Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Ni se consiguió en la legislatura pasada, ni de momento se ha logrado en esta. La intención de la consellera de Justicia Gabriela Bravo de digitalizar la Administración de Justicia hasta lograr el objetivo del 'papel 0' sigue en pañales tras siete años y ya ha pasado la primera factura a la responsable del ramo a raíz del caso Azud.
Hace aproximadamente un mes, la jueza del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia levantó parcialmente el secreto de sumario de esta investigación que cuenta con casi 60 imputados. La macrocausa afecta tanto a PP como a PSPV y se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones valencianas durante 15 años.
Tras casi cinco años de indagaciones, el volumen de documentación recopilada por la UCO es sustancial -se calcula que pesa 8 terabytes-, pero las defensas todavía no han podido tener acceso a toda la documentación asociada a los 55 tomos de sumario porque el volcado de los archivos debe hacerse de manera tradicional -de dispositivo en dispositivo-. Para ello se ha habilitado una sala multiusos en la que jornada tras jornada se está realizando este trabajo, con el largo tiempo que ello requiere y sin plazo de finalización determinado (podría durar varios meses).
Una situación ante la que el juzgado se dirigió a la Conselleria de Justicia de Bravo para solicitar que habilitaran una plataforma para agilizar el asunto. Sin embargo, obtuvieron un 'no' por respuesta con la excusa de que la Administración no tiene ningún tipo de recurso tecnológico para ofrecer, si bien 24 horas después se retractaron y les trasladaron que están trabajando en poner una solución.
Con todo, la modernización de la administración de justicia sigue prácticamente igual que estaba al inicio de la legislatura pasada y la Comunidad Valenciana sigue a la cola en cuanto a digitalización se refiere mientras otras autonomías han experimentado importantes avances en esta materia como Navarra o Asturias.
Los convenios firmados con otras Comunidades Autónomas que hace años trabajan con plataformas o programas más avanzados como Avantius han quedado en nada. Y las adjudicaciones a empresas tecnológicas para que se encarguen de poner en marcha esa modernización, sigue sin dar frutos.
El recorrido del 'objetivo papel 0' está siendo muy largo y especialmente improductivo. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo licitó hace ya dos años un contrato de 15,9 millones de euros para implantar un nuevo sistema de gestión procesal en los juzgados de 2020 a 2024 que sustituiría al programa Cicerone.
El nuevo sistema debería conseguir la implantación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), el archivo electrónico en todos los órganos judiciales y oficinas fiscales de la Comunitat Valenciana, facilitar la tramitación de procedimientos judiciales, o conseguir la interconexión y la interoperabilidad de los órganos judiciales de la autonomía y toda España, entre otras funciones. El porqué de esta licitación estaba claro: Cicerone se había quedado antiguo.
Ahora bien, Cicerone no es el único programa que ha dado problemas a la Conselleria de Bravo para conseguir desterrar la imagen del funcionario de Justicia rodeado de pilas de papeles para sustituirla en favor de la doble pantalla, los expedientes digitales o la presentación telemática. El camino para que la Justicia llegue al 'papel 0' comenzó en 2015 y desde entonces se han probado distintos sistemas, pero todavía no se ha logrado acertar uno definitivo que resulte eficaz.
El plan Justicia Digital: Papel Cero, puesto en marcha en mayo de hace siete años por el Gobierno de Mariano Rajoy, quería ser la panacea a la lentitud en los procedimientos. Su objetivo principal era impulsar LexNet, el sistema de comunicación electrónico ideado para las notificaciones entre profesionales del Derecho. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, se arrojó como fecha límite enero de 2016. Dos meses después, comenzó a funcionar en la Comunitat Valenciana, pero no sin dificultad. Todos los operadores jurídicos alertaron de que la autonomía no estaba preparada para ello porque no era compatible con los programas de otros niveles de la Justicia, como Cicerone o Fortuny.
Por ello, en abril de 2016, la Conselleria de Justicia y la de Hacienda que dirigía entonces Vicent Soler lanzaron un plan de choque para "atajar la emergencia informática en juzgados y fiscalías" ante la "falta de medios heredada" del Ejecutivo del PP. Este plan contemplaba la instalación de más de 6.000 ordenadores en distintas sedes judiciales y del programa Ágora, cuya inversión fue de 3,2 millones de euros. El objetivo de este sistema era acabar con la incomunicación a nivel informático entre jueces, fiscales, abogados y forenses derivada de la incompatibilidad que existía entre Cicerone (utilizado por jueces), LexNet (empleado por abogados) y Fortuny (usado por fiscalías). La promesa era que todos podrían acceder a toda la documentación incluida en un procedimiento judicial "con un solo clic". Pero esto sería posible a partir de la versión Cicerone 19 y 20.
Sin embargo, apenas un año después, la cuestión seguía encallada. En mayo de 2017, la Dirección General de Justicia se vio obligada a paralizar la implantación del sistema informático Cicerone 19 en el partido judicial de Valencia tras detectar "fallos" en la base de datos que implicaban desde bloqueos en ordenadores cuando los secretarios introducían su firma digital, como incompatibilidades de firmas de jueces y secretarios con la aplicación o tiempos de espera de diez minutos para abrir en el ordenador documentos de demandas recibidas en lápiz de memoria.
La parálisis impidió cumplir el calendario que la Conselleria de Justicia se había fijado para implantarlo de manera escalonada en toda la Comunitat (estaba previsto que estuviera activo al 100% el 11 de mayo de aquel año). Con todo, el Gobierno valenciano intentó resolver estos problemas a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), dependiente de la Conselleria de Hacienda. Pero los problemas iniciales se resolvieron a medias.
En agosto 2018, tras los sucesivos tropiezos de Cicerone, la Generalitat Valenciana decidió firmar un convenio con el Gobierno de Navarra para poder utilizar el sistema informático que la comunidad foral utilizaba: Avantius. La Conselleria de Justicia entendió que era el que mejor se adaptaba a las necesidades de los juzgados y podría, por fin, digitalizar de una vez la administración de justicia. El programa ya se utilizaba también en otras comunidades autónomas como Aragón o Cantabria.
Pero dos años después, en febrero de 2020 el Consell del Botànic II autorizó en un pleno la contratación del servicio de desarrollo y puesta en funcionamiento del nuevo Sistema de Gestión Procesal de la Comunitat Valenciana que un año más tarde se adjudicó en dos lotes a Everis e Indra. Dos años después, no hay avances y Azud ha terminado pasando factura a Bravo.
