Intu recurrirá la ampliación del PORN del Turia que afecta a sus terrenos

VALÈNCIA. Una nueva ficha se ha movido en el tablero del proyecto de Intu Mediterrani. El megacentro comercial proyectado a las afueras de Paterna lleva años provocando el choque frontal entre sus promotores y las administraciones públicas valencianas: unos lo quieren y otros no. Entre las muchas idas y venidas figuran pleitos judiciales, informes desfavorables, y diversas maniobras para intentar frenar su construcción. El último epígrafe se ha escrito esta misma semana, con la salida a exposición pública del informe sobre la ampliación del Parque Natural del Turia, más conocido como PORN del Turia, que califica de terreno protegido el suelo sobre el que se ha proyectado la construcción del espacio de ocio. 

Una medida contra la que, en caso de salir adelante, los promotores de la iniciativa, la joint venture entre el grupo español Eurofund y la compañía británica Intu, van a dar batalla. Ambas compañías constituyeron la sociedad Intu Eurofund Valencia para formalizar la propuesta en Paterna. Y ahora, aunque el grupo Intu haya entrado en concurso de acreedores, su socio español Eurofund Investment no va a renunciar a mantener vivo un proyecto en el que lleva trabajando desde el año 2013, cuando gobernaba el popular Alberto Fabra, y que le ha llevado ante los tribunales en distintas ocasiones por discrepancias con el Consell del Botànic. Mientras se resuelve su compleja situación empresarial, Intu Eurofund Valencia, la sociedad que se constituyó para promover el centro comercial, sigue adelante con sus planes. Así, ante la posibilidad de veto por la ampliación del parque natural, la compañía presidida por Ian Sandford ha decidido que presentará nuevamente alegaciones. 

Y es que el movimiento protagonizado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica supone el blindaje ambiental del terreno de Les Moles, que funcionaría como una especie de corredor intermedio entre lo que es verdaderamente el entorno del Turia y las áreas metropolitanas colindantes. Así, la conocida como zona de interfase engloba áreas que necesitan conservación por su alto valor natural, paisajístico y cultural, siendo compatible su uso humano con todas estas cuestiones. Aunque dicho uso humano está específicamente definido en el documento como actividades que se muestren en sintonía con la naturaleza y no interfieran con el paisaje: agricultura, ganadería, usos públicos o forestales. Un gran complejo comercial difícilmente encajaría aquí.

Esta maniobra ya se intentó poner en marcha por primera vez en el año 2018, cuando el órgano autonómico presentó su primera versión del documento. Sin embargo, este recibió alegaciones por parte del Ayuntamiento de Paterna, que por aquel entonces se mostraba especialmente interesado en el proyecto, y de la propia Intu, que consideraba que la propuesta de modificación del PORN "formaba parte de una espiral de decisiones políticas clamorosamente viciadas de arbitrariedad, que se sirven ilegalmente de las potestades administrativas para llevar adelante la oposición ideológica al proyecto".

En una de sus alegaciones, la firma ponía de manifiesto que "el verdadero carácter de la propuesta de modificación del PORN es la desviación de poder". "Responde al interés reconocido de hacer fracasar Intu por parte de determinada adscripción política que no cuenta con atribuciones en materia de ordenación del territorio pero aprovecha sus ámbitos competenciales para adoptar decisiones que impidan el proyecto", denunciaban e insistía en que "el suelo de Intu Mediterrani está fuera de cualquier posible afección al parque natural y carece de interés ecológico, tal como han concluido los numerosos informes emitidos por los órganos competentes, tanto de la Administración de la Generalitat y la Administración General del Estado, como del Ayuntamiento de Paterna".

Pero la Conselleria que dirige Mireia Mollà no piensa así. De hecho, considera que el terreno de Les Moles sí que aporta valor ambiental al entorno y debe ser protegido. De este modo, ha desestimado las principales demandas que presentaron los interesados hace dos años, y sigue adelante con sus intenciones de amparar este terreno bajo la máxima figura de protección que existe: el parque natural. Aun así, Paula Tuzón, secretaria autonómica de Transición Ecológica, niega que el PORN tenga nada que ver con Puerto Mediterráneo: "La consideración de ampliar el entorno protegido del Turia existía mucho antes de que ellos presentasen su proyecto. Cuando se ideó por primera vez el parque natural, no se hizo de la manera correcta porque tan solo se protegieron las zonas más cercanas al conjunto fluvial, pero todos estos entornos deben contar también con fases intermedias", asegura. Y precisamente ese es el objetivo del nuevo plan: dotar al Turia de esa zona de transición, aunque esto suponga toparse con Puerto Mediterráneo. 

La nueva consideración de parque natural supone un escollo de grandes dimensiones para la promotora, ya que la construcción en un terreno de estas características presenta un sinfín de concreciones y especificidades. Aun así, Tuzón matiza que, aunque la protección extrema del suelo dificultaría enormemente el levantamiento del complejo, no se lo impide del todo: "Si presentasen un proyecto adaptado a las necesidades de este entorno natural, sí que podrían recibir permiso para seguir adelante con la construcción", asegura. Aunque, por supuesto, esto implicaría altísimos costes para la los inversores, que podrían verse incluso obligados a redactar un nuevo proyecto, puesto que el anterior no se adapta a la normativa de espacios altamente protegidos. 

Podría no tener efecto retroactivo

Sin embargo, también podría darse el caso de que las autoridades competentes decidieran que la ampliación del Parque Natural del Turia no tiene efecto retroactivo. Es decir, que los proyectos presentados antes de la aprobación del plan no quedarían afectados por la nueva realidad del entorno. En el caso de Intu Mediterrani, la situación es delicada porque la iniciativa se ha alargado considerablemente en el tiempo y, aunque está presentada ante diferentes órganos administrativos, todavía no ha recibido aprobación oficial. Por eso, podrían quedar varias dudas sobre si el nuevo PORN le afecta o no.

Por todo esto, los promotores han decidido no arriesgarse y han anunciado que volverán a presentar alegaciones contra esta nueva ordenación, según confirmaba este jueves Salvador Arenere, consejero de Eurofund, a Valencia Plaza. Su objetivo es firme: salvaguardar su proyecto después del espaldarazo que recibió hace unos meses por parte de los tribunales, después de que el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación que interpuso la Abogacía de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que daba la razón a Intu. Una clara victoria judicial, al ser una decisión firme y contra la que no cabía recurso, que suponía dar vía libre a la puesta en marcha del complejo.

Además, todavía está por dirimirse en los juzgados la reclamación de 300 millones de euros que los promotores hacen a la Generalitat Valenciana por tirar atrás un proyecto que antes había avalado en 2015, durante el gobierno popular de Alberto Fabra. El montante, estimado por la empresa a partir de un análisis pericial, contempla tanto el perjuicio causado a la firma por el cambio de criterio -cabe subrayar que la mercantil es propietaria del 50% del terreno y suma hasta el 90% comprometido-, como el lucro cesante por la ganancia legítima de la que no disfrutarían sus impulsores. 

Y es que las desavenencias con la administración valenciana presidida por Ximo Puig se iniciaron desde el principio que se presentó el proyecto, inicialmente conocido como Puerto Mediterráneo. Los motivos que llevaron al Consell a rechazarlo se sustentaban, principalmente, en materia medioambiental, por no guardar la distancia suficiente con las carreteras colindantes, la CV-25 y la CV-31. También pesaron aspectos de contaminación, o el hecho de que el espacio a construir fuera sobre una de las pocas bolsas de suelo del área metropolitana de València. 

El proyecto fue modificado, incluso rebautizado a Intu Mediterrani, para atender las peticiones de la administración. Se redujo así un 25% su superficie, al pasar de una edificabilidad de 500.000 metros cuadrados en la propuesta anterior a 375.000. Además, los promotores se comprometieron a invertir 860 millones de euros en este espacio y generar más de 5.000 empleos anuales directos, que se suman a los cerca de 3.000 puestos de trabajo que se crearán durante las obras de construcción. Pero, pese a los cambios, las críticas continuaron.

El pleito acabó en los juzgados después de que en 2016 la Generalitat tumbara el proyecto. Una decisión recurrida por los promotores, a quienes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dio la razón en 2019, y que el Tribunal Supremo ratificó en julio de este año, al considerar que la memoria ambiental desfavorable del Gobierno valenciano a este proyecto comercial era insuficiente. 

En busca de nuevos socios

Paralelamente, los impulsores de este centro comercio tienen pendiente resolver su situación empresarial tras la quiebra de Intu Properties. El grupo español busca dar entrada a nuevos aliados para evitar que la caída de la cotizada británica ponga en peligro la viabilidad del recinto comercial. Desde hace meses, el grupo español trabaja en esta línea, aunque también contempla la posibilidad de comprarle a Intu su parte del proyecto, como ya ha hecho con el centro comercial que ambas compañías desarrollan en Torremolinos. 

"Hemos recibido mucho interés, pero no podemos tomar una decisión porque necesitamos la resolución judicial para avanzar en los siguientes pasos", señalaban hace unos meses a este diario desde Eurofund, que espera poder resolver esta situación antes de que finalice el año y despejar el horizonte.