José Roca, presidente de la CEC. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. La Abogacía de la Generalitat analiza si la administración debe personarse como acusación particular en la investigación sobre el fraude en la gestión de los fondos públicos para formación por parte de la patronal de la provincia de Castellón (CEC). De ese modo, la administración seguiría la estrategia adoptada en otro de los casos de presunta corrupción en la gestión de estos fondos, el del quebrado instituto tecnológico de la óptica y la imagen (Aido).
Con ello, la Generalitat pretende recuperar para las arcas públicas la mayor parte de la cantidad supuestamente defraudada. En el caso de la patronal de Castellón, sobre la que existe una investigación judicial por los delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental en relación con las subvenciones para planes de formación concedidas a organizaciones empresariales.
Según precisan fuentes del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), el ente dependiente de la Conselleria de Economía a través del cual se canalizan estas ayudas, el volumen de fondos concedidos a la patronal de Castellón entre 2009, el año al que corresponde la primera de las ayudas investigadas, y el ejercicio 2015 asciende a 15 millones de euros.
Ocho meses después de que la Fiscalía denunciase los hechos ante el juzgado de Instrucción de Nules, el Servef continúa recibiendo peticiones de documentación. De hecho, el pasado mes de noviembre el magistrado pidió refuerzos ante la complejidad de las diligencias, en las que están imputados el presidente de la organización, José Roca, y el secretario general, Rafael Montero.
Tras la primera ronda de declaraciones, el juez imputó a Elodia Salvador, Elodia Benedito, José Antonio Espejo Pérez, y los representantes legales de L.R. Centro de Oficios La Vall S.L., Restaurante El Palay de La Vall S.L. y CFAL, C.B. En total son diez los investigados en la causa.
los nuevos responsables del Servef detectaron que los mecanismos de control en muchos casos no se estaban llevando a cabo
La denuncia inicial se refería a la irregular justificación ante la administración de algo más de 400.000 euros en ayudas para los que la patronal habría presentado facturas simuladas correspondientes a acciones formativas de un expediente de 2009 de Formación Profesional continua.
El Servef reclamó a la patronal la devolución de esos importes que la patronal, a su vez, defiende que pagó a las empresas de formación, por lo que presentó un contencioso. Al mismo tiempo, los nuevos responsables del Servef aseguran haber detectado que los mecanismos de control en muchos casos no se estaban llevando a cabo, por lo que existen más expedientes que ya han sido trasladados a la Fiscalía y la Policía.
Uno de ellos, también superior a 100.000 euros, fue gestionado por una mercantil administrada por los responsables de la CEC, José Roca y Rafael Montero. La investigación, según las fuentes consultadas, se centra en el inadecuado modus operandi de la gestión de los fondos por parte de la patronal, con pagos mediante cheques al portador y cursos que no se estaban ofertando, aseguran.
De hecho, la propia patronal autonómica Cierval, de la que la CEC es entidad fundadora, desconocía el hecho de que los dirigentes CEC utilizasen una empresa privada controlada por ellos mismos para gestionar fondos públicos para cursos de formación.
La auditoría de la CEC advierte sobre el riesgo de perder el contencioso contra la reclamación por el servef de 478.000 euros
La auditoria de las cuentas de la CEC correspondientes a 2014 y firmadas por el auditor en diciembre de 2015 contiene un párrafo de énfasis en el que se destaca la existencia de una incertidumbre relacionada con el resultado de un contencioso-administrativo que "podría afectar negativamente a la situación financiera y patrimonial" en el caso de que el desenlace fuese desfavorable a la CEC, ya que la cantidad en discusión supera los 478.000 euros.
Según explica el auditor, en julio de 2014, el Servef obligó a Cierval a devolver 418.579 euros más los correspondientes intereses correspondientes a la subvención de un expediente gestionado por la patronal de Castellón impartido entre noviembre de 2009 y septiembre de 2010. Contra esa resolución presentó recursos, uno por vía administrativa y otro posterior ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Valencia.
"La dirección considera que la obligación por parte de la confederación del reintegro del importe señalado se encuentra condicionada al desenlace final del recurso contencioso administrativo", refleja la auditoría.
La decisión de la Generalitat de personarse como acusación en la causa contra la cúpula de la CEC y algunos responsables de empresas de formación llega en un momento crítico para Cierval. La patronal ha convocado una reunión extraordinaria de sus órganos de gobierno a instancias de la patronal de Valencia CEV para analizar las cuentas de 2015.
El encuentro se pidió tras confirmarse la entrada en concurso de la patronal de Alicante (Coepa) como parte de las medidas que la CEV, muchos de cuyos miembros forman parte también de la ejecutiva de Cierval, ha puesto en marcha para limitar el alcance de las responsabilidades personales en el caso de que la crisis de Coepa acabe salpicando a Cierval.
Dado que la patronal de Alicante adeuda casi medio millón de euros a la autonómica, que tendrá que provisionar esa deuda, los representantes de la CEV consideran que la única alternativa que le queda a la patronal que preside José Vicente González es pedir el preconcurso.
A la espera de tener mañana delante las cuentas de 2015, esa es la postura que muchos defenderán en ese encuentro. De lo contrario, algunos de ellos ya han adelantado su intención de dejar incluso la organización.
