La trastabillada política de vivienda en València: de la lenta construcción pública al fracaso en incentivos

VALÈNCIA. El alza de los alquileres en las grandes ciudades como València es una realidad. Y los problemas de oferta por la falta de suelo, la precariedad laboral y la insuficiencia de medidas para corregir este panorama constituyen el cóctel perfecto que empieza a cronificar las dificultades de acceso a la vivienda en el Cap i Casal.

No se puede acusar de absoluta despreocupación a la administración: el gobierno local de izquierdas -Compromís, PSPV, València en Comú- creó en 2015 una concejalía de Vivienda que no existía y ha puesto en marcha nuevas herramientas y ha tratado de mejorar las ya existentes. Pero el resultado está muy lejos de ser el óptimo.

La lenta construcción y rehabilitación de vivienda pública, las limitadas ayudas al alquiler y el fracaso en los incentivos y castigos al sector privado opacan el esfuerzo por aumentar las subvenciones, rehabilitar vivienda municipal y adquirir inmuebles privados. Así pues, tras casi dos mandatos de gobierno de izquierdas, podría considerarse que la política de vivienda en el consistorio presenta más oscuros que claros.

Un plan de vivienda inconcluso

Una de las estrategias consistoriales para hacer frente al problema de la vivienda es el engrosamiento del parque público mediante la promoción de vivienda por parte del consistorio. Y el principal brazo del consistorio para ello es la empresa municipal urbanística Aumsa, dependiente de la concejalía de Urbanismo que lidera Sandra Gómez y que desde 2018 tiene en marcha un plan de construcción que se está demorando más de lo deseado.

El plan contempla la construcción de 327 viviendas de alquileres asequibles que haría crecer un 54% su parque de inmuebles con una inversión prevista de 54,4 millones de euros, de los cuales más de la mitad proceden del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Gobierno central.

Ahora bien, se trataba de un plan 2018-2021 con diez promociones, y un año después de lo previsto, se han acabado aproximadamente una quincena de viviendas, mientras que el resto o están en obras, o todavía sin haberse adjudicado las mismas. La lista de espera para acceder a un alquiler asequible, mientras, se ha incrementado en los últimos tiempos. La intención del gerente de la empresa, Alberto Aznar, es que a finales de mandato estén todas las viviendas que faltan con las obras adjudicadas. 

Por otro lado, también la concejalía de Vivienda, que encabeza la edil Isa Lozano, se ha lanzado a la construcción de vivienda: un proyecto anunciado hace casi dos años y medio en pleno centro histórico pero que todavía está en pañales. La iniciativa, que podría albergar una veintena de viviendas como mucho, requiere de un trabajo arqueológico previo que a día de hoy todavía no se ha realizado.

La compra y rehabilitación no frenan las listas de espera

Otras de las herramientas que tiene el Ayuntamiento es la adquisición de inmuebles y rehabilitación de viviendas públicas degradadas -en el Cabanyal tras el fallido plan de Rita Barberá-. Y aquí es donde puede decirse que ha habido algún resultado, si bien la oposición lo critica por insuficiente.

Por el momento, las concejalías de Vivienda y Patrimonio han comprado 21 inmuebles privados, de los cuales 13 se han adquirido mediante el mecanismo del tanteo y retracto -la compra preferente por parte de la administración en procesos de compraventa privados-. Y en cuanto a la rehabilitación, el departamento de Lozano ha intervenido en estos dos mandatos en 25 viviendas del barrio del Cabanyal-Canyamelar, aprovechando el programa de ayudas ARRU y el Plan de Inversiones Productivas. 

Todos estos inmuebles se han sumado al parque municipal de vivienda social que gestiona la concejalía del ramo. Lo que sin embargo no ha conseguido evitar el crecimiento de los solicitantes a la espera de una vivienda social: en abril de este año, el listado de espera había crecido un 70% respecto al que había año y medio antes, en octubre de 2020.

Fracaso en incentivos y castigos

Más allá del parque público de vivienda, el Ayuntamiento también ha intentado influir en el mercado del alquiler mediante incentivos o castigos a los propietarios para intentar que la oferta aumentara y, por ende, presionar los alquileres a la baja. Pero por ahora se ha quedado en intento por el escaso impacto de ambas estrategias.

Por ejemplo, la concejalía de Vivienda ideó el llamado Plan Reviure: el consistorio presta 20.000 euros a cada propietario para la reforma de su vivienda vacía, y a cambio, este la ha de alquilar con un precio máximo, un período determinado y unas condiciones fijadas por el consistorio. Un planteamiento que no ha acabado de cuajar, puesto que el programa, después de tres años de implementación, apenas ha incorporado 14 inmuebles.

De hecho, el departamento que encabeza Lozano ha tenido que cambiar la estrategia, y en la nueva edición del plan, será el Ayuntamiento el que alquile las viviendas a los propietarios para, a su vez, subarrendarlas a los inquilinos, de manera que, dándole más seguridad al dueño, se acaben atrayendo a más interesados al programa.

La vía del 'castigo' fiscal, a un año de las elecciones, todavía no se ha podido implementar. Se trata de un recargo del 30% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías de grandes propietarios -tenedores de más de 10 viviendas-. Aunque la concejalía de Hacienda, dirigida por Borja Sanjuán, aprobó el recargo para 2020, la falta de desarrollo normativo a nivel autonómico ha impedido ponerlo en marcha.

Se empezará a hacer efectivo el año que viene, aunque el listado de viviendas vacías de grandes propietarios remitido desde la Generalitat Valenciana, al que el Ayuntamiento apenas consta de 29 viviendas en el término municipal, como adelantó Valencia Plaza la pasada semana. Una cantidad que, si bien el consistorio espera que sea mayor de cara a los próximos años, resulta por el momento bastante reducida.

Más ayudas al alquiler pero insuficientes

Así pues, mientras los alquileres continúan al alza, el consistorio también continúa la vía de las ayudas al alquiler, que ciertamente se han incrementado respecto a 2015. Entonces, las ayudas eran de 1,2 millones de euros, pero el departamento de Vivienda ha engrosado el presupuesto de subvenciones hasta el doble, cerca de los 2,4 millones de euros. Si bien se ha demostrado insuficiente, pues año tras año han quedado fuera no pocas solicitudes de las ayudas por falta de presupuesto. En la última edición se concedieron 1.301 subvenciones, pero otras 230 se quedaron fuera.

Con el montante de la ayuda se sufraga el 40% del alquiler anual de las familias beneficiarias, pero este año solo pueden optar aquellos que paguen hasta 700 euros al mes de alquiler -hasta la última edición, el límite eran los 600 euros-. Así pues, en ningún caso el importe de la subvención puede ser superior a 3.360 euros anuales por persona beneficiaria.