VALÈNCIA. Más de dos años han pasado desde las elecciones municipales. Y sobrepasada la barrera psicológica de la mitad de mandato, un mandato marcado decisivamente por la pandemia de coronavirus, no es extraño que tanto los gobiernos como las fuerzas de la oposición empiecen a evaluar las políticas públicas llevadas a cabo durante este tiempo, así como el grado de cumplimiento de las promesas electorales.

En València ciudad, uno de los pilares fundamentales de la última campaña fue el problema del acceso a la vivienda. Y una de las propuestas más destacadas al respecto provino de Compromís, la coalición electoral liderada por Joan Ribó que revalidó la Alcaldía. La idea de la coalición valencianista era la creación de una empresa mixta participada por el Ayuntamiento que agilizara la construcción de vivienda de alquiler asequible en la ciudad, persiguiendo así un modelo de vivienda pública similar al de capitales como Viena.

El planteamiento realizado por Compromís era que el Ayuntamiento aportara el suelo necesario para la construcción de los inmuebles y buscara, a su vez, a uno o varios socios privados encargados de ejecutar las obras y de gestionar el parque de viviendas. Eso sí, en el concurso correspondiente para elegir al socio o a los socios se fijarían unos precios máximos del alquiler de estas viviendas para asegurar que fueran asequibles. Una forma de funcionar que aunaría, según defiende la coalición, la agilidad de las empresas privadas en la construcción de vivienda y el control público en el precio de los alquileres.

Sin embargo, pasado el ecuador del mandato poco se sabe de esta empresa mixta y diversas fuentes del ejecutivo municipal, conformado por Compromís y PSPV, admiten que no es una de las prioridades ahora mismo, especialmente tras el estallido de la pandemia de coronavirus, que ha modificado la escala de preeminencias en el seno del Ayuntamiento de València, como en el resto de instituciones.