La presidenta de Asicval, Nora GarcíaVALÈNCIA. El decreto de la Conselleria de Vivienda que amplía los derechos de tanteo y retracto sigue cosechando oposición en el seno del sector inmobiliario. Lo cierto es que desde que se conociera la iniciativa del departamento de Ruben Martínez Dalmau, muchas son las voces que han criticado no solo su contenido, sino su forma de tramitarlo, como decreto ley. Especialmente duras han sido las discrepancias que han exhibido los agentes inmobiliarios, advirtiendo de su "intervencionismo en el libre mercado". Una oposición que este lunes volvió a ponerse de manifiesto en Les Corts Valencianes, donde los promotores y la patronal de las inmobiliarias valencianas reiteraron sus dudas sobre una norma que "ya está retrasando operaciones y lastrando la recuperación", llegaron a alertar.
Sin embargo, la hoja de ruta de Dalmau es clara: la norma, que ya está en vigor, será convalidada "sin cambios" este próximo miércoles 15 de julio en la cámara autonómica. "H,a pasado todas las garantías normativas y políticas de la Generalitat y, aunque no ha gustado a mucha gente y hemos recibido presiones, sigue adelante", aseguró hace unos días el titular de Vivienda.
El decreto incorpora importantes novedades respecto a la ley anterior, de 2004, que ya regulaba estos dos derechos de adquisición preferente de la administración, pero solo para las viviendas de protección pública. Entre los cambios más importantes destacan la potestad que tendrá la Generalitat de quedarse viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o edificios enteros que se vayan a vender o ya se hayan vendido entre operadores privados. También incluye la colaboración con las administraciones locales para que puedan ejercer estos derechos, hasta ahora únicamente tenía la potestad la Generalitat Valenciana.
El texto ha despertado recelos en el sector, que este lunes volvió a alzar la voz en Les Corts al considerar que pone en peligro la inversión en la Comunitat. Así lo señalaba en una comparecencia el presidente de la asociación de promotoras de Valencia (Aprova), Antonio Olmedo, en la que indicó que el decreto conllevará mucha inseguridad jurídica en el mercado, un escenario nada favorable en el actual contexto de crisis, porque "lastra la actividad económica y la recuperación", enfatizó.
A su juicio, en su redacción existen ciertas lagunas y confusión en algunas cuestiones que son claves para el normal funcionamiento del mercado. Unas dudas expuestas también por notarios, profesores de Derecho Constitucional e incluso del PSPV, uno de sus socios en el Gobierno del Botànic, que cuestiona no su espíritu, sino algunos aspectos que consideran "mejorables" por los vacíos legales que tiene esta normativa. Pero, además, la lluvia de reproches contra Dalmau también se centra en su tramitación. Para Olmedo, una regulación de esta entidad debería haber sido planteada como un proyecto de ley, permitiendo su debate en Les Corts y la presentación de enmiendas para dar voz al sector y conseguir un texto participado.
Igualmente, desde la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), su presidenta, Nora García, advertía sobre el retraso que está ocasionando la norma en "operaciones acordadas antes de la entrada en vigor de la declaración de Estado de Alarma". "Todo esto ya está ocasionando que la recuperación de la actividad en el sector de las agencias inmobiliarias sea mucho más lenta que la de otros sectores comerciales y de servicios", lamentaba.
A su juicio, la intención de Vivienda con el decreto es positiva porque su fin último es aumentar el parque público de viviendas y perseguir la especulación, pero ve necesario algunas concreciones en su redactado para que quede claro "cuándo se trata de operaciones entre entidades bancarias y fondos buitres y cuándo son de particulares sin ánimo de especulación".
Por todo ello, Asicval reclamó una moratoria por parte de la Generalitat del derecho de tanteo y retracto para la adquisición de viviendas en transmisiones singulares entre particulares. "Proponemos que la Generalitat renuncie hasta final de 2020 a su derecho de tanteo y retracto y a su cesión a los ayuntamientos", solicitó.
Asimismo, planteó que en el caso de las viviendas sujetas al régimen de protección pública, la obligación de notificar a la Generalitat la voluntad de vender se produzca con anterioridad a la propia introducción de la vivienda en el mercado, y no después de haber consensuado un precio con el comprador, así como una reducción de los plazos de respuesta: de dos meses como marca la norma a quince días. "Lo contrario genera incertidumbre tanto para el comprador como para el vendedor, así como posibles perjuicios para ambos", incidió.
