VALÈNCIA. El Consejo de Administración de la EMT de València dio luz verde en la misma sesión de este miércoles, por un lado a la petición de un crédito de más de 27 millones de euros para atender los gastos más urgentes de la firma -buena parte de ellos salarios- por la delicada situación de tesorería que atraviesa por la crisis del coronavirus, y por otro, a sacar a licitación el concurso de las marquesinas por 14 millones de euros, tras haber quedado desierta la anterior convocatoria.
La primera medida ya se había anunciado: la bajada de hasta el 90% de los clientes y la ausencia de una financiación pública por el momento han abocado a la empresa que preside el edil Giuseppe Grezzi a un estrés de tesorería de unos 27 millones de euros, que ahora intentará cubrir de manera urgente sacando a licitación una póliza de crédito a devolver en un año.
Una delicada situación económica que no ha constituido rémora para la aprobación de la licitación del suministro, instalación y mantenimiento de paradas de la EMT, que inicialmente se planteó en enero de este año, pero cuyo concurso quedó desierto, por lo que ahora se vuelve a intentar. El coste asciende a 14 millones de euros (11,6 más IVA), y se estiman comprar 900 marquesinas, 170 postes, medio centenar de vallas, 10 rampas, 5 plataformas y 40 sistemas de alumbrado autónomo, fundamentalmente.
Cuando este se adjudique, se licitará la gestión publicitaria de estos espacios, que podrían reportar hasta 9 millones de euros según cálculos de la propia empresa municipal. Pero eso llegará, como mínimo, dentro de varios meses. Por el momento, se contratará el diseño la instalación y el mantenimiento del mobiliario urbano. Una de las novedades respecto a la contrata actual es que estas marquesinas serán de propiedad municipal, mientras que las anteriores eran de la empresa adjudicataria. Además, el pliego posibilita que los licitadores ofrezcan señal 5G, cámaras o cargadores USB en las marquesinas para ofrecer un mejor servicio a los usuarios.
Con todo, el gasto fue criticado duramente por la oposición dado el contexto, en el que incluso se ha tenido que retrasar la aprobación hasta septiembre del nuevo convenio laboral porque las subidas salariales que contemplaban podían comprometer la salud financiera de la firma. Los consejeros del PP se abstuvieron y uno de ellos, Carlos Mundina, lamentó que se sacara esta licitación en los momentos actuales, y señaló que si hay alguna marquesina o algún poste en mal estado "que se cambie, pero en estos momentos cualquier euro debe ir destinado a paliar la crisis económica que vivimos y no es prioridad poner nuevas marquesinas sino mantener un servicio de calidad".
Por su parte, el consejero de Ciudadanos, Narciso Estellés, exigió un plan de viabilidad a la compañía huyendo de "microestudios de Grezzi" y que "no se entiende por qué se tiene que acabar dando celeridad a un proceso de instalación suministro y mantenimiento de paradas" en la actual coyuntura. "Pedir un préstamo de 27 millones, y el mismo día proponer contratar 14 millones de las paradas denota la incapacidad de gestión de Grezzi y su dirección", aseveró.
Compromís, PSPV y Ciudadanos votaron a favor de solicitar el crédito de 27 millones, mientras que el PP se abstuvo y Vox lo rechazó. El consejero de Vox Vicente Montañez solicitó también un plan de viabilidad antes de acudir a la deuda para financiarse: "Financiar su circulante por la vía bancaria tiene las patas muy cortas en el mundo de la empresa", sentenció. Y sobre la licitación de las marquesinas, dijo que "existen necesidades más imperantes". Más allá de todo ello, el consejero criticó que la empresa no entregue a los miembros del consejo de administración la documentación precisa y la acusó de tener "la mala costumbre de entregar los documentos durante la reunión, con lo cual nos dejan sin capacidad de estudiarlos y, por tanto, están menoscabando nuestra capacidad a la hora de tomar decisiones".
Como había publicado este diario, el Gobierno de España está estudiando la posibilidad de permitir a los Ayuntamientos dedicar parte de sus remanentes -ahorros por obligación de la ley de estabilidad presupuestaria- a cubrir los desajustes presupuestarios de las empresas de transportes locales. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, pese a admitir que esta medida podría servir para ayudar a paliar la situación económica, subrayó que hay "mejores soluciones" que la administración central podría adoptar.
"Es una solución pero no es la mejor. Los remanentes son dinero del ayuntamiento. Que eso se autorice para la EMT es una solución pero aspiramos a soluciones mejores", dijo el primer edil, que indicó que entre ellas están "las dichas por el ministro" en favor de "un fondo para solucionar los problemas de las ciudades" en este ámbito, "no solo de València".
