La ley alemana empuja a empresas españolas a velar por el respeto a los derechos humanos

VALÈNCIA. Europa está acelerando la regulación de las nuevas obligaciones y responsabilidades de las empresas por sus impactos a lo largo de las cadenas de suministro mundiales para poner freno a los efectos adversos que sus actividades puedan tener en los derechos humanos (trabajo infantil, explotación de los trabajadores, irregularidades…) y en el medio ambiente (contaminación, uso poco eficiente de los recursos…). Una regulación que se materializa en la Directiva sobre la diligencia debida de las empresas, que en la Unión Europea sigue concretándose, pero que en países europeos ya es una realidad. De hecho, Alemania acaba de aprobar la ley sobre debida diligencia en la cadena de suministro, confirmando la tendencia a crear normas obligatorias para garantizar la sostenibilidad del planeta y la protección de los derechos humanos. 

Concretamente, la ley alemana —la Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz—, aprobada el 11 de junio de 2022, exige que las empresas de más de 3.000 empleados en Alemania (y más de 1.000 empleados, a partir de 2024) cumplan con las obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente en sus operaciones. Su cumplimiento estará controlado por el Ministerio de Economía y expone a la empresa incumplidora a sanciones públicas y a responsabilidad civil por daños. Así lo explica la abogada valenciana Rita Delgado, doctora cum laude en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, quien señala que "la normativa aprobada en junio no solo afecta a las empresas alemanas sino también a las empresas españolas que deseen realizar negocios en Alemania y tienen cierto nivel de ventas y de implantación allí". 

Unas directrices que intentan paliar los aspectos negativos de la economía globalizada, en la que las cadenas de suministro se extienden por distintos países de todo el mundo y se producen violaciones de derechos humanos. De ahí que se exija a determinadas empresas que establezcan procesos de identificación, prevención y diseño de remedios para impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente que puedan ser provocados por la propia empresa, sus filiales y por entidades que formen parte de su cadena de suministro. Por tanto, la directiva se aplicará a los grupos empresariales españoles que tengan una filial en el mercado alemán o que sean una filial de un grupo alemán que cumpla con el número de empleados —3.000 en la actualidad—. Pero también afectará a cualquier empresa que tenga lazos comerciales con el país germano, obligándola a realizar un análisis de sus propios riesgos en materia de derechos humanos y de gestión medioambiental.

La también profesora de ESIC y consultora en Löning Human Rights and Resposible Business, explica que las empresas grandes serán las primeras en adoptar estas medidas, pero que las medianas y pequeñas empresas también deberán adaptarse para no quedarse atrás. Una normativa que en su opinión es una oportunidad: "Las empresas tienen un incentivo porque si quieren ganar un contrato deben mejorar esas condiciones, porque la directriz que nosotros damos desde la consultora a las empresas alemanas es que, en caso de alarma roja, busquen otra empresa a la que subcontratar cuyas condiciones sean mejores o que intenten solucionar el riesgo con la empresa con la que trabajan porque, en este caso, la multa se la lleva la empresa alemana y son multas bastante serias".

Según explica Rita Delgado, las pymes en un primer momento no se ven afectadas, pero llegará el momento en el que también deban adaptarse al nuevo marco normativo: "Creo que progresivamente se irá ampliando el cerco de esas obligaciones para incluir también a las pymes, como así sucede en algunos países, que incluyen cierto grado de pymes, sobre todo si trabajan en sectores que se consideran de especial riesgo (minería, por ejemplo)". De todas maneras, sí estarán afectas en el momento que una empresa alemana que esté dentro de la normativa quiera subcontratar sus servicios pues "la ley alemana prevé multas, pero no prevé la posibilidad de acciones de responsabilidad civil por parte de los damnificados, aspecto que sí contempla la directiva europea".

Precisamente, la experta valenciana detalla que la normativa de la Unión Europea, que todavía está en fase de redacción, será más dura pues "afectará a empresas que tengan su razón social en Europa pero también a las empresas extranjeras que quieran realizar cierto nivel de negocio en Europa". Delgado remarca que la fecha de su aprobación es "incierta" y señala que "ahora que tenemos un proyecto de ley en España que está en consulta ciudadana, podría darse el caso de que la ley española entrara en vigor antes que la directiva europea, sobre todo teniendo en cuenta que la directiva europea no es tanto cuándo entra en vigor, sino que, siendo una directiva, habrá entre dos a cuatro años para que los diferentes gobiernos hagan la transposición".

Por tanto, concluye, las empresas valencianas deberán adaptarse a las nuevas normativas para seguir siendo competitivas en su sector.