Toni Gaspar. Fotos: KIKE TABERNER VALÈNCIA. El interventor de la Diputación de Valencia mandó a finales de marzo recuperar parte de una subvención entregada por la corporación provincial a la organización Ca Revolta. Lo hacía en un informe de control financiero sobre las subvenciones aprobadas en 2019, que es mucho más amplio y en el que todas las ayudas fiscalizadas, además de la de Ca Revolta, incumplen la normativa por varios motivos.
El interventor analizó una decena de expedientes de subvenciones, que suponen una cantidad considerable al aglutinar cerca de 850.000 euros repartidos por la Diputación, casi el 20% del total de gastos en ayudas. Así pues, entre los diez expedientes hay dos subvenciones aprobadas por concurso mientras que el resto se entregaron sin concurrencia competitiva, 'a dedo'. Eso sí, en los diez casos se han comprobado múltiples "incumplimientos de la normativa".
Por ejemplo, ninguna de ellas se encontraba recogida en el plan estratégico de subvenciones, una obligación recogida por la legislación y el Tribunal Supremo y cuyo incumplimiento evidencia, a juicio del interventor, "una problemática general" en cuanto a planificación y gestión por objetivos e "impide o dificulta sobremanera" medir la eficacia y eficiencia del gasto público porque es "imposible" controlar el cumplimiento de unos objetivos o indicadores fijados previamente a la entrega de las ayudas. También se ha constatado un incumplimiento "generalizado" de la ley de Transparencia: los beneficiarios no publican la información de estas subvenciones en sus portales de internet.
Pero el interventor va más allá y concretamente en las ayudas nominativas, sin concurso, constata que en ninguno de los casos se ha acreditado lo suficiente el uso de este procedimiento que, según la legislación, debería ser algo extraordinario y excepcional. Así pues, la ley exige que se argumente para cada una de estas ayudas y siempre de manera singularizada por qué se ha utilizado esta vía directa. Algo que a juicio del órgano fiscalizador no se hizo en ninguna de las ocho subvenciones repartidas por este método.
Asimismo, el informe anual subraya que en la mitad de las subvenciones se contravino diversas obligaciones en la justificación de los gastos que se estaban subvencionando. Las entidades beneficiarias deben presentar una cuenta justificativa de los gastos para verificar que pueden ser objeto de financiación pública -hay determinados gastos que no pueden ser subvencionados-. Sin embargo, hay "incumplimientos e incorrecciones" en estas cuentas.
Por ejemplo, que no se acreditan ayudas de otras administraciones que hayan financiado los mismos programas que la Diputación. Una información "esencial" para evitar que a la postre, la suma de las ayudas de diferentes instituciones a un mismo fin acabe superando el coste del programa en cuestión. Y además, se ha detectado la existencia de justificantes de gastos "cuyo carácter subvencionable resulta dudoso". Infracciones todas estas que, dice el interventor, "pueden dar lugar al reintegro de las subvenciones -como ocurrió con Ca Revolta- por parte de los beneficiarios e, incluso, a la procedencia de imposición de sanciones a los mismos".
Las diez subvenciones analizadas son las repartidas por concurrencia a la Federación de Casas de la Juventud por 18.000 euros y a Ca Revolta por 65.000; y las entregadas sin concurso a la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (50.000), la Cámara de Comercio (150.000), la Universitat de València (125.000 y 20.000), la Comunidad de Regantes de la Acequia Benacher y Faitanar y la de Quart (100.000 a cada una), el Colegio de Abogados (200.000), y la Sociedad de Festeros d'Ontinyent (20.000). En total, cerca de 850.000 euros analizados.
Entre las recomendaciones que formula el interventor ante todas las mencionadas vulneraciones, se encuentran "motivar adecuadamente" el uso de las subvenciones 'a dedo' y usarlas únicamente "cuando resulte inequívoco que no es viable la concurrencia pública", realizar un plan estratégico de subvenciones global para "aumentar la seguridad jurídica y objetivar" las subvenciones, así como modificar la ordenanza provincial de ayudas y centralizar la entrega de subvenciones en un departamento para tal efecto, entrenado y con los recursos suficientes.
