ccEl alcalde de València, Joan Ribó, y la vicealcaldesa, Sandra Gómez. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Cuando la dirección de la EMT de València hizo públicas las primeras y vagas informaciones sobre el fraude de cuatro millones del que había sido víctima, pocos podían augurar el alcance que ello iba a tener tanto en la propia empresa como en el Ayuntamiento de la ciudad, que dirigen Compromís y PSPV. En el seno de la compañía de transporte que perside el edil Giuseppe Grezzi, ha implicado un terremoto para empleados y sindicatos, ha puesto en solfa su funcionamiento interno, e incluso ha cuestionado aspectos sobre los que hasta el momento no se había puesto el foco.
Una situación que, pese a circunscribirse inicialmente al ámbito de la EMT, se ha trasladado en forma de desacuerdo y desconfianza a la mesa del equipo de gobierno hasta el punto de haber provocado la primera gran crisis entre ambos socios. El malestar ha sido tal que incluso, a modo de ejemplo, todavía permanecen en el aire las negociaciones para el reparto de las alcaldías pedáneas, cuya renovación debería haberse acometido hace más de un mes.
Desde entonces, se ha tratado de rebajar la temperatura al menos en apariencia, y las fuerzas lideradas por el alcalde, Joan Ribó, y la vicealcaldesa, Sandra Gómez, se han esforzado en mostrar unidad públicamente. Aunque lo cierto es que cuantos más detalles se van conociendo sobre los engranajes de la EMT, más son los interrogantes que surgen. Y no sólo en la oposición, sino también entre los socialistas, para quienes los últimos acontecimientos empiezan a revestir de gravedad el caso de la empresa municipal que preside Compromís.
Una trabajadora que se encontraba de baja pero que mantenía su capacidad de firma, unos protocolos de control que resultaron del todo inoperantes, la presencia del gerente de la empresa en su puesto cuando se produjo el fraude, etcétera. Y por si estas dudas generadas en torno al fraude fueran pocas, ahora el recelo va más allá y la atención se fija en otros responsables relacionados con la empresa pública, como es el caso del secretario del Consejo de Administración, Salvador Martínez Tarín.
Él ha constituido el último y más contundente motivo de las suspicacias entre los socios de gobierno. Tarín, contratado sin concurso público en 2015 a propuesta de Grezzi, y aprobado por el propio Consejo, ha facturado mediante su bufete, SMT Asesores, más de 220.000 euros al ente público desde entonces entre asesoría y honorarios adicionales. Ahora, el Consejo ha aprobado -con voto a favor de Compromís y PSPV- aumentar su salario base de 600 euros mensuales a 3.000.
Las cuantías no son una minucia aunque en Compromís se escudan en que durante la etapa del gobierno del PP estos gastos en asesorías externas eran mucho mayores. Pero más allá de ello, huelga resaltar que la EMT es la única mercantil municipal cuyo secretario no es un habilitado nacional, un funcionario del ayuntamiento. Una consideración a tener en cuenta tras conocerse las últimas informaciones sobre SMT Asesores. Y es que según avanzó Las Provincias este viernes, el cuñado del alcalde, que es abogado, ostenta el 32% de dicho bufete.
Aunque en el equipo de gobierno han tratado de quitar hierro al asunto, esta conexión ha hecho saltar las alarmas en el PSPV. El vicealcalde Sergi Campillo (Compromís) aseguró tajantemente que "no hay caso" porque "no hay relación contractual entre el cuñado del alcalde y la EMT". Mientras, la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSPV), por su parte, se mostró mucho más comedida y quiso esperar a conocer la información de primera mano y no por la prensa para manifestarse al respecto.
Con todo, las filas socialistas empiezan a acusar el hastío por el escándalo de la EMT y el desgaste que todo ello conlleva al formar parte de un gobierno en coalición. No hay que olvidar que dos de sus ediles, Elisa Valía y Ramón Vilar, son miembros del Consejo de Administración que preside Grezzi, por lo que están viviendo de primera mano la presión mediática que se ha construido sobre el caso, así como los ataques incesantes de la oposición.
Tanto Valía como Vilar e incluso la portavoz socialista, Sandra Gómez, han insistido una y otra vez en que las posibles responsabilidades políticas se deberán concretar en la comisión de investigación abierta en el seno de la EMT y cuya primera reunión se celebró a finales de octubre. Así, cada vez que se les ha preguntado por futuras dimisiones, han sostenido que cuando se haya puesto negro sobre blanco qué falló, podrán empezarse a tomarse este tipo de decisiones.
Para que ello suceda, quedan unos seis meses, pero la tensión informativa parece no tener fin: cada dos semanas, pasarán protagonistas del fraude por la comisión, con su correspondiente repercusión mediática. Y la atmósfera creada entre ambos socios de gobierno no augura un futuro sencillo.
La relación entre el cuñado de Ribó y Martínez Tarín ha sido la gota que ha colmado el vaso en la formación socialista, donde crecen las voces a favor de que se tomen decisiones en la línea de asumir responsabilidades políticas: o lo que es lo mismo, el cese del gerente de la EMT, Josep Enric García, y del secretario. Una decisión que, fuera del ayuntamiento, más de un dirigente de peso de Compromís también considera "lógica".
Ahora bien, en el seno del grupo municipal ya se admite internamente que fue un "error" dejar pasar, por una cuestión de lealtad de gobierno, maniobras de Grezzi como la subida de salario aplicada al citado gerente. Con estos mimbres, parece evidente que la jornada de este viernes fue un punto de inflexión de cara al futuro respecto al caso EMT y la convivencia de gobierno. Este martes, segunda reunión de la comisión de investigación.
