Foto: CA REVOLTAVALÈNCIA. El interventor de la Diputación de València ha ordenado iniciar el expediente para la recuperación de una subvención de 64.000 euros entregada a la organización Ca Revolta. El órgano de control de la corporación provincial recoge en su informe definitivo de control financiero de subvenciones del año 2019 varias deficiencias en la entrega de esta ayuda que obligan a exigir el reintegro según la normativa
Según el interventor, el expediente incumple la legislación de subvenciones porque no se justifican lo suficiente los gastos incluidos en la subvención y porque se revela imposible verificar el uso de los fondos percibidos. La corporación provincial entregó la ayuda en el marco de la convocatoria de subvenciones por concurrencia para actividades culturales de 2019. El decreto para la concesión por parte del presidente, Toni Gaspar, data de mediados de septiembre y el pago de esta ayuda se aprobó el último día del año. Concretamente, ascendió a 64.538 euros.
Por un lado, el interventor constata que el contenido de la justificación de esta subvención "no se ajusta a lo previsto en la convocatoria" al detectar que "falta la declaración de otros ingresos o fondos propios, no se acredita el pago material de los justificantes de gasto, falta póliza de seguros" y además "se justifican gastos expresamente señalados como no subvencionables en la convocatoria".
Asimismo, el informe subraya que el beneficiario, en este caso la asociación Ca Revolta, no comunicó a la Diputación, como es obligatorio según la Ley General de Subvenciones, que había recibido otras subvenciones de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València para el proyecto total, que ascendía a 137.000 euros. Tampoco en el expediente constaba que la asociación estuviera al corriente en sus obligaciones fiscales, si bien más tarde en la fase de alegaciones esto sí se acreditó.
En el apartado referente a los controles efectuados sobre el beneficiario, el interventor constata que entre los costes directos del proyecto, unos 50.000 euros, se incluyó material inventariable "no admisible" porque la ayuda de la Diputación es de gasto corriente y material "no imputable a las actividades", todo ello por valor de más de 2.500 euros. En los costes indirectos también se incluyen gastos de asesoría laboral y contable, casi 1.700 euros, "que quedan expresamente excluidos en las cláusulas particulares de la convocatoria". Esto es, unos 4.200 de gastos que no se deberían haber pagado con dinero público.
Además de todo ello, el interventor también cuestiona que se contemplaran como gastos subvencionables los de la amortización de la hipoteca. La ley dice que las bases reguladoras de las ayudas puedan establecer esta regla especial, pero en este caso no se hizo y por tanto "resulta discutible su admisión como gasto justificable".
También se han hallado deficiencias en las anotaciones contables de la asociación sobre las diferentes subvenciones que recabó para este proyecto, pues en la relación de ingresos de 2019 se recogen cuatro apuntes que "son discrepantes" con lo que se explicita en la cuenta de explotación de la asociación y en el portal de transparencia de la entidad.
"Ninguno de los importes relacionados se corresponde con la subvención de la Diputación objeto de la justificación, siendo todos ellos inferiores a la misma, por lo que puede concluirse que los ingresos contemplados en concepto de subvenciones se encuentran infravalorados", concluye el órgano de fiscalización, quien sentencia: "La documentación así presentada incumple lo previsto en el artículo 30.4 de la Ley General de Subvenciones". Por todo ello, la Intervención insta a la Diputación a "que inicie el expediente de reintegro parcial de la subvención".
