La empresa mixta de vivienda propuesta por Compromís en València, en el aire tras dos años

VALÈNCIA. Más de dos años han pasado desde las elecciones municipales. Y sobrepasada la barrera psicológica de la mitad de mandato, un mandato marcado decisivamente por la pandemia de coronavirus, no es extraño que tanto los gobiernos como las fuerzas de la oposición empiecen a evaluar las políticas públicas llevadas a cabo durante este tiempo, así como el grado de cumplimiento de las promesas electorales.

En València ciudad, uno de los pilares fundamentales de la última campaña fue el problema del acceso a la vivienda. Y una de las propuestas más destacadas al respecto provino de Compromís, la coalición electoral liderada por Joan Ribó que revalidó la Alcaldía. La idea de la coalición valencianista era la creación de una empresa mixta participada por el Ayuntamiento que agilizara la construcción de vivienda de alquiler asequible en la ciudad, persiguiendo así un modelo de vivienda pública similar al de capitales como Viena.

El planteamiento realizado por Compromís era que el Ayuntamiento aportara el suelo necesario para la construcción de los inmuebles y buscara, a su vez, a uno o varios socios privados encargados de ejecutar las obras y de gestionar el parque de viviendas. Eso sí, en el concurso correspondiente para elegir al socio o a los socios se fijarían unos precios máximos del alquiler de estas viviendas para asegurar que fueran asequibles. Una forma de funcionar que aunaría, según defiende la coalición, la agilidad de las empresas privadas en la construcción de vivienda y el control público en el precio de los alquileres.

Sin embargo, pasado el ecuador del mandato poco se sabe de esta empresa mixta y diversas fuentes del ejecutivo municipal, conformado por Compromís y PSPV, admiten que no es una de las prioridades ahora mismo, especialmente tras el estallido de la pandemia de coronavirus, que ha modificado la escala de preeminencias en el seno del Ayuntamiento de València, como en el resto de instituciones.

Recién nombrada Isa Lozano (Compromís) edil de Vivienda en 2019, explicaba en una entrevista a Valencia Plaza que la constitución de esta empresa mixta era "la primera actuación" a realizar en materia de vivienda. Pese a ello, el acuerdo de gobierno suscrito con los socios, el PSPV que lidera Sandra Gómez -a la postre, concejala de Urbanismo-, no acabó recogiendo esta medida. Pero aún así, Lozano tenía "clarísimo" que, aunque no se encontraba en el pacto de gobierno, la empresa mixta iba "adelante" dado que "está hablado con el alcalde" y con entidades del sector, por lo que había "posibilidades y voluntad de colaboración".

Con todo, en las últimas semanas, preguntadas fuentes de la concejalía de Vivienda, explican que, aunque la creación de esta empresa participada por la administración municipal y socios privados se planteó "como posibilidad" desde la coalición valencianista y que la idea "continúa estando presente", lo cierto es que "nos encontramos ante un mandato donde se han tenido que reconvertir de manera urgente las prioridades y los recursos por las circunstancias".

Asimismo, pasada la primera mitad de mandato, el tiempo empezaría a apremiar para la constitución de una nueva firma municipal, a juicio de diferentes fuentes consistoriales, especialmente si se requiere de una licitación para la selección del socio privado de la empresa. Una circunstancia que, sumada a la escasez de recursos durante el período postpandémico, dificultaría que la firma llegue a ser una realidad antes de los próximos comicios.

Alternativas: Aumsa, cesión de suelo y tanteo y retracto

En este sentido, en Vivienda explican que "hay otras formas de construir vivienda pública" y que actualmente "se está actuando desde diferentes frentes". Por ejemplo, señalan que ahora mismo "quien tiene la competencia directa" es la ya existente empresa pública Aumsa, dependiente exclusivamente del consistorio, y en concreto de la concejalía de Urbanismo (PSPV). Un apunte revelador dado que son precisamente los socialistas, que dirigen esta área y Aumsa, los que manifiestan dudas sobre la creación de una nueva empresa mixta habiendo ya una dedicada precisamente a construir viviendas.

Aumsa, de hecho, tiene en marcha la construcción de diversas promociones de vivienda de alquiler asequible desde el año 2018, pero podría considerarse que el plan no ha sido todo lo exitoso que se preveía. Si en un principio se pensaba que en 2021 se habrían acabado las 327 viviendas del programa, con una inversión de 54,5 millones de euros cofinanciados por el Banco Europeo de Inversiones, a día de hoy sólo se ha finalizado un edificio de cuatro viviendas (calle Tapineria, 20). El resto de las edificaciones continúan en diferentes puntos de su tramitación.

Otra de las herramientas que quiere utilizar el consistorio, entre que se crea la empresa mixta, es la de cesión de uso de suelo para la construcción de viviendas. La concejalía de Lozano prepara un concurso público para la cesión de terrenos municipales que podrán servir a cooperativas para la construcción de viviendas, que más tarde saldrán al mercado de alquiler con precios asequibles.

El sistema funcionará previsiblemente de la siguiente manera: la celebración de la licitación resultará en la adjudicación de ocho solares municipales, repartidos por diferentes barrios de la ciudad. Allí, las cooperativas elegidas podrán construir los bloques de viviendas, cuya explotación mantendrán durante un período de tiempo y unos precios máximos prefijados en los pliegos, espacio de tiempo con el que podrán rentabilizar la inversión. Y finalmente, pasado este plazo, las viviendas se cederían al Ayuntamiento de València.

Asimismo, el departamento de Vivienda señala al decreto de tanteo y retracto aprobado por la Generalitat Valenciana como un buen método para aumentar el parque público de vivienda. Se trata de dos derechos de adquisición preferente que posibilitan a la administración, en determinados casos, quedarse una vivienda cuando se va a proceder a su venta -tanteo- o después de que se haya vendido -retracto-.

La competencia, propia de la Generalitat, ha sido delegada en consistorios como el de València mediante un convenio de colaboración interadministrativa. En caso de que los consistorios no cuenten con recursos suficientes para poder hacer la tramitación administrativa, el Consell intervendrá a su favor. Eso sí, la administración local será la que asuma el gasto del activo que vaya a adquirir.

Tres métodos que, en conclusión, constituyen formas alternativas de ampliar la vivienda pública de la administración municipal, pero en todo caso muy diferentes a la propuesta de Compromís antes de los comicios.