VALÈNCIA. Es lícito que concurran empresas vinculadas entre ellas a contratos sin concurso de la administración. Así lo aseguran en la concejalía de Contaminación Acústica, que dirige Giuseppe Grezzi, tras haber aflorado al menos cuatro adjudicaciones de este tipo en las que se pidieron ofertas a las mismas compañías, las tres radicadas en un mismo polígono industrial de Valladolid, y que además pertenecen a una misma propietaria.
Las tres compañías, como publicó Valencia Plaza, fueron contactadas por el departamento municipal en varias ocasiones para solicitarles presupuesto y, de esta manera, escoger la mejor oferta para el Ayuntamiento de València. Pero el Ayuntamiento sólo deja al arbitrio de la fortuna y la casualidad el hecho de que, de toda España, se fuera a pedir presupuesto, sin saberlo, a tres empresas administradas o propiedad de una persona, Ana Esther Espinel Valdivieso, como figura en el registro mercantil.
"Se desconoce si en la actualidad esas empresas están o no vinculadas entre sí", aseguran desde la concejalía, consultada por este diario. Allí señalan que esto estaría permitido: "La norma no prohíbe que se presenten empresas vinculadas entre sí". Es más, señalan en el departamento, "es algo que ocurre en procedimientos abiertos -concursos públicos- y lo que se hace es valorar la oferta económica de la manera que indica la ley".
Hay que recordar, en este sentido, que en los concursos públicos, son las empresas las que acuden a la licitación para competir por un contrato, mientras que en un contrato menor, sin concurso público, es la administración la que debe pedir ofertas a tres empresas para, más tarde, seleccionar la más adecuada. Una concurrencia y competencia pretendidas por la normativa también en los contratos 'a dedo' pero que pueden verse contravenidas por prácticas colusorias si los concurrentes están vinculados.
Así pues, en el Ayuntamiento aseguran desconocer que estas empresas estaban estrechamente relacionadas, puesto que en las instrucciones de contratación que afectaban a las mencionadas adjudicaciones "en ningún momento se indica que se deba pedir información extra más allá del presupuesto", sino que sólo se debe "tener en cuenta la solvencia técnica de las empresas a invitar, cosa que se hizo", insisten en ese sentido.
Ciertamente, la coincidencia podría considerarse una casualidad puntual si no fuera porque se ha detectado en al menos cuatro contratos, relativos a servicios como la actualización del mapa estratégico de ruido, la realización de un estudio acústico de las redes ferroviarias en València o la creación de modelos acústicos en el municipio. Según la concejalía, "en diversas situaciones" como esta, "las empresas que pueden realizar un servicio determinado a veces son muy pocas". Motivo por el cual estarían justificadas las repetidas invitaciones a las mismas tres empresas del mismo polígono de Valladolid.
Hay que recordar que, en otro caso similar, la Agencia Valenciana Antifraude ya advirtió al Ayuntamiento sobre los efectos perniciosos que esta práctica irregular podía alumbrar. Tras invitar a contratos de este estilo a profesionales que trabajaban en un mismo despacho, el organismo dejó claro que esta praxis "podría haber provocado una situación de concertación de precios y una conducta colusoria del mercado", y en definitiva, "haber comprometido la objetividad y la eficiencia en la asignación de recursos públicos".
Es más, la Agencia que dirige Joan Llinares llegó a forzar al Ayuntamiento a elaborar unas nuevas instrucciones internas de contratación dirigidas precisamente a evitar este tipo de casos. Unas instrucciones que la Vicesecretaría General del Ayuntamiento remitió a los servicios municipales el mismo día que se adjudicaron los últimos dos contratos de la concejalía de Grezzi, el 18 de noviembre.
En dichas instrucciones se especificaba precisamente un apartado dirigido a evitar ofertas presentadas por, literalmente, "personas o empresas vinculadas". Y ordena que en todos los contratos menores, el Ayuntamiento exija a las compañías o profesionales a los que se les pida presupuesto, la presentación de una declaración responsable donde dejen claro que "no han presentado ninguna otra oferta" con empresas vinculadas. Con el objetivo de que no se dé "ninguna conducta colusoria". Sobre ello, la concejalía insiste en que este requisito "hasta el momento no se exigía a nivel municipal", pero que "así se hará a partir de su entrada en vigor".