Cuidar la cadena de suministros o medir impactos: nuevos retos en sostenibilidad para las empresas 

CASTELLÓ. En los últimos años, la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad para muchas empresas. Consumidores, inversores y grupos de interés exigen cada vez más que las entidades operen de manera responsable y reduzcan su impacto medio ambiental y social. En este contexto, la llamada debida diligencia se ha convertido en una herramienta clave para la gestión empresarial responsable por la infinidad de ventajas que supone. Sin embargo, también presenta una serie de desafíos a los que las compañías deben hacer frente. 

Y son precisamente estos beneficios y nuevos retos los que se han puesto sobre la mesa del último desayuno informativo organizado por Castellón Plaza en colaboración con la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y la Universitat Jaume I de Castelló. La Cámara de Comercio de Castellón acogió este encuentro que, durante más de dos horas, sirvió como foro de debate sobre este aspecto, que cobra especial relevancia debido a los próximos cambios legislativos que obligan a las grandes empresas a reportar información sobre la sostenibilidad de su cadena de suministro. 

La catedrática de la UJI y coordinadora del grupo de investigación de Sostenibilidad de las Organizaciones, María Ángeles Fernández Izquierdo, fue la encargada de iniciar este debate destacando la debida diligencia como un requisito indispensable para las empresas a la hora de ser viables y posicionarse dentro del mundo empresarial. Asimismo, resaltó la importancia de que este proceso de identificación, evaluación y gestión de los riesgos sociales, ambientales y de gobernanza (ESG) en las operaciones empresariales y en la cadena de suministro sea "una prioridad total" para las compañías. 

A continuación, fue el director general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, José Vicente Soler, quien tomó la palabra destacando la importancia de actuar en materia de sostenibilidad. "Ya conocemos el relato de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ahora es necesario que pasemos a los indicadores, a las métricas, a los KPI's... Es hora de que el tejido empresarial valenciano se avance a las normativas para poder posicionarse mejor en el mercado", indicó Soler. 

Y es que estas normativas a las que hizo alusión el director general son las que la Comisión Europea adoptó el pasado 23 de febrero de 2022, una propuesta de directiva sobre la diligencia debida en materia medioambiental y derechos humanos sobre cadenas de suministros globales. Esta nueva legislación está previsto que entre en vigor durante este año y, a nivel nacional, ya se ha elaborado el anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales. 

Al hilo de esta normativa intervino el CLO de Grupo Neolith, Francisco Mateu, quien destacó que la compañía fabricante de piedra sinterizada es consciente de los "movimientos normativos que hay en Bruselas" y de que la propuesta de directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad ambiental y de derechos humanos "marcará el nuevo camino de las empresas". Un nuevo camino que "el mercado recompensará cada vez más y que debe cambiar la mentalidad del sector empresarial". Aunque para que las empresas puedan puedan asumir este cambio, Mateu incidió en la necesidad de que cuenten con "recursos" de parte de las administraciones públicas. 

Sobre este marco regulatorio también opinó Teresa Amorós, directora de Talento y Sostenibilidad de Alnut, compañía especialista en alimentación infantil y productos de base vegetal. Amorós defendió que el sector empresarial "no puede seguir teniendo el tema de la sostenibilidad como una opción, tiene que ser una obligación". Además, la representante de Alnut planteó algunas de las ventajas que la nueva normativa traerá a las empresas, como son una mayor seguridad jurídica y unas mejores condiciones de equidad a la hora de competir a nivel internacional. Asimismo añadió que "queda mucho camino por hacer, sobre todo a nivel de conciencia". 

Mejorar la eficiencia o reducir riesgos

Los integrantes de la mesa destacaron algunas de las ventajas que puede suponer para las empresas la regulación de la debida diligencia en sostenibilidad. Y es que este proceso puede ayudar a las compañías a reducir riesgos sociales, ambientales y de gobernanza en sus operaciones empresariales y su cadena de suministro. Al conocer estos riegos, las compañías pueden tomar las medidas oportunas para reducirlos y, a su vez, cuidar su reputación y disminuir pérdidas financieras. Tal y como apuntaron, esta regulación puede ayudar también a mejorar la eficiencia de las compañías ya que, con una evaluación cuidadosa de los impactos ambientales, se puede reducir el consumo de recursos y, por tanto, los costes de operación. 

Sobre este aspecto, el director de Comunicación de Cuatroochenta, David Hernández, añadió que la tecnológica es todavía una empresa joven, pero ya ha comenzado a trabajar en este sentido. Hernández indicó que la compañía "ha comenzado con el plan de sostenibilidad". "Estamos elaborando una primera memoria y el año que viene tendremos que auditarlo y presentarlo a nuestros públicos", añadió. Por su parte la responsable de RSC de Simetría Grupo Rebeca Sánchez destacó que, en el caso de la compañía castellonense -cuyo ámbito principal es la construcción-, "el 80% del impacto se produce en la cadena de suministro, no internamente, es por esta razón que tenemos el foco puesto ahí". Sánchez incidió también en el plan estratégico de Responsabilidad Social Corporativa con el que cuenta la empresa y puso sobre la mesa uno de los retos a los que se enfrenta Simetría Grupo en materia de sostenibilidad: implantar un registro de denuncias al que todos los implicados en la cadena de suministro de la empresa puedan tener acceso.

Desafíos empresariales

Este fue uno de los desafíos que se analizaron en el desayuno informativo, aunque no fue el único. En este sentido, el jefe de Relaciones Institucionales y responsable de RSC en la Autoridad Portuaria de Castellón Ramón Balaguer confesó que, en el caso del puerto de Castellón "es muy difícil controlar la cartera de suministros" por las grandes dimensiones y el volumen de proveedores y clientes con los que se trabaja. Aún así, Balaguer insistió en que las administraciones públicas, como es el caso de PortCastelló, "debemos dar ejemplo en este sentido y, aunque se antoje complicado, trabajamos por avanzar en materia de sostenibilidad". "A nuestros proveedores internos les ofrecemos la posibilidad de cumplir con la ley de contratos, mediante cláusulas de sostenibilidad", añadió. 

Al hilo de esto, los participantes abordaron algunos desafíos que tienen que abordar las empresas a la hora de implantar medidas de debida diligencia en sostenibilidad. Entre ellos destacaron la complejidad y el alcance de la cadena de suministro, como es el caso de la Autoridad Portuaria, la falta de información precisa y confiable sobre los aspectos ambientales y sociales de las actividades de la empresa y sus proveedores, las dificultades para medir y reportar los impactos sociales y ambientales o los costes que esto puede suponer para las compañías en términos de recursos financieros. Sobre este aspecto, la directora de la Fundación Globalis, María Bellmunt, destacó que el proceso de implementación de medidas de sostenibilidad en una empresa puede antojarse "muy complicado para personas autónomas o empresas más pequeñas que no cuentan con tantos recursos, como son las pymes".

Por otra parte, Andrés Gurrea, socio de Grant Thornton ofreció a la mesa de debate la visión del lado de las auditorías y consultoras. Gurrea destacó que la sostenibilidad "ya no es una opción para las empresas" y que implementar medidas de debida diligencia es la forma de "pensar en el futuro" y "la dirección que las empresas deben seguir". En este sentido, la responsable de negocio e innovación del CEEI Castellón Alexandra Badoiu añadió que, en el caso de las startups, "la sostenibilidad es un aspecto fundamental porque a la hora de buscar inversión, los fondos de inversión tienen muy en cuenta si las jóvenes empresas cumplen estos criterios".

Compromiso de la dirección y mayor formación

Otro de los aspectos que se abordaron en el debate fue el de la necesidad de que las altas esferas de la dirección de las empresas se impliquen en este proceso. En palabras de la catedrática de la Universitat Jaume I, María Ángeles Fernández, "es el CEO de la empresa el que tiene que liderar la implantación de la debida diligencia porque se trata de una cuestión transversal, lo que se haga en la empresa en este sentido debe tener línea directa con el CEO". Y es que si la alta dirección no está comprometida con la implementación de la debida diligencia en sostenibilidad, puede ser difícil obtener los recursos y la cooperación necesarios para llevar a cabo el proceso de manera efectiva.

Asimismo, los diferentes representantes empresariales que participaron en el debate alertaron de la "falta de educación" en este aspecto. Los integrantes abordaron puntos de vista en común como la necesaria formación a las empresas en materia de sostenibilidad y la colaboración público-privada. En este sentido, Fernández destacó el plan de difusión que se va a implementar desde la Generalitat Valenciana para, mediante talleres de difusión, acercar a las compañías los conocimientos básicos sobre debida diligencia y enseñarles a elaborar un mapa de riesgos. 

Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables

Por otra parte, el director general de Economía Sostenible, José Vicente Soler, destacó la creación del Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables (REVSR). Sobre esto, Soler aseguró que se trata de una medida que se aprobó el pasado 22 de noviembre y que "aunque llegó tarde, llegó en el momento justo para poder entrar de lleno en el mundo de la sostenibilidad". Soler explicó que este registro, voluntario para las empresas, permitirá a las pequeñas y medianas empresas y a las personas autónomas "reportar una serie de indicadores". 

Cabe recordar que el pasado 7 de marzo, la Generalitat Valenciana puso en marcha el Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables, cuyo objetivo principal es proporcionar información sobre el compromiso responsable de las entidades inscritas en él. Esto les permitirá demostrar y justificar su compromiso frente a terceros, en particular en las contrataciones públicas y en las solicitudes de ayudas y subvenciones. El REVSR también regula la auditoría social y una comisión mixta encargada de informar sobre la inscripción en el registro de entidades valencianas socialmente responsables. Además, se ofrece la posibilidad de realizar de forma gratuita la memoria de sostenibilidad para pymes con menos de 50 trabajadores, lo que fomenta la verificación de la información y ayuda a mejorar la identificación y gestión de riesgos, así como a garantizar la debida diligencia en materia de sostenibilidad.