Las becas fraudulentas cuestan 1,8 millones a Generalitat, que saca otras 88

VALÈNCIA (EFE). Comisiones Obreras ha cifrado en 1,8 millones la cuantía de deudas a la Seguridad Social por cotizaciones de las becas de la Generalitat declaradas en fraude de ley más los salarios reclamados por 35 personas afectadas, y ha advertido de que se han convocado otras 88 becas con las mismas normas regulatorias que fueron denunciadas.

Ese importe se desglosa en 1.001.950 euros de deudas a la Seguridad Social, de los que 166.991 corresponden al recargo del 20 % de costes de demora a fecha de enero de 2020, y un total salarial demandado por 35 de las 45 becas denunciadas de 827.837 euros hasta enero de 2020.

Entre cotizaciones a la Seguridad Social y salarios suman 1.829.787 euros, una cifra que excluye a las otras diez personas afectadas que podrían haber demandado a través de otros servicios jurídicos, según han explicado en rueda de prensa la secretaria de Formación y Empleo de CCOO PV, Ana María García Alcolea, y la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato, Soledad Fernández.

Han acusado a la Generalitat de "irresponsabilidad política y de gestión" tanto en cuanto ese dinero sale de las arcas públicas como por enviar "un mensaje de precariedad" a los jóvenes al utilizar estos procesos, que deberían ser formativos, en fraude de ley.

Las actuaciones inspectoras que se llevaron a cabo tras las denuncias realizadas por CCOO concluyeron con la declaración de 45 becas en fraude de ley de diferentes consellerias, pero desde septiembre de 2019 hasta este mes de enero se han sacado 88 nuevas becas, 24 de ellas convocadas y 64 ya resueltas (27 en la Conselleria de Educación, 25 en Igualdad, 9 en Sanidad y el resto en Agricultura, Economía, Justicia y la Agencia Valenciana de Emergencias).

El sindicato ha advertido de que va a verificar la situación de estas 88 becas ya que se enmarcan en unas normas que saca cada conselleria que son "las mismas" que la Inspección de Trabajo consideró que suponían fraude de ley, por lo que es posible que no se hayan hecho de manera correcta.

Desde las resoluciones de la Inspección, el sindicato ha analizado las convocatorias y adjudicaciones de las órdenes de bases de cada conselleria, que también se extienden al sector público instrumental (IVF, IVACE o Autoridad de Transporte Metropolitano), y no se han producido cambios.

Por ejemplo, siguen estableciendo la edad límite de 35 años y la posibilidad de prórrogas, la experiencia profesional cuando se trata de becas para prácticas profesionales, o la recuperación del tiempo no trabajado por parto, adopción, acogimiento u hospitalización prolongada.

CCOO ha emplazado a la Generalitat a reunirse para exponer las cuestiones de mejora, que recoge una propuesta que entregó a finales del año pasado, pero "no tiene mucha voluntad", han lamentado.

Lo normal sería tratar la situación de las becas, no tener que analizar "beca por beca", según indican, y señalan que se está funcionando con una normativa heredada del gobierno anterior que es el origen de las prácticas profesionales y que dan lugar a unas convocatorias que presentan "un origen irregular".