La Católica sacrifica a su rector, pero no retira los recursos contra Marzà

VALENCIA. La guerra por las becas universitarias que la Generalitat valenciana mantiene con los centros privados amenaza con librarse en varias batallas. De momento, el frente de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha sufrido la baja de su propio rector, Ignacio Sánchez Cámara, y ha tendido la mano a la Administración en reclamo de paz. Por su parte, el departamento de Vicent Marzà se ha mostrado dispuesto a dialogar, pero ha establecido una serie de condiciones inamovibles: la primera, y más importante, retirar los recursos judiciales que la institución presentó ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y que mantiene paralizada la concesión de ayudas autonómicas.

No obstante, la UCV ha descartado la retirada de los recursos interpuestos antes de sentarse hablar con la Administración. "Retirar antes de dialogar sería eliminar la seguridad de nuestros alumnos. Pero no es cuestión de poner obstáculos o excusas, sino de dialogar cara a cara y con total predisposición", señalan fuentes de la institución, desde donde se muestran partidarios a sentarse primero y valorar después.

El conseller de Educación acudió ayer al acto de inicio del curso escolar, que tuvo lugar en CEIP José Soto Micó, y al que también acudieron el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra; y el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Tras recorrer diversas aulas y charlar con el profesorado, las autoridades atendieron a los medios de comunicación y anunciaron nuevas medidas para el curso entrante, como la redacción de un decreto de escuela inclusiva. Fue entonces cuando, preguntado por la nueva postura conciliadora de la UCV, Marzà afirmó que ellos están “donde siempre” han estado y supeditó el acercamiento al replanteamiento de la situación judicial, “que pone en peligro las becas de los estudiantes de la pública” y es un lugar donde ellos no se sienten "cómodos".

“Lo que no puede ser es que desde la UCV dinamiten cualquier opción de diálogo con esta iniciativa legal y después digan esto, mediante un comunicado y sin llamar al conseller”, precisó el titular de Educación, quien confirmó que no había tenido contacto directo con ningún portavoz de la institución privada para esta cuestión. En la misma línea, planteó una comparativa con el CEU, universidad privada que también ha presentado hasta cinco recursos judiciales contra la Conselleria de Educación, pero que en ningún momento ha solicitado como medida cautelar la paralización de las becas.

Cabe recordar que mientras el TSJ resuelve, no se pueden adjudicar las becas 2015/2016 sobre las que la UCV pidió una suspensión, e incluso podría quedar desierta la convocatoria. A juicio del conseller de Educación, si la Católica retira el recurso por derechos fundamentales, “demostrará que realmente es cierto que quieren hablar y no que están, como parece y todo indica, atacando a lo estudiantes de la pública". El conseller ha insistido: “Hay que demostrar con los hechos que se quiere dialogar”.

La marcha de Sánchez Cámara

A la UCV le ha faltado tiempo para reaccionar. Tan solo unas horas después de que concluyera el acto de arranque de curso, la institución hacía público el cese de su rector, Ignacio Sánchez Cámara, tras algo más de un año al frente. Por si fuera poca coincidencia, la decisión se justificaba en “la apuesta por seguir ampliando el diálogo con todos los agentes sociales, e intensificar las relaciones con las instituciones de la Comunitat”. Un gesto que deberá ser reinterpretado por parte de la Administración.

Mientras, el vicerrector general, Ricardo García, asume las competencias en funciones. Sus primeras manifestaciones han sido para dar cumplimiento a la petición pública del conseller y solicitar “formalmente” una reunión por la vía administrativa. “Queremos trabajar con lealtad institucional en la defensa de lo que nos une, porque nos une la defensa de los que menos tienen y nos une la defensa de aquellos que tienen derecho a beca. Para conseguir una mejor igualdad, para conseguir que los que menos tienen puedan integrarse en la sociedad como aquellos que tienen más”, ha argumentado con tono conciliador. Además, garantiza que ha llevado a cabo medidas “para que no existan más retrasos”.

Asimismo, ha reiterado que la UCV quiere que nadie salga “perjudicado” y que en su recurso ante el TSJ ha defendido que los alumnos “no vean mermado su derecho a la igualdad y a la libertad de decidir dónde cursar sus estudios universitarios con idéntico nivel de renta”.