Compromís se plantea dejar su silla en Divalterra vacía para desmarcarse de la operación del PSPV

VALÈNCIA. La "casa embrujada", según la denominan algunos ya, en la que se está convirtiendo Divalterra y la cada vez más complicada convivencia entre varios cargos de la Diputación de Valencia por el devenir de los últimos acontecimientos se vio agudizada la semana pasada por varias dimisiones de consejeros de la empresa pública y ahora ya alcanza a los grupos políticos. Con los movimientos de representantes del PSPV para anular el proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos cuando ya estaba contratada, quedaba en el aire la cuestión de cuál sería el papel de sus socios en la corporación, Compromís. Y alguno de sus gestos apuntan al desmarque. 

El ejemplo más evidente es el de la decisión respecto a su representación en el Consejo de Administración de la firma. El diputado con el que contaban allí hasta ahora era Emili Altur, quien presentó su dimisión el 23 de febrero (según fuentes del grupo, ya había manifestado hace tiempo la intención de salir). A su renuncia se sumaron otras cuatro y el pasado martes se aprobaron los relevos de todos menos el suyo. 

La situación llamaba la atención por ser la excepción y desde Compromís únicamente se limitaron a señalar que, cuando tuvieran decidido un nombre, lo comunicarían. Algo que podría no ocurrir. Fuentes de la coalición admiten que, por el momento, no tienen intención de proponer a un sustituto de Altur, lo que supondría que se quedarían sin miembro en el Consejo de Divalterra.  

Si finalmente ocurriera así, tendría consecuencias por partida doble. De un lado, políticas, pues la lectura clara sería la del desmarque del PSPV en mitad de su operación dentro de la empresa para revocar la contratación de la vencedora del proceso de selección en RRHH. Lo que ha llegado a provocar, tras las diversas informaciones de este periódico, incluso la revisión de ordenadores de cargos de la firma para 'cazar' al supuesto filtrador.

De otro lado, el hecho de que no exista representante de Compromís en el Consejo conlleva que los socialistas no tengan tan sencillo contar con una mayoría favorable hacia ellos. Algo que resulta de importancia de cara a la próxima reunión del órgano de gobierno de Divalterra, donde se tienen que votar dos informes elaborados por el director jurídico y de riesgos penales, José Luis Vera. En ellos concluía, siete meses después del inicio del proceso de selección para la jefatura de RRHH, que había que anularlo todo, desde la propia convocatoria hasta el nombramiento de la ganadora, por más de una decena de irregularidades detectadas. 

La anterior convocatoria acabó aplazando el pronunciamiento de los consejeros ante una total falta de acuerdo –no quedaban claros los equilibrios a favor de las tesis de Vera– y ciertas tensiones. Tras lo cual se produjeron las mencionadas renuncias. Los nuevos nombramientos de los representantes ya comenzaron con polémica el martes puesto que, además de los de los grupos políticos, se votaron los "técnicos" propuestos por el presidente de la Diputación, Toni Gaspar. Aunque todos ellos son funcionarios, sus vinculaciones también son políticas debido a que han ocupado cargos con PSPV y Compromís. Lo cual facilitaría esa mayoría deseada dentro del Consejo. 

Peo se da la circunstancia de que uno de ellos, el exsubdelegado del Gobierno de Valencia, Luis Felipe Martínez, ayudó al candidato que quedó en segundo lugar en el proceso de selección con la firma de un documento en el que avalaba su experiencia laboral, gracias al cual pudo pasar el corte de aspirante. Después de no ganar, recurrió, tras lo que el presidente de Divalterra, el socialista Ramiro Rivera, ordenó suspender la contratación de la vencedora (pero el gerente no obedeció). 

Si este hecho le supusiera a Martínez un conflicto de intereses en el Consejo de Administración para votar los informes de Vera y ante el nuevo escenario de que Compromís no cuente con representante, la balanza a favor del PSPV no resultaría tan fácil. Habrá que esperar, en todo caso, para comprobarlo. 

La oposición pide una Junta General

Mientras esto se resuelve –o no–, PP, Ciudadanos y Vox presentaron este jueves la solicitud para una convocatoria "inmediata, urgente y obligatoria" de la Junta General Extraordinaria de Divalterra –que equivale al pleno de la Diputación– en la que se debata sobre el estado de la empresa pública. Los tres grupos argumentaron su petición en "la gran inquietud surgida entre los trabajadores y la población en general por las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre cambios, renuncias, informes y posibles ilegalidades en contrataciones".

De acuerdo con la Ley reguladora de las bases de régimen local, se deberá convocar en un plazo de 15 días hábiles desde el registro del escrito y se habrá de realizar "de manera automática" con el único punto del orden del día que han expuesto los partidos.

Desde el PP, su portavoz, Vicente Mompó, considera que la petición de esta convocatoria se hacía "necesaria" porque, hasta la fecha, "no ha sido posible debatir sobre las polémicas que rodean la gestión de la empresa pública". Así, destaca que en la última Junta se nombraron consejeros a propuesta del presidente de la Diputación, Toni Gaspar, "de los que aseguró que eran funcionarios pero obvió los lazos que les unen a PSPV y Compromís, según hemos conocido por los medios de comunicación".

Para el portavoz 'popular', "el futuro de la empresa y la tranquilidad de las familias de los trabajadores está por encima de cualquier otra circunstancia" y, por ello, exige a Gaspar "transparencia" para evitar que las "sospechas que se ciernen en torno al expediente de la jefatura de Recursos Humanos vayan creciendo". "Hasta ahora no hemos tenido acceso a ese expediente", lamenta, y muestra su confianza en que se celebre "de manera urgente" la Junta General para poder "analizar todo lo que está sucediendo en Divalterra y en su caso depurar las responsabilidades que procedan".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil señala que "es imprescindible" que los diputados conozcan "con detalle" lo que está ocurriendo en el proceso de selección de RRHH porque llevan "semanas leyendo un goteo de noticias" sin que sepan "si son ciertas o no". "Esto genera incertidumbre en los 700 trabajadores de la empresa y sus familias. No entendemos el oscurantismo si no hay nada que ocultar", subraya. 

Además, critica que desde la Presidencia les dieran los nombres de los nuevos consejeros minutos antes de la votación en la Junta General del martes, que no les dejaran posicionarse por separado respecto a los técnicos y que posteriormente descubrieran que eran personas relacionadas con el PSPV. Así, ha justificado que se vieron "obligados" a apoyar todos los nombres porque al votar de forma conjunta no se podían oponer a la designación del suyo. "Este tipo de argucias generan desconfianza", añade.