Delgado: "La directiva europea responsabilizará de la sostenibilidad a la dirección de la empresa"

VALÈNCIA. Rita Delgado (València, 1987) estudió derecho en la Universitat de València y realizó su Erasmus con la idea de encaminar su carrera profesional hacia el derecho internacional. De hecho, hasta tuvo el sueño de trabajar en el tribunal internacional de La Haya, "juzgando los crímenes más grandes que se cometen contra la humanidad". Para ganar currículo trabajó junto a su padre, también abogado, pero luego decidió realizar el doctorado —acabó la tesis en abril de 2021—. Un trayectoria que le ha llevado a tener conciencia sobre los derechos humanos pues, según afirma, "a día de hoy, desde la globalización, hemos visto que muchas veces las empresas tienen más poder incluso que los estados, y también son responsables de muchas de las violaciones que hemos visto en los últimos años". Una situación que se está revirtiendo con las nuevas normativas europeas que regulan la sostenibilidad en todas sus facetas: económica, social y medioambiental.

Precisamente para hablar de lo que se está haciendo en materia de Responsabilidad Social Corporativa y de las nuevas normativas que se están preparando a nivel europeo, conversamos con Rita Delgado, abogada y doctora cum laude en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, además de profesora de ESIC y consultora en la firma alemana Löning Human Rights and Resposible Business. 

- ¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa? 

- Significa que las empresas se preocupen por los impactos que tienen sobre las personas, sobre el planeta o sobre el medio ambiente en su actividad. Y para que una responsabilidad social corporativa sea genuina, tiene que estar relacionada con cómo la empresa hace dinero y no con cómo se lo gasta. Porque una empresa con RSC debe velar para que en toda la cadena de suministro no se violen los derechos humanos de las personas y que los empleados, los proveedores… tengan garantías de que no haya esclavitud moderna, trabajo infantil… No solo eso, que los consumidores sean informados de qué efectos sobre la salud puede tener un producto, como podría ser el caso del chocolate.

- ¿Qué ha tenido que ocurrir para que ahora se reflexione sobre los derechos humanos de las personas y el papel de la empresa? 

- Creo que ha sido un tira y afloja que lleva mucho tiempo, pero un punto de inflexión pueden ser los Principios Rectores de las Naciones Unidas, aprobados en 2011, y también el colapso del edificio Rana Plaza (Bangladés, 2013), que es solo un ejemplo de las tragedias y violaciones de los derechos humanos que se han dado en los últimos años. Esa violación de los derechos humanos es un problema grandísimo, pero también lo es la impunidad. Creo que, poco a poco, los estados se han dado cuenta de que es necesario intervenir. Pero también es importante que los consumidores exijan un consumo responsable y que el sector financiero esté presionando, también por la normativa que les imponen, dónde invertir y dónde no. 

- Poner remedio a los efectos de la globalización…  

En la consultora en la que trabajo ahora, Löning Human Rights and Resposible Business, siempre decimos que ahora estamos viviendo una especie de plan de corrección de la globalización. Y es que cuando empezó la globalización parecía que solo nos iba a traer cosas buenas, y las ha traído, pero también malas, como el aumento del poder de la empresa frente a los gobiernos y los estados, o la deslocalización de la producción, privatización de servicios públicos… Y esto, en ocasiones, ha llevado a que en ciertos países se bajen los estándares de derechos humanos para atraer inversión, lo que ha hecho que el consumidor no vea cómo se hace el producto que está comprando, porque si lo viéramos, no lo compraríamos o se exigiría que se hiciera de una manera diferente.

- Nuevas leyes que han entrado o van a entrar en vigor y que repercuten directamente a España, ¿no? 

- Exacto. Por ejemplo, nuestra consultora trabaja con empresas alemanas que operan, subcontratan o tienen relaciones comerciales en España. Pero es que si una empresa española quiere realizar negocios en Alemania y tiene cierto nivel de ventas también y de implantación allí también le va a afectar. Y lo mismo la directiva europea cuando entre en vigor, no solo afectará a empresas que tengan su residencia en Europa, sino que si hay empresas extranjeras de cualquier país del mundo que vengan a Europa y que quieran realizar cierto nivel de negocio, también tendrán que pasar por ese filtro.

- Por tanto, España puede ser un riesgo para esas empresas. 

- La directiva europea establece unos filtros iniciales de volumen de negocio y de número de empleados por lo que a las grandes empresas estas normativas no les vienen de nuevas. Para que te hagas una idea, la ley alemana a día de hoy afecta a empresas que tengan más de 3.000 trabajadores y a partir del 1 de enero de 2024 afectará a empresas que tengan más de mil. Y la directiva europea afectará a toda empresa con más de 500 empleados, por lo que es más exigente y va a abarcar a un mayor número de entidades. 

- ¿Hay fecha para la nueva normativa europea que se está redactando? 

- Es incierto. De hecho, ahora que tenemos un proyecto de ley en España que está en consulta ciudadana, podría darse el caso de que la ley española entrara en vigor antes que la directiva europea, sobre todo teniendo en cuenta que la directiva europea no es tanto cuándo entra en vigor, sino que, siendo una directiva, habrá entre dos a cuatro años para que los diferentes gobiernos hagan la transposición.

- El problema quizá de España son las pymes. ¿Se pueden adaptar a todo esto?

- Es una de las principales críticas a la directiva porque las pymes no entran y aquí hay muchos riesgos, a falta de saber cómo será la ley española. También es cierto que probablemente, y como en Alemania, sea un proceso gradual. Es lógico que se les exija primero a las empresas más grades para que vayan viendo en qué formas se puede mejorar esta sostenibilidad social y este impacto sobre los derechos humanos. Y este cambio no implica que sea económicamente malo, como se suele pensar, porque hay empresas que han demostrado que hay negocios de éxito pensando en el bienestar de los trabajadores, medioambiente… Y creo que progresivamente se irá ampliando el cerco de esas obligaciones para incluir también a las pymes. De hecho, normativas de algunos países sí que incluyen cierto grado de pymes, sobretodo si trabajan en sectores que se consideran de especial riesgo.

¿Cómo se puede implantar una buena estrategia de ESG (ambiental, social y de gobernanza) dentro de una empresa? 

- Creo que las empresas más grandes en vez de subcontratar una consultora tendrán un departamento con personas especialistas en la materia. De hecho, en la ley alemana hay un término para ello, comisario de Derechos Humanos de la empresa, que ya se ocupa de todo esto. Pero al final es una estrategia transversal a todos los departamentos pero la formación es específica. Una estrategia que comienza por la identificación y la evaluación de los impactos negativos de la empresa. Es un camino que nunca se termina de andar pero es importante detectar los riesgos más importantes y atajar esos primero. Y ese camino comienza en la formación.

- Precisamente, cuando se habla de sostenibilidad y de los criterios ESG, la G de gobernanza es la que más se olvida… 

- Exacto. Incluso las propias leyes que están regulando esto no son iguales y piden cosas muy diferentes. De hecho, ahora tenemos desde la normativa francesa o alemana, que sí que son como más debida diligencia, como algunas que son específicas de un sector, como en Inglaterra tiene de esclavitud. Pero lo importante es dónde recae esa responsabilidad pues una de las cosas clave de la directiva europea es que la responsabilidad recae en la dirección de la empresa, porque muchas veces, por todo lo que hablábamos también del greenwashing, parecía que la responsabilidad social corporativa dependía el departamento de marketing, cuando en realidad debe estar en la dirección de la empresa y se debe extender a todos. 

- Dicho esto, ¿cómo se puede controlar que las empresas no hagan greenwashing?

- Con estas nuevas normativas, las empresas deberán realizar un monitoreo de los riesgos y realizar un informe y reportar cada año fiscal al gobierno y, al ser una directiva, cada estado tendrá la libertad creativa para hacerlo como quiera, pero sí que va a haber un control de esos pasos. Y un aspecto muy importante que exige la debida diligencia es que existan mecanismos para quejas. Y en este sentido, en Alemania, se ha creado una línea de teléfono anónima en la que tú puedes llamar y denunciar situaciones con seguridad. Por tanto, por un lado van a ponerse en práctica sistemas de denuncia y por otro un procedimiento de compensación, una medida obligatoria que también contempla la directiva europea y, supongo, la ley española será un poco a la imagen y semejanza de la directiva.

- ¿Cuándo va a ser real que una empresa sea sostenible?

- Nunca, porque es un campo en el que siempre se va a poder mejorar. Pero lo importante es que, sobre todo, las cosas más graves como la esclavitud moderna, el trabajo infantil, condiciones muy peligrosas para la salud, daños al medio ambiente, muy graves de ecosistemas… se limite y haya una responsabilidad real cuando se producen este tipo de violaciones, tanto desde la debida diligencia, que es la propia empresa la que tiene que velar por esto, como desde el punto de vista financiero, que se vea donde invierte las empresas.

- Todos estos cambios van a repercutir también en el consumidor también le va a reportar cambios.

- El consumidor también tiene que cambiar de mentalidad muy rápido. Estamos intentado pensar que las energías renovables son la panacea que va a solucionar todo, pero creo que todo pasa por consumir menos y consumir cosas que estén hechas mejor, que duren más y que se hayan hecho sin vulnerar los derechos de otras personas o del planeta en sentido medioambiental.