El presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, y el gerente de la empresa, Josep Enric García. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Cuál era el método habitual de pago y qué controles existían a la hora de realizar transferencias en la EMT de València son cuestiones que deberá esclarecer la investigación acerca del fraude que ha dejado un boquete de cuatro millones de euros en la empresa pública. No obstante, lo cierto es que la entidad ya fue advertida en diciembre de 2017 de que debía reforzar el control sobre los movimientos y las operaciones bancarias.
Así, el informe de fiscalización realizado por la Sindicatura de Comptes sobre el ejercicio 2016, publicado en diciembre de 2017, sobre la mercantil pública municipal ponía sobre la mesa diversas recomendaciones para la mejora de la gestión en múltiples áreas, entre ellas la de tesorería. Concretamente, el órgano de fiscalización que dirige Vicent Cucarella aconsejaba a la EMT por un lado modificar el formato y el contenido de las conciliaciones bancarias.
Hablando en plata, la conciliación bancaria es un procedimiento habitual en las empresas para confrontar los datos contables registrados por la empresa con los movimientos bancarios que ha realizado. Esto permite detectar las diferencias entre un registro y otro para realizar los ajustes correspondientes. De hecho, con estas revisiones se pueden advertir movimientos que no han sido contabilizados en la empresa.
Es una práctica que, según explican fuentes expertas, las empresas pueden hacer con la periodicidad que deseen: de forma diaria, semanal, mensual, trimestral, etcétera. E incluso existen softwares especializados que advierten a los directivos de una empresa cuando se producen desembolsos de dinero mayores de una determinada cantidad. En 2017, la Sindicatura de Comptes recuerda a la EMT que en estas operaciones se deben mostrar "los diferentes tipos de operaciones, la fecha de elaboración y las firmas del preparador y del revisor".
Asimismo, y en otro orden de cosas, el órgano fiscalizador autonómico insistió en que la empresa tenía que actualizar las fichas de personas autorizadas para la disposición de fondos en las entidades bancarias con los responsables vigentes en cada momento, al mismo tiempo que proponía realizar el cuadre de caja fija de forma periódica.
Esto último es también un mecanismo de control del cash de la mercantil con el propósito de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo para constatar que el saldo de la cuenta sea igual al de la caja. Otro objetivo que tiene el cuadre o arqueo de caja es verificar el uso adecuado del dinero recibido o asignado por las personas responsables.
En cuanto al área de contratación, la Sindicatura de Comptes insta a la EMT a solicitar "la colaboración de los servicios jurídicos, de intervención y técnicos del Ayuntamiento de València" con el fin de que emitan los informes necesarios en los procesos de contratación. Una medida de fiscalización que se ha dejado escuchar entre miembros de la oposición estos días hasta el punto de que Ciudadanos pidió que el Ayuntamiento interviniera económicamente la EMT para que los habilitados nacionales fiscalizaran los gastos.
Todas las consideraciones mencionadas cobran actualidad por el fraude millonario perpretado contra las arcas de la empresa pública. Unos hechos que se investigarán en una mesa de trabajo en el seno de la empresa que fue aprobada el pasado miércoles en el Consejo de Administración extraordinario. Esta mesa de trabajo estará presidida por la concejala socialista Elisa Valía y contará con la presencia del secretario municipal.
El próximo lunes el presidente de la EMT, el edil de Compromís Giuseppe Grezzi, ha convocado un Consejo de Administración ordinario, si bien no hay ningún punto del orden del día relacionado con esta mesa de trabajo. Según ha podido saber este diario, el mismo lunes, la edil socialista Elisa Valía y el secretario empezarán a diseñar las primeras lineas de una propuesta para la constitución de esta mesa de investigación que podría elevarse al Consejo de Administración de llegar a tiempo.
A esta propuesta inicial, que recogería entre otras cosas los nombres de los comparecientes, los grupos políticos podrían añadir nuevas intervenciones. Entre las filas de Ciudadanos, por ejemplo, creen que lo más conveniente sería que comparecieran en la investigación el propio presidente de la EMT, Grezzi, el gerente de la empresa, Josep Enric García, así como la trabajadora cesada que realizó los pagos, Celia Zafra, y las dos directivas que se encontraban por encima de ella. Hay que recordar que ninguno de los superiores a Celia Zafra se percataron de las ocho salidas de dinero de la cuenta bancaria realizados entre el 3 y el 20 de septiembre.
Estos nombres también se dan por sentado en las filas del gobierno municipal. Pero además, Ciudadanos plantea que desfilen por la mesa de investigación miembros del departamento de informática y otros directivos, aunque cree oportuno que, además, se entreviste a expertos para contar con puntos de vista más objetivos y esclarecedores. En el Partido Popular mantienen su escepticismo sobre que esto llegue a debatirse el lunes, dado que no se ha previsto en el orden del día.
Lo que sí contendrá el orden del día del Consejo de Administración ordinario es la ratificación del gerente, el ascenso a director adjunto del jefe de gabinete, y el nombramiento de una jefa de comunicación, así como el nombramiento de un secretario-no consejero. Cuestiones que se aplazaron el pasado miércoles debido a las presiones del PSPV y de la oposición, por su carácter ordinario y no extraordinario. Tanto en PP, como en Ciudadanos y Vox, insisten en que no se debería renovar la confianza en la dirección tras la estafa sufrida, al menos hasta esclarecer los hechos y que se depuren las responsabilidades.
No obstante, lo cierto es que el contrato del gerente, por ejemplo, finaliza este mes de octubre, por lo que no renovarlo supondría dejar descabezada la empresa, una situación que ya se ha dado en otras ocasiones pero que no es deseable para los miembros del gobierno municipal, quienes insisten en que no habría ningún obstáculo ni coste adicional para el despido de los altos cargos después de ser renovados, si así se decide al concluir la investigación.
Asimismo, como ya ocurrió con el Consejo del pasado miércoles, junto a la convocatoria no se ha adjuntado la documentación correspondiente a 48 horas hábiles de la celebración de la reunión, motivo por el cual ya advierten en la oposición que estudian la impugnación de la convocatoria. Lo que más adelante podría comportar incluso la nulidad de los acuerdos adoptados.
La convocatoria, además de los nombramientos directivos, también incluye la adjudicación de la compra por valor de 50 millones de 164 autobuses híbridos a la empresa Evobús, quien superó en puntuación a los competidores Man y Volvo en el concurso público.
