterráneo, al caer uno de sus impulsores. No obstante, el otro socio, el grupo español Eurofund Investment, aseguraba que seguía adelante con sus planes y ya buscaba nuevos inversores.

Y es que, aunque Eurofund también barajó la posibilidad de comprarle a Intu su parte en Puerto Mediterráneo, como hizo con el centro comercial que ambas compañías desarrollaban en Torremolinos, finalmente esa opción se ha descartado y la estrategia a seguir es encontrar nuevos partners en joint venture para el desarrollo del complejo comercial en el municipio valenciano.

Sin embargo, la crisis sanitaria y el duro golpe que ha supuesto para la mayoría de sectores, pero especialmente para el comercio, ha postergado la toma de decisiones. Las restricciones de aforo y de movilidad entre autonomías, sumado a la incertidumbre económica, dejaban en stand by cualquier avance en la operación. La incerteza sobre la evolución de la pandemia y sobre el regreso a la 'normalidad' no ha favorecido el avance en este sentido. De hecho, en muchos sectores las inversiones se han frenado a la espera de mayores certezas. 

No obstante, desde el grupo español aseguran que su interés es "seguir avanzando en el marco del desarrollo y ejecución del expediente de la ATE y, por tanto, en el proyecto", especialmente ahora que el litigio judicial se ha desenredado, al darles el Tribunal Supremo la razón y considerar que la memoria ambiental desfavorable del Gobierno valenciano era insuficiente. Confían, además, en que el ritmo de vacunación y la finalización del estado de alarma reactive la coyuntura económica, favoreciendo las negociaciones para encontrar nuevos socios inversores. 

Recursos contra los planes del Consell

Pero, además del embrollo empresarial, Puerto Mediterráneo se enfrenta a dos posibles impedimentos administrativos. El primero es el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), que entrará en vigor el 1 de septiembre, y que impide la creación de grandes establecimientos que "superen los 120.000 metros cuadrados de superficie destinada a uso terciario comercial". Un apartado que prohibiría la implantación en Paterna del macrocentro comercial. Eurofund presentó un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) contra la norma.

No es el único recurso que han presentado. También lo han hecho contra la ampliación del PORN del Turia (ampliación del Parque Natural del Turia), que califica de terreno protegido el suelo sobre el que se ha proyectado la construcción. Para los empresarios, este plan tiene como fin torpedear el desarrollo porque, a su juicio, esos suelos "carecen de valor ambiental" y su protección "solo puede obedecer a intereses políticos". "No hay nada que preservar", aseguran.

En concreto, la zona donde se ha proyectado el complejo de ocio ha sido considerada como zona de interfase. Esto es, áreas que requieren conservación por su alto valor natural, paisajístico y cultural, aunque compatibles con otras actividades como la agricultura, ganadería, usos públicos o forestales. Sin embargo, en esta definición difícilmente encajaría el proyecto.

Los promotores avisan: habrá nuevas acciones legales si impiden el proyecto

Por otro lado, este lunes se conocía el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a la indemnización de casi 300 millones de euros que la mercantil exigía a la Generalitat Valenciana por frenar la iniciativa en 2016, un año después de que fuera validado. A su juicio, se había producido "un funcionamiento anormal e irregular de los servicios públicos por dilaciones e irregularidades injustificadas y por la adopción de resoluciones contrarias a derecho". 

No obstante, los magistrados consideran que no quedaba "acreditado que los daños y perjuicios que manifiesta la mercantil haber sufrido (por daño emergente y por lucro cesante), sean consecuencia de la actuación global administrativa por cuanto la ATE va a continuar con su tramitación, conforme a lo resuelto por esta Sala".

Un rechazo que no sorprendía a los promotores que, en un comunicado, aseguraban que esperaban la resolución "más o menos" en estos términos. Afirman que la indemnización se enmarcó en la denegación acordada por la Conselleria en aquel momento "y, por consiguiente, la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto". Ahora que la propia sentencia recuerda que la ATE va a continuar, esperan poder seguir avanzando.

En caso contrario, avisan de que se reservan "cuantas acciones legales correspondan" en caso de que concurran "circunstancias imputables a la propia administración de la Generalitat" que impidan, dificulten y perjudiquen la aprobación de la ATE. Causas como, entre otras, la aprobación del Patsecova y la modificación del PORN del Turia. Mientras tanto, deberán conseguir nuevos socios. El tiempo despejará estas incógnitas que se ciernen sobre el proyecto.