La Generalitat fracasa en su intento de atrasar el juicio de la ‘lotería’ de Emarsa

VALENCIA. Enrique Crespo, exalcalde popular de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, tendrá que sentarse en breve en el banquillo de los acusado por el llamado “juicio de la lotería”, un spin off del caso Emarsa. La vista oral comenzará el 23 de junio, apenas cuatro días antes de las elecciones generales. Para la oposición al PP, la ocasión era como ganar el Gordo sin jugar ya que la corrupción será (previsiblemente) uno de los grandes hits de la campaña electoral. Sin embargo, los abogados de la Generalitat han pedido su aplazamiento… sin éxito. ¿Por qué? Hagamos historia

Lo primero que hay que aclarar es que, pese a lo que se ha dicho, este caso no guarda ningún punto en común con el de Carlos Fabra. Nadie discute que 22 de diciembre de 2011, el segundo premio de la Lotería de Navidad cayó en Manises y que parte de la fortuna llegó gracias a las participaciones que vendía el PP local. En cambio, el expresidente de la Diputación de Castellón era un imán para la suerte: ni la Diosa fortuna, ni la estadística ni el sentido común puede explicar cómo le pudo sonreír la suerte nueve veces en doce años. En el ‘juicio de la lotería de Emarsa’ lo que se discute es si hubo alzamiento de bienes y quién resultado agraciado en el sorteo.

Hecho el preámbulo, los hechos comenzaron el pasado 21 de abril, el juzgado de lo penal número 6 comunicó a las partes que el 'juicio de la lotería' comenzará cuatro días antes de las Elecciones Generales de junio y daba cinco días para posibles alegaciones. La Abogacía General de la Generalitat fue la única en pedir el aplazamiento basándose en que, el pasado 27 de abril, el Tribunal Supremo anuló la condena de la Audiencia Provincial de Valencia para Carlos Crespo (hermano de Enrique) y remitió la causa a la Audiencia Nacional para que se celebre después del juicio de Emarsa.

El TS sólo se basó en que la Audiencia Provincial de Valencia no tenía competencias (de hecho, otro caso similar del caso Emarsa se juzgó en Madrid), algo que ya habían denunciado tanto el fiscal como el abogado defensor de Enrique Crespo. Pero, sibilinamente, el alto tribunal recordaba que no tenía ningún sentido juzgar un caso de blanqueo de capitales hasta que no exista una sentencia sobre el caso Emarsa: Hasta que al exvicepresidente de la Diputación no se le condene por haberse quedado dinero de la depuradora de Pinedo, no se puede juzgar a su hermano por su presunta ayuda para blanquear nada.

Con estos antecedentes, la abogacía de la Generalitat no quería sumar un segundo revés. Si Enrique Crespo resulta finalmente absuelto en el caso Emarsa, no pudo haber alzamiento de bienes (que es lo que se dirime en el ‘juicio de la lotería’). Así, solicitó que el juicio oral no se inicie hasta que se juzgue el caso principal (a finales de año). Al final, se mantiene la fecha prevista.

El juicio, más allá de lo político, tendrá también una curiosa dimensión social ya que tendrá que responder a la pregunta de ¿a quién le toca un billete de lotería? Técnicamente, al boleto pero... ¿De quién es el dinero? ¿Del que lo tiene en su poder o del que ingresa la cantidad agraciada? En otras palabras, ¿le tocó a Enrique Crespo y se lo dio a sus familiares para que, en caso de ser condenado, no tuviera que hacer frente a una posible indemnización o la agraciada fue su familia, tal y como él siempre ha sostenido?