VALÈNCIA. Continúa la investigación para esclarecer qué falló en la EMT de València para que cuatro millones de las arcas de la empresa municipal acabaran en dos cuentas de Hong Kong, China. En este proceso, hay una pieza clave: el ordenador de la trabajadora que tramitó los pagos y que fue partícipe -consicente o inconscientemente- del fraude, la que fuera jefa de Administración, Celia Zafra, ya despedida.
Es por ello que, según ha podido saber este diario de fuentes solventes, la empresa municipal ha enviado el ordenador de la exempleada a Telefónica, en Madrid, para que sea examinado. La entidad de transportes municipal pidió en septiembre a Telefónica, operadora de los servidores informáticos de la EMT, un estudio acerca de la seguridad informática de la empresa.
Un informe que se está preparando desde Madrid por expertos de la operadora y que todavía no está concluido, según apuntaron a este diario fuentes conocedoras del procedimiento. Así, gracias al envío del ordenador, su contenido también podrá ser analizado con el propósito de conocer si hubo algún tipo de fallo en la seguridad. Con todo, la EMT se ha guardado toda la información de la computadora en otro disco duro independiente para evitar posibles pérdidas de información relevante.
Lo que se conoce hasta el momento sobre el fraude es que unos estafadores habrían suplantado la identidad del presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, y de un abogado de la firma Deloitte, para engañar a la jefa de Administración y convencerla para que ordenase el pago de numerosas transferencias con el fin de la compra de una empresa en China, todo ello con carácter confidencial.
Como revelan los primeros correos entre la trabajadora y los estafadores, a los que ha tenido acceso este diario, la intención era el robo de al menos 11,4 millones de euros. Tras ocho transferencias, el banco, Caixabank, advirtió al gerente de la EMT de los pagos y estos fueron paralizados.
La estafa a la EMT iba a ser de al menos 11,4 millones de euros
Desde la EMT se ha descargado toda la responsabilidad sobre la empleada, que facilitó los pagos al enviar a los defraudadores la firma de dos de sus superiores. Es muy relevante a este respecto conocer qué movimientos se dieron en el ordenador, pero hay muchas otras preguntas en el aire acerca de los mecanismos de control que podrían haber fallado, algo que niegan una y otra vez tanto en la empresa municipal como en el seno del gobierno municipal.
Una pregunta pertinente es cómo se pudieron realizar ocho transferencias entre los días 3 y 20 de septiembre de cuantías considerables -una media de 500.000 euros- sin que nadie en la EMT advirtiese de las irregularidades. Por encima de Celia Zafra hay en el organigrama tres directivos que, al parecer, no revisaron las cuentas durante todo ese tiempo. El gerente, Josep Enric García, estaba de viaje fuera del país; su subalterna, la jefa de Gestión, María Rayón, se encontraba de baja; pero todavía tenía una directiva por encima, la jefa de Finanzas, Esmeralda Aparisi.
Huelga resaltar a este respecto que, como publicó este diario, la Sindicatura de Comptes advirtió en un informe realizado en 2016 y publicado en 2017 que la empresa municipal debía mejorar el formato y el contenido de las conciliaciones bancarias, que se trata de un procedimiento habitual en las empresas para confrontar los datos contables registrados por la empresa con los movimientos bancarios que ha realizado, lo que permite detectar movimientos que no han sido contabilizados en la empresa.
Una manera de proceder que, insistieron este viernes en la EMT, sí que se realiza, y que se hace de forma diaria. El comunicado de la empresa municipal resalta que un trabajador "tiene como función la realización diaria" de control del "flujo de tesorería bancaria y la situación de las cuentas". "En todo momento hay una persona encargada de realizar esta función", insisten. Lo que conduce a otros dos interrogantes: ¿quién? y ¿si se hacía cada día, por qué no se detectaron estos pagos abultados que se hacían cada dos o tres días?
En la empresa no aclaran qué empleado en concreto es el responsable de esta tarea ni quién estaba encargado de ello durante ese período. De hecho, preguntado exactamente por esta cuestión el pasado lunes, el presidente de la empresa y edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, no aclaró qué trabajadores se encargan de ello.
La EMT también explicó que los pagos "se hacen mediante firma mancomunada del director gerente -Josep Enric García- y la directora del área de Gestión -María Rayón- a través de la banca electrónica" y ha comentado que "en el caso objeto del fraude, la jefa encargada del control de las operaciones de caja, de las facturas y órdenes de pago se saltó todos estos procedimientos, además de no custodiar datos sensibles de la empresa, proveyendo detalles de los DNI y de las firmas de sus superiores".
Sin embargo, según los correos electrónicos que envió la extrabajadora, Celia Zafra, al falso abogado de Deloitte, el trámite incluía otras posibles firmas que la EMT no ha explicado en público. Zafra explica que para facturas mayores de 180.000 euros, como en este caso, se requería dos firmas: la de Grezzi y la del gerente, o en su defecto, alguna de esas dos y la de la jefa de Gestión -María Rayón- o el del "Sr. Martínez", que presumiblemente se trata del jefe de gabinete del gerente, Toni Martínez, dado que en el organigrama no hay otro alto directivo con este apellido.
Es decir, que además del gerente y María Rayón, podían haber firmado las órdenes de pago el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, y el jefe de gabinete. De hecho, la lógica empuja a pensar que hubiesen sido estas dos firmas las más convenientes, teniendo en cuenta que el gerente estaba de viaje y Rayón estaba de baja maternal.
Asimismo, hay que recordar que todo este proceso se inicia con un correo electrónico del supuesto Grezzi informando de las operaciones a la trabajadora despedida y pidiéndole confidencialidad. No resulta descabellado pensar, en este sentido, que ésta hubiera podido requerir la firma al presidente de la empresa, que sí se encontraba trabajando. ¿Por qué no lo hizo? Nada ha trascendido.
En los primeros correos, Zafra informa al supuesto abogado de Deloitte que el pago de la factura se iba a hacer desde Bankia. Sin embargo, finalmente, las transferencias se hicieron desde una cuenta de la EMT albergada en Caixabank. Los interrogantes se ciernen en este sentido sobre las circunstancias que motivaron este cambio en el origen de las transferencias.
Las preguntas guardan más razones atendiendo al hecho de que, tal y como hizo público el alcalde, Joan Ribó, la cuenta de Caixabank había recibido recientemente un ingreso extraordinario de varios millones de euros procedentes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) dirigidos a la compra de nuevos autobuses. Esto podría hacer pensar en que alguien conocía que este dinero iba a llegar a esa cuenta. ¿Quién? ¿Por qué vía habría tenido conocimiento de este movimiento?
Por su lado, el vicealcalde de València, Sergi Campillo, aseguró este viernes que el gobierno no tiene "nada que esconder" y que "todo se ha hecho correctamente". "Ha habido un problema de una estafa que está circunscrita a la persona que fue sometida a esa estafa", dijo en alusión a la trabajadora que efectuó los pagos del fraude.
Así, el vicealcalde lamentó que la oposición municipal -PP, Cs y Vox- "intente enredar" y "ensuciar el buen nombre del Ayuntamiento y de la EMT" y censuró su "desconocimiento". El edil subrayó, además, que "fue el propio concejal Giuseppe Grezzi, durante los últimos cuatro años, quien introdujo todos los controles de doble firma electrónica para hacer los pagos" de la Empresa Municipal de Transportes.
Tras ello, el vicealcalde apuntó que ha habido alguna persona "que se ha saltado ese protocolo" y ha recordado que "la persona que en principio se dejó estafar y que entró en esa operación fue despedida porque presuntamente rompió todos los protocolos de seguridad". "Es verdad que hemos sufrido una estafa. Somos víctimas de una estafa. Seguramente una trabajadora no tuvo las precauciones adecuadas", insistió.
Por ello, criticó que se ponga "en solfa todos los sistemas informáticos del Ayuntamiento de València, de los organismos autónomos y los sistemas de pago". "No tiene nada que ver. Lo único que provocan es ensuciar el buen nombre de este ayuntamiento y de la EMT. No debería ser el camino que siga la oposición", apuntó al respecto.
El próximo miércoles 16 de octubre se celebrará la primera sesión de la comisión de trabajo creada en el seno de la EMT para esclarecer los hechos y responder a todas estas preguntas, y cuyo funcionamiento se aprobó el pasado martes: dos sesiones mensuales durante, al menos, seis meses, duración prorrogable según como se desarrolle la investigación.
La comisión está formada por los miembros del consejo de administración, que son los concejales de los distintos grupos políticos: tres de Compromís, dos del PSPV, dos del PP, uno de Ciudadanos y otro de Vox. Estará en ella el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, pese a que previsiblemente también será convocado a declarar, por lo que será juez y parte en el procedimiento. Los ediles deberán proponer el miércoles comparecencias para las próximas semanas.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, exigió este viernes que un secretario del consistorio se encargue de la EMT y que se informe sobre el saldo bancario mensual de la empresa durante los últimos cinco años. La edil afirmó que plantea con ello que "aumente el control de fiscalización de la empresa pública que anualmente recibe de los presupuestos municipales más de 68 millones de euros" y ha indicado, en este sentido, que la mercantil "no puede seguir como hasta ahora sin un control directo de los secretarios y de la intervención municipal".
La responsable 'popular' consideró "una aberración contable y una desidia injustificable" que los máximos responsables de esta empresa pública, "con casi 70 millones de euros de presupuesto, no comprobaran los saldos bancarios de la empresa a diario". "El grupo 'popular' va a pedir que se informe sobre la periodicidad en que se revisaban los saldos bancarios de la EMT y sobre quiénes eran los responsables políticos de los mismos", agregó la portavoz.
"Es muy sospechoso que los estafadores supieran cuándo las cuentas bancarias de la empresa tenían dinero para perpetrar el robo" y que "aprovecharan que las cuentas de la empresa tenían más de 4 millones a lo largo del mes de septiembre", subrayó la popular a este respecto.
Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València se centró en los nuevos nombramientos de la EMT y anunció que exigirá al consistorio "un informe jurídico que determine la legalidad del contrato" del secretario. Su portavoz, Fernando Giner, consideró "fundamental" que "quede claro si el puesto del secretario de la EMT cumple con la legalidad". "Recordemos que el secretario de la EMT no es municipal, es de confianza -del concejal de Movilidad y presidente de esta compañía pública, Giuseppe Grezzi-. Queremos aclarar si es exigible la concurrencia pública para ese cargo", apuntó.
Asimismo, anunció que su grupo ha solicitado también el contrato que el gerente de la Empresa Municipal de Transportes, Josep Enric García, firmó en 2015. "Como consejeros de la EMT tenemos que tener toda la información necesaria para poder esclarecer responsabilidades directivas en los órganos políticos y jurídicos que creamos necesario", ha afirmado el portavoz de Cs.
