Imagen de una Junta General de Divalterra. Foto: DIVALVALÈNCIA. El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha convocado para el próximo martes 23 de marzo la Junta General de Divalterra, el pleno de la corporación provincial, con el único punto del orden del día de debatir sobre el estado de la empresa pública.
La cita tendrá lugar a las 12.00 horas, lo cual no deja de ser llamativo puesto que supondrá cortar el pleno ordinario de la Diputación hora y media después de su inicio para convertirlo en la Junta General de Divalterra, de modo que las mociones y asuntos que queden pendientes se debatirán en la sesión del mes que viene.
La convocatoria fue exigida por los partidos de la oposición –PP, Ciudadanos y Vox– debido a la última polémica relacionada con el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos. Ésta se desencadenó después de que el tribunal eligiera a la ganadora, pero el presidente de la empresa pública, el diputado socialista Ramiro Rivera, ordenara que se suspendiera su contratación debido a la presentación de un recurso por parte del aspirante que quedó en segundo lugar, José Fambuena.
El gerente, Antonio Mas, desobedeció al entender que se había hecho todo correctamente, de manera que la vencedora se incorporó el pasado 18 de enero. Lo siguiente pasó a ser una guerra total a nivel interno mientras Rivera fue avalado en sus intenciones por múltiples informes del director jurídico y de riesgos penales de la firma, José Luis Vera, quien se erigió en instructor de un expediente sobre el caso. En los últimos concluyó que había que anular todo el proceso siete meses después de su inicio y la contratación de la jefa de RRHH por más de una decena de irregularidades.
La semana pasada, el Consejo de Administración –después de varios cambios de miembros– votó en contra de las conclusiones de los mencionados informes, desactivando así las maniobras de los cargos del PSPV, y ratificó el nombramiento de la jefa de RRHH. Lo que sí salió adelante fue la destitución del gerente.
Tras esa cita, quedaba pendiente la de la Junta General, en la que los partidos de la oposición –que ya abrieron la puerta a llevar lo sucedido a los tribunales– tendrán opción de preguntar sobre unos movimientos del PSPV de cuya motivación sospechan. El PP, por ejemplo, lo hará sobre si algún cargo conocía previamente al candidato que quedó en segundo lugar y por el cual se ha tratado de anular el proceso.
Resultará de importancia, igualmente, comprobar la posición de Compromís, que ha optado por desmarcarse totalmente de este asunto. De hecho, ni siquiera sustituyó a su representante en Divalterra cuando dimitió el anterior, con lo que dejó solo al PSPV en el pasado Consejo de Administración.
