La automoción valenciana se lanza a por las ayudas del Perte Vec II

VALÈNCIA. Una semana después de lanzar la primera línea de ayudas de la segunda convocatoria del Perte VEC, dotada de 850 millones para proyectos de producción de baterías, el Gobierno publicaba este jueves la segunda parte. En esta ocasión, los fondos van a proyectos de inversión orientados a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado. Una nueva oportunidad de recibir una importante inyección económica que ha vuelto a despertar el interés de la automoción valenciana. 

Así, multinacionales como Ford o PowerCo, filial de baterías del Grupo Volkswagen, y empresas locales como Nutai, ya estudian sus requisitos para optar a las ayudas, según confirman a este diario. Y es que a partir de la experiencia de la primera convocatoria, el Ministerio de Industria ha introducido adaptaciones que van en la línea de las exigencias de las compañías, muchas de las cuales no se pudieron presentar por la rigidez de sus exigencias.

Según publicaba este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta segunda línea del Perte VEC II se dirige a respaldar planes orientados a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, sus sistemas, subsistemas y componentes, y sistemas de infraestructura auxiliares necesarios para su despliegue. La ventanilla de la convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 344 millones de euros en subvenciones y 215 millones en ayudas, estará abierta a partir del próximo 16 de agosto y hasta el 15 de septiembre.

Desde Ford confirman a este diario que están analizando las bases porque su voluntad es concurrir a esta nueva línea, como ya han hecho con la primera, a la que han presentado una solicitud para un proyecto de ensamblaje de baterías en la planta de Almussafes (Valencia). "Estamos estudiando esta segunda línea", señalan fuentes de la firma del óvalo a este diario. 

De hecho, desde un principio su voluntad ha sido presentar solicitudes a ambas secciones del Perte VEC II, ya que esta nueva convocatoria del Gobierno se ha hecho tomando en consideración su opinión y necesidades. Tanto es así que en el último año el Gobierno ha estado trabajando con la multinacional para que en esta nueva ocasión optara a las ayudas, tras renunciar en la primera edición a los 106,3 millones de euros que el Gobierno de España le había asignado ante la imposibilidad de cumplir con los plazos exigidos.

Pero no es la única firma que estudia los fondos. La ingeniería valenciana Nutai, especializada en manipulación inteligente de piezas, mecatrónica y proyectos llave en mano, también examina sus bases para presentar solicitud. De hecho, ya se presentaron en la iniciativa 'Future: Fast Forward' de Volkswagen, que incluía la construcción de la gigafactoría de celdas de baterías en Sagunt.

Y, precisamente, PowerCO, la filial de baterías del Grupo Volkswagen, es otra de las firmas valencianas que también baraja repetir y optar a estas nuevas ayudas. "En este momento estamos analizando la convocatoria, así como todas las opciones que nos permitan sumar a nuestro objetivo de ser un elemento fundamental en la electrificación de España", explican desde la compañía. 

Eso sí, la empresa estaría interesada en la primera línea del Perte Vec II, que va dirigida a proyectos de baterías. Y más teniendo en cuenta que hace unos días que el presidente de Seat, Wayne Griffits, anunció 300 millones de euros de inversión en la construcción de una planta de ensamblaje de celdas de baterías en Martorell (Barcelona), que se encargará de montar las celdas que fabricarán en Sagunt. Por ello, su aspiración sería rascar financiación para acometer este proyecto.

Perte VEC II

Esta segunda convocatoria del Perte VEC se articula en dos líneas. La primera, la sección A, cuya convocatoria salió el 7 de julio, se dirige a incentivar la inversión en capacidad de producción industrial de baterías destinadas al vehículo eléctrico, sus componentes esenciales y la producción o recuperación de materias primas fundamentales necesarias.

Está dotada de 850 millones de euros, de los que 550 millones son subvención y los 287 millones restantes concesión en el formato de préstamos. Las ayudas oscilarán entre 150 millones y 300 millones de euros para la inversión en el ámbito de las baterías, según si se realice en zona asistida; mientras que para las inversiones en componentes esenciales la ayuda no superará los 100 millones de euros, y en el caso de las destinadas a materias primas, el montante no superará los 25 millones de euros. 

La segunda, la sección B y que publica este jueves el BOE, se dirige a respaldar planes orientados a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, sus sistemas, subsistemas y componentes, y sistemas de infraestructura auxiliares necesarios para su despliegue. Cuenta con un presupuesto de 344 millones de euros en subvenciones y 215 millones en ayudas y estará abierta entre las 9:00 horas del 16 de agosto y el 15 de septiembre. El plazo de ejecución de los proyectos será o bien hasta cuarenta meses contados desde la fecha de resolución de la concesión, ampliables doce más, o bien sesenta meses desde la misma fecha.

A nivel general, en esta edición se han introducido algunas novedades respecto de la primera, en la que concedieron ayudas a diez grandes proyectos tractores -entre ellos la gigafactoría de Sagunt- por valor de 794 millones de euros (526 millones en subvenciones y 268 millones en préstamos). Entre los cambios se ha sustituido el esquema de la agrupación de empresas en torno a un proyecto tractor por uno basado en proyectos individuales para empresas del sector más ágil y dinámico.

Asimismo, se ha establecido un sistema de concurrencia simple que va a permitir resolver los proyectos por orden de llegada, y se han extendido los plazos de ejecución de los proyectos e inversiones que se presenten. Y es que desde la industria se incidió en la necesidad de ampliar los plazos para la ejecución de los proyectos a fin de acomodarse a los calendarios de planificación de inversiones de las empresas constructoras de automóviles. Una flexibilidad que ofrece esta nueva oportunidad que da el Gobierno a las empresas.