La lista de espera de vivienda pública de Aumsa sigue escalando: aumenta un 36% en 16 meses

VALÈNCIA. La demanda de viviendas públicas de alquiler asequible gestionadas por la empresa municipal Aumsa sigue en ascenso. La compañía encargada del parque público de alquiler asequible del Ayuntamiento de València tiene registradas un total de 1.515 solicitudes de vivienda de alquiler, lo que representa un incremento significativo respecto a las cifras de enero de 2023, cuando se contabilizaban 1.106 peticiones. 

Así lo reportan los datos hechos públicos por la propia entidad pública recurrentemente, que suponen un incremento del 37% de las solicitudes en poco más de un año -16 meses-. El registro incluye también las peticiones de inquilinos de Aumsa que esperan un cambio de vivienda, pero estos representan una minoría ínfima -apenas 9 solicitudes-, por lo que el notable engrosamiento de la lista de espera es achacable casi en exclusiva a familias que llegan a la firma pública en busca de una vivienda de alquiler asequible.

Los datos revelan los problemas de acceso a la vivienda que experimenta el Cap i Casal, donde el precio de los alquileres roza máximos históricos cercanos a los 1.600 euros de media, un 8% más que hace un año según la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV. Pero también la insuficiencia del parque público para atender esta problemática: en sólo tres años, la lista de espera se ha incrementado más del doble, y se ha multiplicado por ocho si la comparamos con la de 2019.

El parque de vivienda de la compañía, que cuenta con unas 600 viviendas, sin embargo, no ha crecido al mismo ritmo. En 2020, el anterior ejecutivo local anunció un plan de construcción que contemplaba en total 323 nuevas viviendas tras conseguir la cofinanciación del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La tramitación administrativa, el otorgamiento de las licencias, la puesta en marcha de las licitaciones y los procesos de construcción apenas permitió acabar y dejar ultimadas una cuarentena de pisos al finalizar el mandato en mayo de 2023.

Construcción de viviendas

Ahora, desde la empresa pública, que preside el edil de Urbanismo, Juan Giner,  explican que la entidad pretende empezar este año la construcción de 213 pisos para alquiler asequible del mencionado plan municipal, para tener finalizados este mismo año 49 viviendas: dos edificios de cuatro viviendas cada uno en la calle Sogueros -antes conocida como Ripalda- y otro complejo de 41 inmuebles en la zona de Moreras. 

Según explicó hace meses el concejal responsable del área Urbanismo en el consistorio valenciano, estos proyectos estaban "estancados" y ahora lo que se busca es "duplicar los esfuerzos para que se diseñen nuevas actuaciones o se impulsen aquellas que estaban ralentizadas". "Queremos que Aumsa cambie su ritmo de trabajo y haga realidad los nuevos proyectos que ponemos sobre la mesa", subrayó. Ya se han activado los primeros 10 millones de euros de financiación del BEI.

En total, el presupuesto anual de 2024 de Aumsa es de 26,5 millones de euros, de los cuales el 65 % se destinará a la construcción de las mencionadas promociones. La oposición -Compromís y PSPV- criticaron el recorte de cuatro millones de euros respecto a las cuentas de 2023, y la concejalía de Urbanismo aseguró que se debe a la redacción de unos presupuestos "realistas" para evitar prever "inversiones que luego no se ejecuten", de lo que acusan al anterior ejecutivo. Para los próximos dos años, se prevé la culminación de dos edificios en el sector de Moreras y otro en la avenida de Tarongers, con un total de 233 viviendas.

Criterios de adjudicación

En los últimos años también se han modificado los criterios de adjudicación de viviendas de alquiler asequible entre los solicitantes. En 2021, con la edil socialista Sandra Gómez al frente de la firma, y cuando el problema de acceso a la vivienda ya era notorio, el ejecutivo anterior cambió la adjudicación por sorteo que regía hasta entonces por otra en función del orden en la lista de espera. También se rebajó la renta máxima permitida para acceder a una vivienda de Aumsa -de 6,5 a 4,5 veces el IPREM- y se incluyó en la normativa la exclusión de solicitantes de la lista cuando, al llegarles el turno, la rechacen sin un motivo justificado.

El nuevo gobierno local, ya con Giner como presidente de Aumsa, el consejo de administración aprobó a principios de año iniciar los trámites para una nueva modificación que permita valorar "situaciones de especial vulnerabilidad" de las familias demandantes. Así, se incluirán como criterios especiales si son familias numerosas, monoparentales o con algún miembro en situación de dependencia o víctimas de violencia de género, entre otros, que tendrán más puntuación en la baremación de las solicitudes.