El 'yonki del dinero' y su exsuegro dan validez jurídica a las grabaciones de Imelsa

VALENCIA. Durante las últimas 24 horas han corrido ríos de tinta ante la posibilidad de que las grabaciones que dieron pie al conocido como caso Imelsa fueran anuladas. Esta posibilidad daría al traste con la mayor investigación contra la corrupción de la historia de la Comunitat, ya que la mayoría de los hilos de investigación derivan de dicho audios.

Esa posibilidad sería nefasta, pero fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Valencia Plaza aseguran que, dichas grabaciones, están validadas jurídicamente tanto por el yonki del dinero Marcos Benavent como por su exsuegro, Mariano López a través de las declaraciones que ambos realizaron ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Según publicaba este martes el periódico El Mundo, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus pidió que se citara a Benavent a declarar en el Juzgado de Instrucción Número 11 de Valencia. La intención de Rus es demostrar que los audios se obtuvieron de forma ilícita y así lograr que los tribunales los anulen.

Benavent y López

Sin embargo, tal y como ha podido saber este periódico, Benavent declaró que los audios estaban en un ordenador que se encontraba en posesión de su exsuegro, y añadió que “nadie le había robado dichas grabaciones, sino que él se había olvidado de que las tenía en casa de Mariano y que las había dejado allí motu proprio”. Por su parte, su exsuegro Mariano López aseguró en su declaración que las grabaciones “las aportaba él de forma voluntaria a la Fiscalía Anticorrupción”.

El letrado de Rus por su parte trataba de demostrar que las grabaciones fueron aportadas por la diputada de Izquierda Unida Rosa Pérez, y que ésta las había obtenido de forma ilícita, lo que conllevaría que tanto los audios como toda investigación que de ellos se desprendiera fueran anulados.

Sin embargo, la doctrina del Tribunal Constitucional da validez jurídica a las pruebas que son aportadas y ratificadas por las personas que, en este caso, las grabaron y custodiaron legítimamente.

Pero a eso hay que sumar que la UCO sacó las grabaciones de un ordenador que fue aportado con todas las garantías procesales y abierto con autorización del dueño y de los instructores de la causa.

Suma y sigue

La instrucción de la Operación Taula sigue su curso sin prisa pero sin pausa. El magistrado ha citado a declarar a varias de las personas que están imputadas por la “pieza de los zombies”, en la que hay 28 investigados.

El magistrado Víctor Gómez Saval ha imputado en esta nueva pieza a 28 personas "entre las que hay 15 que presuntamente cobraban de la empresa Imelsa sin acudir a trabajar y otras ocho personas que percibieron indemnizaciones innecesarias y arbitrarias a costa del erario público", tal y como consta en el auto al que tuvo acceso Valencia Plaza y que se envió a las partes tras levantar el magistrado el secreto de sumario de la pieza  de los 'zombies'.

El juez les acusa de prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental. Además de los presuntos trabajadores zombies, en esta parte de la causa también están siendo investigados Alfonso Rus, Marcos Benavent, la jefa de recursos humanos de Imelsa, el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, el exdirector financiero de la sociedad, y el empresario José Aldolfo Vedri. El grupo Engloba Comunicación, así como el club de fútbol Olimpic de Xàtiva figuran como posibles responsables civiles a título lucrativo.