VALENCIA. La patronal de la provincia de Valencia (CEV) solicitó este jueves la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria de los órganos de gobierno de la autonómica Cierval para analizar sus cuentas y el impacto de la caída de la alicantina Coepa, una de las tres entidades fundadoras de Cierval. Con ello, según explican fuentes empresariales, se pretende desplegar una suerte de cordón sanitario para evitar que la insolvencia de la alicantina salpique a Cierval e, incluso, implique responsabilidades para sus directivos.
La exigencia de la CEV llega después de que Coepa formalizase este jueves la petición de concurso de acreedores al no haber podido llegar a un acuerdo con el IVF para refinanciar una deuda de 3,9 millones de euros. Casi a la misma hora que la organización alicantina realizaba el trámite, la valenciana tomaba posiciones con el objetivo de limitar los daños.
La organización que preside Salvador Navarro analizó este jueves sus propios informes jurídicos para valorar las consecuencias de la entrada en concurso de Coepa, tanto en Cierval como en la CEV. La organización autonómica es, después del IVF, el segundo acreedor por volumen de deuda de Coepa, ya que le debe cerca de medio millón de euros por cuotas impagadas.
Tal y como publicó este diario, la declaración de insolvencia de la patronal que lidera Francisco Gómez tras la dimisión de Moisés Jiménez de la semana pasada tendría varias consecuencias inmediatas en la autonómica, como la necesidad de provisionar esa deuda o la interrupción de las transferencias de fondos públicos de la Ley de Participación Institucional. No se descarta incluso que Cierval también tuviera que solicitar la declaración de concurso.
El comité ejecutivo de la organización que preside José Vicente González ya analizó el pasado martes los diferentes escenarios que se plantean y cómo les salpicarían, tanto individualmente como a la relación entre ellas, según un informe jurídico encargado por la patronal a una firma independiente. Por "complicada" que fuera la situación "siempre será solucionable a través de la adopción de medidas adecuadas", especificó en un comunicado.
La gestión de Cierval de la crisis de Coepa, desatada en noviembre con la declaración del preconcurso, no ha gustado a muchos de los integrantes de la patronal de Valencia, que creen que la patronal autonómica ya debería haber tomado medidas en previsión de lo que podría suceder.
Una vez estabilizada la situación y cortadas las vías de contagio, los integrantes de la CEV estudian varias opciones para reflotar la patronal autonómica, que queda seriamente tocada con la caída de una de sus tres patas.
Dado que hoy por hoy es la patronal de Valencia el principal sustento económico de la autonómica, una de las opciones es que la CEV se haga cargo del quebranto que ocasiona en Cierval la insolvencia de Coepa.
la CEV ya planteó en su última asamblea la intención de asumir más peso dentro de Cierval
Salvador Navarro, presidente de la CEV, ya planteó en la última asamblea de su organización la intención de asumir más peso dentro de Cierval. Esto es, un nuevo reparto de poderes que reflejara la aportación al PIB autonómico de las empresas de cada una de las provincias.
Esa propuesta, que nunca llegó a concretarse, podría materializarse ahora de manera similar con una de las posibilidades que se manejan para reflotar a la patronal autonómica. El planteamiento consistiría en diluir las organizaciones provinciales dentro de la autonómica para darles más protagonismo a los sectores. En esencia, se trataría de superar la estructura provincial para avanzar a una organización basada en sectores productivos, tal y como han reclamado en los últimos meses algunos de estas organizaciones sectoriales.
El recorrido de esa propuesta dependerá de cuán lejos estén dispuestas a llegar las organizaciones provinciales para renunciar a su identidad propia en pro de un proyecto empresarial colectivo de ámbito autonómico. Si bien hay que tener en cuenta que ni Alicante, por razones obvias, ni Castellón, como consecuencia de la investigación por el uso de las ayudas públicas, estarían en disposición de plantear demasiadas resistencias.
Esta posibilidad incluiría el traspaso de activos y pasivos a la nueva organización de ámbito regional, que tendría que cambiar sus estatutos para, incluso, adoptar una nueva nomenclatura.