Génova oculta al juzgado las declaraciones de los concejales del PP de València expedientados

VALÈNCIA. El culebrón entre el Comité de Derechos y Garantías del PP en Génova y el juzgado de instrucción que investiga el presunto blanqueo de capitales que afecta a 50 personas entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores, conocido como caso del pitufeo dentro de la Operación Taula, ha dado una nueva vuelta de tuerca. 

El pasado viernes Valencia Plaza informaba en exclusiva sobre el hecho de que, los expedientes informativos abiertos a los supuestos ‘pitufos’ llevaban 15 meses en un cajón, tal y como acreditaba la documentación remitida por el Partido Popular al juzgado y que, además, según dicha documentación no se había tomado ninguna decisión más allá de la suspensión cautelar de militancia.

Sin embargo, y ante la publicación de este periódico, uno de los afectados informó que sí que se habían tomado declaraciones a todos los implicados y, a raíz de dicha información revelada por un investigado, Valencia Plaza se ha puesto en contacto con varios de los imputados por blanqueo para tratar de esclarecer si el comité les tomó o no declaración y a cuántos. Unas declaraciones que, al parecer, el PP ha ocultado al juzgado puesto que no las ha remitido.

Según fuentes de Génova consultadas por este medio, "no se han enviado porque el fiscal solo quería saber el estado en que se encuentran ahora mismo los expedientes informativos" y, por tanto, no se creyó necesario enviar la declaraciones realizadas ante el comité. Obviamente, añaden, "no habría problemas en remitirlos si así lo requiere el juzgado, pero que lo pidan".

Ante esta respuesta, se han consultado también fuentes de la investigación que aseguran que "al solicitar el estado del expediente, se solicita todo el expediente. No es normal que envíen solo tres documentos cuando tienen la versión de los imputados sobre lo sucedido en marzo de 2015".

Las declaraciones

Según ha podido acreditar este periódico, el Comité de Derechos y Garantías citó a unos cuantos de los imputados, la mayoría concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia, para tomarles declaración y conocer su versión de los sucedido. Unos comparecieron en Valencia y otros en Madrid. 

Pero no todos los investigados han declarado ante el comité. De hecho, uno de los asesores que consta como afiliado al Partido Popular, pesé a que envió una solicitud de baja del partido, no ha recibido ningún tipo de citación por parte del PP que dirige Mariano Rajoy ni se le ha preguntado nada al respecto de la imputación que pesa sobre él. Esta persona asegura: "Madrid nunca ha querido saber mi versión, pero me da lo mismo porque yo no quiero saber nada de ellos".

Las posibles opciones del juez y del fiscal Anticorrupción ahora que se sabe que sí que hay mucha más información sobre el pitufeo son dos. La primera sería no hacer nada y con la documentación que obra en su poder seguir con la instrucción y la segunda sería solicitar todo lo que Génova ha censurado.

Las fuentes de la investigación se preguntan qué habrá en esas declaraciones para que desde Madrid no hayan querido remitirlas ya que "si no dicen nada diferente a los declarado en el juzgado no tiene sentido retenerlas". Por otro lado, esta información también sería relevante para el PP que dirige Isabel Bonig, ya que con ella en la mano podrían saber qué ha pasado, más allá de la información que tienen por el juzgado porque hay que recordar que, desde Génova, nunca se les ha querido informar del estado de los expedientes pese a que se ha solicitado en reiteradas ocasiones.

El ‘pitufeo’

En la causa conocida como Operación Taula, que incluye entre otros el caso Imelsa, destacó mediática y políticamente la pieza A o pieza del pitufeo. En ella se investiga si todo el grupo del PP del Ayuntamiento de València en marzo de 2015 salvo cuatro personas blanqueó dinero para la campaña electoral de las municipales de ese año y cometió un delito electoral. Además, se investiga si desde 2007 el PP de Rita Barberá pagó sus campañas electorales con dinero B procedente de contratas y hasta de entidades públicas municipales.

La magnitud de la operación policial desbordó al PP y la presión sobre los investigados fue tal que el partido de Isabel Bonig se vio obligado a crear una gestora que dirigiera al PP de la ciudad de València, presidida por Luis Santamaría. Desde Génova se abrió un expediente a los implicados que, más un año después, sigue durmiendo el sueño de los justos mientras los concejales y asesores investigados siguen en el Ayuntamiento cobrando un sueldo público.