La Generalitat y el Ayuntamiento libran de hasta 30.000 euros de multa al 'show' irregular de Nicky Jam

VALÈNCIA. Se levantaron actas de infracción por presuntos incumplimientos graves de la ley. Pero no se materializaron en ninguna sanción. De esta manera, los organizadores del concierto del cantante Nicky Jam en La Marina de València en 2018, que se celebró sin la licencia en tiempo y forma, se han acabado librando de una multa que tramitaban las administraciones por "discrepancias" entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València.

El relato de la Agencia Valenciana Antifraude en este sentido deja pocas dudas. Como publicó este diario, el organismo que dirije Joan Llinares emitió recientemente un informe definitivo de investigación según el cual "no se puede cuestionar que la autorización fuera arbitraria, con ausencia de motivación jurídica injusta o contraria al derecho" sino que la irregularidad se produjo por la concesión tardía" del permiso por parte del concejal de Actividades, Carlos Galiana, que la firmó tres meses después de que tuviera lugar el evento.

Así pues, está claro para Antifraude que la cita, que congregó a cerca de 10.000 personas en el entorno marítimo de la ciudad, "se celebró sin la Resolución de Autorización correspondiente antes del inicio de dicho evento". Por ese motivo, el mismo día de su celebración, la Policía Local de València levantó una acta-denuncia por posible infracción de la normativa valenciana de espectáculos.

Y es que, concretamente, la ley fija como infracción grave la celebración de "espectáculos públicos, actividades recreativas o actividades socioculturales o la apertura de establecimientos públicos" sin la correspondiente licencia o autorización. Algo que, según Antifraude sí se produjo: el secretario municipal firmó la autorización al mismo tiempo que se estaban abriendo las puertas del recinto ese 11 de mayo, dos funcionarios de Actividades señalaron a la Policía en el mismo recinto que la licencia estaba "a medias" y el regidor responsable firmó el permiso en julio.

En este sentido, la normativa señala como sanciones a este tipo de infracciones graves una multa de 601 a 30.000 euros o incluso la inhabilitación de los organizadores para la celebración y promoción de nuevos espectáculos públicos, actividades recreativas o actividades socioculturales por un periodo máximo de medio año.

El problema, a la postre, es que las actas de infracción administrativa que se levantaron y presuntamente constitutivas de esta infracción grave "prescribieron", según explica la Agencia Valenciana Antifraude. El motivo: las discrepancias entre el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana sobre quién debía tramitar este tipo de sanciones.

Esta disensión, que también afectó a la multa a las controvertidas Paellas Universitarias, se dio precisamente porque en 2019, el departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que dirige José María Ángel, y el Ayuntamiento de València, suscribieron un convenio para ceder al consistorio la potestad sancionadora para este tipo de sanciones en infracciones graves y muy graves.

La Generalitat Valenciana sostenía que el Ayuntamiento debía encargarse de aquellos procedimientos que estaban en "fase de actuaciones previas" cuando se hizo el traslado de competencias, como era este caso y el de otros 2.445 expedientes. En el consistorio, la concejalía de Procedimiento Sancionador que también lideraba Galiana rechazaba esa interpretación alegando que había "dudas jurídicas" al respecto y que sería preciso una adenda al convenio suscrito entre ambas administraciones para la transferencia de competencias.

"La diversidad de opiniones" entre las dos administraciones sobre quién debía tramitar estos expedientes y "la negativa" del Ayuntamiento a aceptar estos expedientes iniciados antes del convenio "dio pie a un envío y a una subsiguiente devolución" entre la Generalitat y el consistorio de los casos. Pero estas multas caducan a los dos años: en 2020, la multa a los organizadores del concierto de Nicky Jam acabó caducando.