La infrafinanciación de la Comunitat es legal

La prolongada situación de infrafinanciación de los servicios básicos de la Comunitat Valenciana por parte del Estado es legal. Es legal al menos desde 2009, según ha dicho el Tribunal Constitucional, que también ha dejado claro, por si el Consell tenía intención de seguir por esta vía jurídico-política, que el actual modelo de financiación autonómica no tiene fecha de caducidad, en contra de lo que sostiene el Consell de Ximo Puig y nos habíamos creído muchos valencianos.

Los once hombres y mujeres justos del TC sentencian que el actual modelo entró en vigor con carácter "indefinido" y será aplicable mientras no se derogue, que el quinquenio del que habla la ley es una previsión para evaluar sus efectos –demoledores para la Comunitat–, sin ninguna obligación de actuar al respecto.

Lo cual desmonta uno de los pilares del argumentario valenciano para acabar con esta injusticia. Porque injusticia la hay, sólo que el TC no entra en si es justa o no la aplicación prolongada, a sabiendas, de un modelo pernicioso para los valencianos. El TC sólo evalúa si es legal, y como es legal, pues te jodes y las reclamaciones al maestro armero.

Tras incumplir el objetivo, Montoro dice que el déficit "no es un objetivo en sí mismo sino un instrumento de la política económica"

El maestro armero en funciones está tan preocupado por las reprimendas que le llegan de Bruselas por incumplir el déficit, que los pelmas de Valencia lo único que le provocan es aburrimiento. Ahora que le reprochan no cumplir el objetivo, Montoro dice que el déficit "no es un objetivo en sí mismo sino un instrumento de la política económica", un argumento que Vicent Soler y otros consejeros deberían arrojarle a la cara en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El recurso ante el Tribunal Constitucional contra los Presupuestos Generales del Estado de 2016 era más un gesto político que una iniciativa con visos de prosperar. No estaba bien armado y no tuvo dificultades para rebatirlo la Abogacía del Estado, que ya tiene experiencia en este tipo de embates. Visto el resultado, más valdría no haberlo presentado, porque contra la crítica por no haber cambiado el actual modelo de financiación a los cinco años el ministro en funciones tiene ahora una sentencia.

Desmontado este elemento del argumentario, conviene no descuidar los otros, no vaya a ser que el día en que al fin nos sentemos en el CPFF para discutir el nuevo modelo nos saquen los colores.

Por ejemplo, con los gastos de sanidad. Desde el Consell insisten en que no es posible reducirlos más, pero resulta que la Sindicatura de Comptes acaba de sacar un informe sobre dos conciertos sanitarios con empresas privadas según el cual en hemodiálisis podríamos haber ahorrado 37,5 millones desde 2009 y en resonancias magnéticas, 50 millones desde que se publicó el primer informe sobre cómo se forraba Eresa. Tres años en los que apenas se ha hecho nada para evitar este gasto innecesario. La suma de ambas cantidades supera el recorte de 78 millones que el Consell se ha visto obligado a hacer con la pistola de Montoro en la cabeza (Oltra dixit). A ello hay que sumar 39 millones en intereses de demora sólo en Sanidad como consecuencia de haber pagado tarde a los proveedores.

Viven engañados los que piensan que el Gobierno catalán va a ayudar al valenciano con la financiación. Irá a la suya, como los demás

Esto es sólo en dos conciertos, pero hay bastantes más cuya eficiencia económica no ha sido evaluada, como ocurre con las concesiones sanitarias. Y contratos millonarios que nunca han salido a concurso, y contratas prorrogadas irregularmente durante años.

¿Que son herencia de los gobiernos del PP? Sí, pero Ximo Puig lleva casi 11 meses gobernando y en el retrovisor empieza a quedar lejos la gestión anterior. Además de pedir la financiación, ¿hemos ahorrado algo o nos agarramos a que el déficit no es un objetivo en sí mismo sino un instrumento de la política económica?

El president Puig explicó el otro día en Barcelona su modelo de Estado y de financiación de las comunidades autónomas. Se abrazó con Puigdemont y creyó encontrar un aliado para su –nuestra– batalla. Pero Cataluña no está entre las comunidades mal financiadas. Recibe menos dinero del que aporta porque es rica y recibe menos inversiones del Estado de las que debería por territorio y población, pero no está mal financiada en términos de reparto per cápita. Así que cuando toque rehacer el modelo de financiación, los intereses de Cataluña y la Comunitat no van a ser los mismos, puede que sean contrapuestos, y viven engañados los que piensan que el Gobierno catalán va a ayudar al valenciano en esto. Irá a la suya, como los demás.

Puig se reunió al día siguiente con Pedro Sánchez para firmar un papel en el que supuestamente el candidato se compromete a arreglar los grandes problemas de la Comunitat cuando llegue a presidente.

El papel –mojado– incluye un compromiso de revisar el modelo de financiación autonómica "de forma inmediata" –no lo esperen antes de 2018– y hace una vaga mención a algo que poniendo mucha voluntad puede sonar a devolución de la llamada "deuda histórica", pero que no lo es. De hecho, Sánchez hace lo mismo que el Tribunal Constitucional, remitirse a un artículo de la Lofca que dice que la relación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda se regirá, entre otros, por el siguiente principio:

"La lealtad institucional, que determinará el impacto, positivo o negativo, que puedan suponer las actuaciones legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia tributaria o la adopción de medidas que eventualmente puedan hacer recaer sobre las Comunidades Autónomas o sobre el Estado obligaciones de gasto no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente, y que deberán ser objeto de valoración quinquenal en cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos como de gastos, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, y en su caso compensación, mediante modificación del Sistema de Financiación para el siguiente quinquenio".

La negrita es mía. 

En cuanto al Corredor Mediterráneo, Sánchez se compromete a "acelerarlo", entendiendo por acelerarlo que "todos los tramos clave" de esta infraestructura "se licitarán a lo largo de la próxima legislatura". En 2020, los tramos clave, licitados.

El escepticismo también es mío.