VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del caso Azud, ha fijado las declaraciones de un total de trece personas imputadas en la causa entre el 13 y el 15 de diciembre. El nombre más conocido es el del exresponsable de finanzas del PSPV Pepe Cataluña, aunque también figuran funcionarios del Ayuntamiento de València y un directivo de Acuamed.
La investigación se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013). Políticos del PP y del PSPV, además de empresarios, habrían participado en ella. Hasta la fecha, alrededor de 60 personas están imputadas y se apunta a los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.
La instrucción señala a Cataluña como enlace dentro de la presunta trama. En definitiva, como facilitador de contactos entre los considerados cabecillas y ayuntamientos gobernados por los socialistas. La jueza manifestó en uno de sus escritos que "no ostentaba cargo orgánico en el partido, pero tenía un gran peso y mando en el mismo", por lo que "podía actuar con total libertad".
La investigación ha contado hasta el momento con varias fases, entre ellas tres operaciones policiales, dos de ellas con detenidos. Por ahora, existen cinco piezas separadas bajo secreto de sumario. Fue en la segunda operación cuando la Guardia Civil encontró en el domicilio del exresponsable de finanzas del PSPV unos papeles que apuntarían a una posible financiación ilegal del partido, si bien esta parte de las indagaciones permanece secreta.
Su citación ante el juzgado, al igual que la de las otras doce personas, responde a la investigación llevada a cabo con anterioridad. Es decir, aquella que ya se conoce y que dibujó el grueso del presunto entramado. Tal como explicó la jueza en uno de sus autos, alrededor del Ayuntamiento de València, durante el gobierno encabezado por Rita Barberá, se creó una "trama" en la que "autoridades, funcionarios, personal laboral, asesores y técnicos, entre otros", obtuvieron "grandes beneficios" como consecuencia del boom inmobiliario en la ciudad durante la primera década de los 2000. Como ejemplo, el abogado y cuñado de la exalcaldesa, José María Corbín. Y constructoras e inmobiliarias fueron el "canal de obtención" de dichos beneficios en diferentes operaciones en València, junto a otras en municipios como Xixona, Burjassot o Benicàssim.
La magistrada recopiló hasta nueve operaciones urbanísticas "de las que se tiene constancia" en las que intervino el conglomerado del constructor Jaime Febrer y que, según el relato de la instructora, habrían conllevado contraprestaciones para que, a la postre, se hicieran "prevalecer" los "intereses económicos frente a los intereses públicos". Las personas supuestamente implicadas en todas ellas son las que ahora han sido citadas a declarar.
Entre los que tendrán que comparecer ante la jueza se encuentra Joan Navarro, director de Relaciones Institucionales de Acuamed. Los investigadores creen que fue uno de los que medió para que un PAI que impulsaba la trama en Xixona no se paralizara y pudieran obtener beneficios de esa operación. De hecho, la magistrada apunta a que con ello también se acabó desviando dinero al PSPV.
Otros de los citados son funcionarios que podrían haber participado en el llamado ‘asunto colegios’, una de las grandes operaciones urbanísticas que figuran en la causa y que habría reportado beneficios a la trama de millones de euros.
También tendrá que acudir el exdirectivo de Bancaja Manuel Setién, el expresidente de la promotora Grupo Onofre Miguel o Salvador Grané, actual director de Cáritas Tarragona y exdirector general de una mercantil fusionada con la inmobiliaria Astroc.