Intu alega contra el PORN del Turia: "Les Moles carecen de valor ambiental; solo quieren impedir la ATE"

VALÈNCIA. Los promotores del macrocentro comercial proyectado a las afueras de Paterna Intu Mediterrani contraatacan ante el nuevo intento del Consell para frenar su iniciativa. El nuevo movimiento de la administración valenciana fue la exposición pública del informe sobre la ampliación del Parque Natural del Turia, más conocido como PORN del Turia, que califica de terreno protegido el suelo sobre el que se ha planeado la construcción del espacio de ocio, lo que complicaría mucho su desarrollo. Un escenario que los impulsores del proyecto, el grupo español Eurofund y el británico Intu, quieren evitar.

Para ello, y como ya avanzó este periódico, Intu Eurofund Valencia, la sociedad que ambas compañías constituyeron para promover el centro comercial, sigue adelante con sus planes y ya ha presentado una serie de alegaciones contra la ampliación del plan elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente, el cual supone el blindaje ambiental del terreno de Les Moles, enclave donde se ubicaría el futuro centro comercial. Así, este espacio funcionaría como una especie de corredor intermedio entre lo que es verdaderamente el entorno del Turia y las áreas metropolitanas colindantes, de acuerdo con el nuevo PORN. 

En concreto, la zona donde se ha proyectado el complejo de ocio ha sido considerada como zona de interfase. Esto es, áreas que requieren conservación por su alto valor natural, paisajístico y cultural, siendo compatible su uso humano con todas estas cuestiones. Aunque dicho uso humano está específicamente definido en el documento como actividades que se muestren en sintonía con la naturaleza y no interfieran con el paisaje: agricultura, ganadería, usos públicos o forestales. Por lo que una iniciativa como la de Intu, anteriormente conocido como Puerto Mediterráneo, difícilmente encajaría en esta definición. Una nueva limitación que para los empresarios tiene un único fin: entorpecer un proyecto que desde la Generalitat ya han reiterado en varias ocasiones que no gusta por el modelo de comercio que promueve.

"Les Moles carecen de valor ambiental", argumenta Intu Eurofund Valencia en sus alegaciones, donde también acusa al actual Consell de querer frenar la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que allá por el 2013 aprobó el Gobierno autonómico entonces liderado por el 'popular' Alberto Fabra. "La ordenación del territorio que se pretende aprobar mediante la extensión del PN del Túria a Les Moles no tiene otro objetivo, como se viene desarrollando, que tratar de impedir la ATE aprobada en su día por el Consell", aseguran en su escrito, al que ha tenido acceso este diario.

En concreto, en sus alegaciones los promotores afirman que los suelos pertenecientes al ámbito de Les Moles "carecen de todo valor ambiental y ecológico que merezca ser preservado mediante su inclusión en un Parque Natural". En este sentido aseguran: "Han sido varios los informes de la Administración del Estado, así como de la autonómica y de entes locales, que se han posicionado de manera favorable a la implantación de la ATE de Puerto Mediterráneo en el ámbito de Les Moles y a la consiguiente transformación del suelo". 

Sin embargo, puntualizan que es la Conselleria con competencias en materia de espacios protegidos la que, "13 años después de la anterior aprobación del PORN y de la declaración del Parque Natural del Túria, y 7 años después de la declaración de la ATE, considera que existe un sobrevenido interés ambiental y ecológico que merece la pena ser protegido hasta el punto de ser incluido en el ámbito de protección de un Parque Natural". De hecho, cuestionan "en qué medida puede considerarse que la zona de Les Moles es un área forestal que presente un interés ambiental y paisajístico elevado, habida cuenta de que el Parque Natural del Túria strictu sensu no tiene absolutamente ninguna afección en la zona controvertida". 

"Intereses políticos"

"Hasta tal punto es difícil de justificar la decisión, que el primer Estudio Ambiental y Territorial Estratégico que se elaboró obvió por completo esta zona", puntualizan, para luego incidir en que la propia ampliación del plan indica que Les Moles era una zona de "campos abandonados", "con gran influencia de infraestructuras metropolitanas". "Ha tenido que ser un Informe ampliatorio, de agosto de 2020, el que haya intentado justificar la evaluación ambiental de la inclusión de dicho ámbito en el ámbito del Parque Natural", recalcan. 

Además, indican que en la valoración ambiental, la zona de les Moles suspende en el apartado paisajístico al otorgarle una puntuación de 1,5 sobre 5, por lo que consideran que ni siquiera los propios técnicos de la Administración valoran suficientemente que este enclave merezca un especial interés ambiental o paisajístico. Por tanto, su conclusión es clara: "La inclusión de dicha Zona en el PN del Túria solo puede obedecer a motivos ajenos a los técnicos. Queda fuera de toda lógica ambiental y solo puede obedecer a intereses políticos" porque entienden que "no hay nada que preservar".

"Lo que hace el PORN al regular las Áreas de Interfase, en pocas palabras, es limitar que en la zona de Les Moles puedan desarrollarse actividades comerciales, de ocio y turísticas, imposibilitando la edificación de construcciones habilitadas para ello. Dicho de otra manera, se pretende anular por la vía de lo fáctico la declaración de ATE en su día aprobada por parte del Consell", defienden.

Sin embargo, la secretaria autonómica de Transición Ecológica, Paula Tuzón, tiene una serie de puntualizaciones y matices con respecto a las acusaciones de Intu y Eurofund: "El Parque Natural del Turia necesitaba una revisión urgente, porque su primera versión no se adaptaba a la normativa establecida para este tipo de paisajes". Así, Tuzón explica que todos los parques naturales deben contar con las ya conocidas Áreas de Interfase, es decir, gradientes de transición entre el suelo natural altamente protegido y el urbano: "Por una serie de intereses políticos, la primera propuesta del PORN no contaba con este tipo de espacios. Era el único parque natural de toda España que solo protegía estrictamente el entorno natural de interés y no los terrenos colindantes, que también tienen una gran relevancia". 

Así, defiende que la inclusión de nuevas zonas dentro del área protegida no es aleatoria ni caprichosa, sino que se adapta a las necesidades objetivas de un entorno de estas características. En este mismo sentido, también reconoce que la nueva calificación de los suelos "dificultaría pero no impediría del todo" la construcción de un complejo como el de Puerto Mediterráneo, aunque ya avisa de que el actual proyecto difícilmente se adaptaría a las exigencias de un parque natural. De este modo, es muy probable que los promotores se vieran obligados a desecharlo para enfrentarse a la redacción de otro completamente nuevo, con todos los sobrecostes que eso conllevaría. Una exigencia que, aunque no cierra explícitamente la puerta a Intu, sí que le pone importantes escollos. 

"Ejercicio de planificación económica sin precedentes"

Para los promotores, es inaceptable que a través de la vía de la protección de espacios singularizados "se camuflen realmente finalidades paraurbanísticas". Así, insisten en que durante todo este tiempo la zona nunca se había incluido en el ámbito ambientalmente protegido, y que "se aprovecha ahora" la ampliación de un plan para prohibir el desarrollo de unas áreas de terreno sumamente extensas, en un intento de ordenación territorial. Unas competencias que, recuerdan, no tiene la Conselleria de Medio Ambiente. De hecho, consideran que en caso de que el PORN se aprobase, su objetivo sería el de "impedir la ATE", en lo que tachan de "un ejercicio de planificación económica casi sin precedentes".

"Las razones son sencillas: las autoridades de la Administración autonómica prefieren favorecer un determinado tipo de modelo de comercio que va en contra de los legítimos intereses de los promotores de Puerto Mediterráneo. Sin embargo, dicha animadversión hacia los proyectos de grandes superficies comerciales está reñida con el derecho vigente proveniente de la Unión Europea", advierten. Y denuncian que "la ampliación del PN del Túria no es otra cosa que enmascarar realmente una verdadera política de planificación económica. Todo lo dicho hasta este momento podría ser obviado y aun así, este argumento goza de peso suficiente como para entender que la ampliación del PN pretendida no se acomoda a la legalidad".

En este sentido, recuerdan algunas de las manifestaciones públicas de varios miembros del Consell en contra del proyecto a lo largo de estos años, y en las que el entonces director general de Comercio, Natxo Costa, actualmente subsecretario de la Conselleria de Economía, aseguraba que Puerto Mediterráneo no iba a llegar a Paterna. Además, evidencian que tras vencer en los tribunales, la única vía que le queda a la administración es condicionar el proyecto al cumplimiento de determinadas condiciones ambientales y recriminan que se está usando "subrepticiamente una norma sobre protección del medio ambiente para impedir, cuando ya no es posible impedirlo, la implantación de Puerto Mediterráneo en Les Moles". 

"Entendemos que este comportamiento por parte de los poderes públicos es completamente inaceptable, por la quiebra de la confianza en las instituciones que supone y la afectación a la seguridad jurídica", puntualizan. "Una Administración pública goza de enormes facultades para poder emprender los proyectos políticos que estime pertinentes a través de sus competencias. Pero su poder no es omnímodo y acaba allí donde se emplea con fines ajenos a los permitidos, es decir, cuando incurre en desviación de poder, advierten para incidir en que este escenario se produce después de una sentencia que les ha sido favorable.

Cabe recordar que este pasado mes de julio el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación que interpuso la Abogacía de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que daba la razón a Intu. Los magistrados rechazan el recurso de la Administración por "irrecurribilidad de la sentencia al versar la cuestión realmente controvertida sobre la interpretación y aplicación de derecho autonómico". Además, apreciaron "falta de fundamentación" y se remitieron a la sentencia del TSJCV para señalar que "dio contestación explícita y suficientemente razonada". Una clara victoria judicial para Intu, al ser una decisión firme y contra la que no cabía recurso, que suponía dar vía libre a la puesta en marcha del complejo.