Imagen de la sede de Acuamed. Foto: EFEVALÈNCIA. La jueza del caso Azud menciona en uno de sus últimos autos en respuesta a los recursos presentados por los principales investigados ciertas operaciones que la trama pudo realizar para pagar la campaña electoral del PSPV de 2007. En una de ellas, de acuerdo con la magistrada, se sirvió de la empresa pública estatal Acuamed.
La instructora sitúa al constructor Jaime Febrer como uno de los presuntos cabecillas de la red. Así, recuerda que entre los años 1999 y 2013 usó el grupo Axis y otras empresas participadas por alguna de sus mercantiles para el pago de comisiones ilícitas a diferentes cargos públicos, funcionarios y abogados (por sus relaciones especiales e influencias con políticos) para la obtención de decisiones administrativas acordes a sus intereses mercantiles "con total desprecio y consiguiente daño a los intereses públicos".
El ámbito de actuación fue principalmente el Ayuntamiento de Valencia, pero también se extendió a otros, como Xixona, Burjassot o Benicàssim, así como a empresas públicas como la mencionada Acuamed. Una de las operaciones a las que hace referencia la jueza es el PAI El Espartal, en Xixona. En ella resultó clave, para la magistrada, la participación de José Luis Vera, ex responsable jurídico y de prevención de riesgos penales de la empresa pública Divalterra –dependiente de la Diputación de Valencia– e históricamente vinculado al PSPV.
Éste cobró, señala, comisiones ilícitas por su participación "necesaria e imprescindible" para que el empresario Jaime Febrer y su grupo alcanzaran sus fines. Una actividad que realizaba "en aquellas administraciones públicas al frente de las cuales se encontraban cargos vinculados al PSOE y utilizando para ello sus importantes vínculos e influencias dentro de ese partido".
En el caso de Xixona, la magistrada señala que actuó como conseguidor para que se firmara y redactara un convenio de suministro de agua entre la entidad estatal Acuamed y el Ayuntamiento de la localidad. Con la particularidad, prosigue, de que las reuniones mantenidas para llevarlo a buen fin se realizaron la mayor parte de las veces en la sede social de Axis con la presencia de Jaime Febrer y José Luis Vera. Un hecho que responde a que "el PAI El Espartal sólo podía desarrollarse si se obtenían suficientes recursos hídricos y, en este punto, jugó un papel fundamental Acuamed".
De este modo, Vera se reunió con Joan Navarro, director de Relaciones Institucionales de Acuamed, "quien accedió a las pretensiones del grupo Axis proponiendo el modo y forma en que podría llevarse a cabo sin que el PAI se paralizara". Lo que quedó claro para la jueza, sin embargo, es que habría un peaje que pagar por la obtención de los resultados a favor de Axis, para lo cual se mantuvieron encuentros entre Febrer, Vera y el PSOE. Representado, este último, por el que fuera su responsable de finanzas, Pepe Cataluña. El cual "no ostentaba cargo orgánico en el partido pero tenía un gran peso y mando en el mismo", por lo que "podía actuar con total libertad".
Para ello se utilizó, según la investigación, la mercantil Gigante Edificaciones y Obras como sociedad interpuesta. Ésta aparecía como prestadora, entre otros, de los servicios de publicidad del PAI El Espartal que debía abonar una empresa del grupo Axis. No obstante, la jueza remarca que consta que en el año 2007 esa mercantil pagó a la primera una importante suma de dinero en concepto de gastos de publicidad. Y con parte de esas cantidades, Gigante Edificaciones y Obras hizo lo propio con empresas vinculadas a la publicidad.
En definitiva, la mercantil habría abonado con fondos del grupo de Jaime Febrer 484.480 euros al PSPV para sufragar parte de su campaña de 2007. "En este caso, la entrega del dinero se llevó a cabo con un intermediario y el beneficiario fue un partido político. Se consiguió a través del investigado Joan Navarro y la entidad Aquamed que el PAI que promovía Febrer no se paralizara", razona la magistrada.
Aunque estos hechos se tendrían que encasillar en un delito de financiación irregular del PSPV, esta línea de investigación no es posible –al menos por el momento– debido a que las fechas en las que se produjeron no existía ese delito, incorporado al Código Penal en la reforma de 2015. Esto supone que, como publicó Valencia Plaza, no se pueda perseguir. A ello se suma que, al tratarse de 2007, se trataría de un presunto delito electoral ya prescrito. Por lo tanto, únicamente se puede tirar por la vía del cohecho –a no ser que apareciera algún elemento nuevo– como sucede en esta operación relacionada con Acuamed.
En el escrito en el que relata todas estas actuaciones, la magistrada desestima el recurso interpuesto por la defensa de Pepe Cataluña contra los registros en su vivienda –donde se hallaron anotaciones y documentos clave para la causa–.
También rechaza los de otros investigados como Jaime Febrer o el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio contra la prórroga del secreto de sumario, que ya lleva 5 años. La instructora entiende, al contrario que los abogados, que se justifica en que la investigación se vería perjudicada y en que ha de estudiarse todavía el material informático recopilado en los registros de la operación de 2021. La situación podría derivar en la petición de rebajas de hipotéticas condenas de cara a un futuro juicio oral.
Mientras, algunas defensas –entre ellas la de Rubio– han interpuesto también recurso ante la Audiencia Provincial en el que argumentan que la prórroga no cumple con la proporcionalidad ni la motivación.
