El síndic y líder de Ciudadanos, Toni cantó. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La reforma de la Ley Electoral Valenciana (LEV) vuelve a bloquearse en esta legislatura antes de haber siquiera arrancado. Todo parecía indicar que, en este mandato, la modificación legal de esta normativa cuyo principal cambio se basa en la bajada del listón electoral del 5% al 3% iba a hacerse realidad, ya que Ciudadanos advirtió que era favorable a negociarla y prestar su apoyo.
Sin embargo, la predisposición que tenía el grupo parlamentario que lidera Toni Cantó cuando comenzó a retomarse este debate se ha esfumado. Y no porque no les agrade el contenido de la nueva norma, sino por cómo el tripartito ha decidido tramitarla.
La formación naranja pidió a los valencianistas en esta ocasión negociar el texto con los grupos parlamentarios que integran el Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- antes de que la proposición de ley se registrara, de manera que sus propuestas pudieran discutirse previamente a plasmarse sobre el papel. La intención era poder introducir algunos cambios en el texto desde el inicio para presentarlo conjuntamente y no tener únicamente la opción de hacerlo a través de enmiendas a la normativa.
La petición no era baladí por un motivo: Ciudadanos estaba dispuesto en esta ocasión a rebajar la barrera electoral siempre y cuando se acometiera, a su vez, una corrección de la proporcionalidad en la representación que tiene actualmente cada provincia. Una cuestión que en la legislatura pasada terminó bloqueando el debate porque requería una modificación del Estatuto de Autonomía inviable de acometer a un año escaso de las elecciones autonómicas.
A diferencia de lo que demandaban en la legislatura pasada, la modificación que planteaban ahora los naranjas para corregir la proporcionalidad se podría acometer sin necesidad de reformar la Carta Magna valenciana haciendo pequeñas variaciones en la representación de Castellón, provincia sobrerrepresentada. Esto es porque el artículo 24 del Estatut contempla que cada circunscripción debe tener al menos 20 diputados. Castellón cuenta actualmente con 24, por lo que uno de los cambios que analizaba Cs se basaba principalmente en restar estos cuatro escaños a esta provincia y redistribuirlos entre Valencia y Alicante, que cuentan con una mayor densidad de población.
Un cambio sustancial en la nueva LEV que Ciudadanos quería negociar con los grupos del Botànic antes de que la proposición de ley fuera registrada. ¿El motivo? Si no se hacía así, los naranjas se verían obligados a presentar la reforma vía enmienda y el partido de Cantó sería la formación "responsable" de este cambio -que implica reducir la representación de Castellón en el Parlamento valenciano- con las consecuencias que ello conlleva. Un precio que no están dispuestos a pagar en solitario.
El tripartito, sin embargo, presentó en octubre la proposición de ley en solitario, por lo que ahora el partido naranja se niega a ofrecer su apoyo. Fuentes de Compromís explican que ofrecieron a Ciudadanos participar en la elaboración de la ley antes de presentarla, pero este ofrecimiento fue declinado por el grupo parlamentario de Cantó a la espera de ver cómo quedaba redactada la norma para, posteriormente, realizar enmiendas. Una versión que ratifican también desde Unides Podem.
En cualquier caso, llegados a este punto, la única vía que le podría quedar al Botànic para desbloquear la reforma de la ley sería ofrecer a Ciudadanos presentar conjuntamente la enmienda que modificase la representación de las provincias. De lo contrario, lo que ocurrió en la pasada legislatura será el ejemplo más claro de cómo acabará la tramitación de esta norma, ya que los votos del tripartito son insuficientes para sacar adelante los cambios pretendidos.
En la legislatura pasada, Ciudadanos, que declaró abiertamente su apoyo a esta reforma desde el inicio de la tramitación de la ley, retiró su respaldo en el último momento. Con ello, socialistas, valencianistas y morados se quedaron sin la mayoría parlamentaria requerida para llevar a cabo la modificación del texto legal vigente, ya que no sumaban los 66 diputados necesarios, sino 55.
Después de meses de debate en la comisión parlamentaria que estudiaba la reforma de la LEV, el partido naranja puso encima de la mesa la necesidad de rebajar la barrera electoral al 3%, pero cambiando la circunscripción provincial -como está definida actualmente en la Carta Magna valenciana- por la única. Es decir, eliminar las tres demarcaciones provinciales actuales para dejar una sola de carácter autonómico. Opción que exigía una reforma del artículo 24 del Estatut y que, por tanto, resultaba irrealizable porque apenas quedaba un año para que terminara el mandato.
Los ajustados plazos convertían en inviable la iniciativa, dado que la reforma del Estatut debería ir al Congreso de los Diputados para validarse y los antecedentes que había en esta cuestión no eran nada halagüeños: la última modificación estatutaria que fue a la Cámara Baja tardó en tramitarse más de siete años y fue aplazada hasta en 45 ocasiones.
La aplicación del método demandado por Ciudadanos en la Comunitat Valenciana buscaba terminar con la sobrerrepresentaciones de algunas demarcaciones valencianas, como sería el caso de la provincia de Castellón. Con el 11% del peso poblacional, obtiene en cada elección 24 de los 99 diputados de Les Corts, mientras que Alicante tiene 35 y València 40 con un 38% y un 51% de población total respectivamente. En término de electores, cada diputado de Castellón resulta electo por apenas 17.300 votantes, Alicante por 35.600 y en la provincia de València por 48.600.
La condición sine qua non de que se reformara el Estatut para, a cambio, apoyar la rebaja del listón al 3%, imposibilitó cualquier tipo de avance en la reforma de la ley electoral. Ahora parecía que la cuestión podía desbloquearse, pero por el momento, seguirá encallada.
