"Limitar el alquiler puede ser contraproducente; si se hiciera, debería ser en barrios concretos"

VALÈNCIA. Alberto Aznar (València, 1987) acaba de aterrizar en la empresa urbanística del Ayuntamiento de València, Aumsa. Es el nuevo gerente en sustitución de José Antonio Martínez Roda, y viene de dirigir la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), homóloga autonómica en algunos aspectos. Quizá por ello, no para de hacer referencia a su experiencia en el organismo de la Generalitat Valenciana: pretende hacer servir el bagaje de allí ahora a nivel municipal.

La principal novedad, que califica como "interesante", es la gestión de los desarrollos urbanísticos de València. No sólo se trata de avanzar en la reforma del Plan General, que data de 1988, sino que también tendrá un papel importante en la difícil tarea de desatascar el PAI del Grao. Cree que en 2023 habrá un acuerdo para sacarlo adelante.

Pero una de los fines fundamentales de Aumsa es también la construcción de vivienda, y tiene un plan en marcha de 300 inmuebles que sigue en el aire tres años después de ponerse en marcha. Apenas 4 viviendas se han entregado, y Aznar achaca el retraso a la falta de personal, y asume el reto de tener todos los edificios en construcción al final del mandato, en dos años.

Para agilizar los plazos de construcción de vivienda, Compromís propuso la creación de una empresa mixta, una idea que aunque permanece en el aire, no se ha desechado por parte de la coalición valencianista. Sin embargo, Aznar no comparte la idea: "No estoy de acuerdo en crear otras sociedades con un objeto parecido a Aumsa porque ya tenemos Aumsa, que ya tiene un personal con una experiencia dilatada. La ciudadanía no acabaría de entender la creación de una empresa similar", sentencia.

Sobre estos y otros asuntos, Aznar conversa con Valencia Plaza en las proximidades del edificio consistorial, en el casco histórico de la ciudad.

- Ahora que ha aterrizado en Aumsa, ¿qué diferencia ve respecto a la Evha?
- La competencia en materia de vivienda es autonómica. La Administración central marca el itinerario legal aprobando los planes de vivienda y las comunidades autónomas son las encargadas de ejecutar esas políticas. En los ayuntamientos, es una competencia impropia porque, aunque no es suya, los de mayor tamaño la asumen porque es un aspecto importante y porque en las grandes ciudades es donde más presión de precios hay y donde más necesidad de vivienda hay. La Generalitat Valenciana tiene un parque público de alrededor de 14.000 viviendas y el Ayuntamiento, de 700 aproximadamente. Pero Aumsa tiene un aspecto muy atractivo e interesante, que es la disciplina urbanística, que se está potenciando en los últimos años. Son todas las actuaciones urbanísticas desde la revisión del Plan General de Ordenación Urbana hasta la implantación de las supermanzanas en Orriols y Palleters o la puesta en marcha del distrito innovador en Vara de Quart. Al final no hay política de vivienda sin política de suelo.

- En esa revisión de Plan General, ¿qué directrices quiere implementar?
- Las directrices de una ciudad del siglo XXI recogen más espacio para el peatón, más zona verde y la potenciación de una ciudad de 15 minutos. Y especialmente, se busca una ciudad donde haya una cantidad de suelo importante dedicado a vivienda protegida. En grandes ciudades a nivel español e internacional donde hay una presión de los precios de la vivienda y del alquiler porque hay más gente que quiere vivir en la ciudad se hace necesario que en las nuevas actuaciones urbanísticas haya paquetes de suelo importantes para vivienda protegida.

- Desde 2015 el gobierno municipal dice precisamente eso, que se quiere ampliar el parque público de vivienda. ¿Cómo valora la política de vivienda del Ayuntamiento en estos seis años?
- Es una política positiva porque el Ayuntamiento, sin ser su competencia, ha conseguido lanzar un plan de construcción de más de 300 viviendas con un presupuesto de más de 50 millones de euros y que supone aumentar un 50% el parque del Ayuntamiento. Es verdad que uno de los retos de Aumsa es agilizar ese plan y acabar de lanzarlo para que en 2022 todos los edificios estén en construcción. Ese es nuestro objetivo. Pero es positivo porque, en un contexto de endeudamiento de la administración y de importantes limitaciones presupuestarias como el pasado mandato, se ha conseguido lanzar una política de vivienda como esta, que no es barata.

- Por ahora, seis años después de que entraran a gobernar Compromís y PSPV, sólo se han acabado 4 viviendas de esas más de 300. ¿Qué falla?
- Esto es una cosa que pasaba también en la Evha. Las entidades del sector público y las administraciones están todavía en un estado de trauma o de shock por los recortes y las reducciones de personal y por las tasas de reposición. La administración, en general, con independencia del color político, todavía no se ha recuperado. Se han reducido mucho los equipos de construcción y se ha oxidado la maquinaria. En la Evha, cuando llegué, no había departamento de construcción de vivienda al desaparecer en 2012 con el ERE y se está recuperando. En Aumsa pasaba algo similar. Cuesta volver a poner en funcionamiento la maquinaria y cuesta más de lo que entiende la ciudadanía. Pero una vez está todo engrasado, las siguientes 300 viviendas serán mucho más fáciles de construir.

- ¿Quiere aumentar el personal?
- Sí. Es un objetivo. Por poner un ejemplo, cuando entré en la Evha, había 136 personas, y en el último consejo aprobamos 58 vacantes nuevas, se aumenta un tercio la plantilla. El propósito que tengo, en función de lo que pueda negociar con el Ayuntamiento, es ese: si queremos potenciar la vivienda pública y la regeneración urbana en un contexto de fondos europeos, necesitamos aumentar la plantilla. Ahora hay 40 empleados en las oficinas de Aumsa.

- ¿A cuántos se quiere llegar?
- Es una de las tareas en la que tenemos que trabajar, pero creo que habría que aumentar entre seis y ocho personas seguro.

- Aumsa ha experimentado un aumento muy notable de la lista de espera para vivienda de alquiler asequible. Se ha cadruplicado en apenas dos años. ¿Por qué?
- Uno de los motivos es que Aumsa ha vuelto a dar respuesta. Antes de 2015 había entre 100 y 150 viviendas de Aumsa que estaban vacías porque nadie las alquilaba y no se sabía. En el momento en el que esas viviendas se han reparado y se han ido poniendo en marcha, la gente ha visto que se está moviendo el engranaje y se ha inscrito como demandante de vivienda. Además, el precio de la vivienda ha aumentado un 30% o un 40% en València y eso hace que la ciudadanía mire más a la administración, bien solicitando una vivienda o bien pidiendo ayudas al alquiler.

- Hablaba de agilizar los procesos. Compromís propuso durante la campaña, y sigue sosteniendo, la puesta en marcha de una nueva empresa mixta de vivienda entre Ayuntamiento y promotores. ¿Cómo ve la medida?
- No comparto esa medida porque ya tenemos Aumsa. Creo que hay que potenciar Aumsa y dotarla de recursos, personal y financiación, y ese es el objetivo de la vicealcaldesa Sandra Gómez. Pero no estoy de acuerdo en crear otras sociedades con un objeto parecido a Aumsa porque ya tenemos Aumsa, que ya tiene un personal con una experiencia dilatada. La ciudadanía no acabaría de entender la creación de una empresa similar a Aumsa.

- ¿Qué opina sobre el control del percio de alquileres? ¿Cree que es eficaz?
- Los estudios sobre la limitación de los precios del alquiler demuestran que, en la mayoría de casos, puede tener un efecto contraproducente. Limitar el precio puede provocar un mayor mercado negro, propietarios que retiren los pisos del mercado y una serie de disfunciones que los estudiosos dicen que pueden ser contraproducentes. Hay un problema con el precio del alquiler, especialmente para la gente joven, y hay zonas con un riesgo mayor.

Creo que cualquier limitación del precio del alquiler tendría que ser en zonas muy concretas de la ciudad y, además, tendría que ir acompañada de una dotación de personal para supervisar que esa limitación se está cumpliendo y que no está siendo contraproducente. En Berlín, cuando se aprobó hace cinco o seis años, se fijaban sanciones para los propietarios que se saltaran los límites y que llegaban a los 80.000 o 90.000 euros. Eran sanciones muy elevadas para que fueran disuasorias del fraude. Es un debate que existe pero, en cualquier caso, si se aprobara, sería fundamental esa dotación de personal para comprobar que no te estoy cobrando 600 euros de alquiler y 200 de gastos de comunidad.

Hay otra serie de políticas que el Ayuntamiento está llevando a cabo y que son positivas en este sentido, como incentivar la reforma de pisos a cambio de alquileres asequibles (Programa Reviure). Aunque es un mecanismo que hay que rodar, es más positivo optar por los incentivos que por la limitación, que puede ser contraproducente.

- Entremos en el ámbito urbanístico. Aumsa se encarga de la gestión directa del PAI del Grao. Está en negociación con los promotores la repercusión de los 40 millones del circuito de la F1. ¿Se llegará a un acuerdo?
- Es uno de los temas en los que tengo que ponerme al día, pero lo conozco por parte de la Evha. Espero y lo razonable es que antes de que acabe la legislatura se llegue a un acuerdo para dar una solución y reactivar el PAI del Grao. Es curioso porque hasta 2023, la Generalitat estará pagando la deuda de la Fórmula 1 a razón de 7,5 millones de euros al año. El último pago fue en junio, que lo firmé yo. En 2022 será el penúltimo pago y en 2023 será el último para zanjar los 60 millones de crédito con los que la Generalitat pagó.

- Podría coincidir ese último pago con la reactivación del sector.
- Exacto, sí.

- Aumsa está teniendo problemas en la gestión de las concesiones de los aparcamientos en algunos puntos de la ciudad. Dos concesionarias piden el reestablecimiento del equilibrio del contrato al no cumplirse las previsiones económicas de beneficios. Hay uno que incluso ha dejado de pagar el canon a Aumsa. ¿Cuál es el problema?
- Es un problema que teníamos también en la Generalitat y es un problema que me consta que hay en otras comunidades y ciudades. Hace 20 años las administraciones licitaron concesiones para la explotación de parkings cuyas previsiones de rentabilidad par las adjudicatarias, más tarde, no se han cumplido. Hay que ver de una manera muy pormenorizada cada queja para ver hasta qué punto está justificada.

Aquí nos encontramos con dos situaciones. Por un lado, la propia política municipal del Ayuntamiento en relación a la peatonalización de espacios. Eso será positivo para los parkings porque reduce el espacio de aparcamiento en superficie y aumentará la demanda de plazas de parking subterráneo. En el Plan del Cabanyal hay peatonalizaciones que provocará un aumento de la demanda de parkings. Y por otra parte, hay que ser cuidadosos al analizar esa falta de rentabilidad porque, en muchas ocasiones, cuando se presentaron a la licitación, hicieron sus propios cálculos e hicieron sus propias bajas económicas en base a las cuales obtuvieron la concesión. Si revisamos concesiones de hace 15 años, podría haber otros licitadores que hicieron una baja menor y que se quedaron fuera de la adjudicación. Sería complicado desde un punto de vista directivo ahora hacer una bonificación o rebaja de los cánones, por ejemplo.

Se intenta llegar a acuerdos razonables dentro de la legalidad. Si algún parking no lo estima así, tiene la vía judicial, y en algún caso se ha llegado ya a la vía judicial. Y la justicia valorará el equilibrio a favor de la empresa o a favor de Aumsa.

- El Ayuntamiento también está intentando desincentivar el uso del vehículo privado. Esto también reducirá la oferta de plazas de aparcamiento, ¿no? ¿Afectará a las concesiones de parkings dentro de un futuro próximo?
- Los aparcamientos, al final, se concentran en zonas más atractivas y más turísticas. Ese desincentivo del uso del coche se ve compensado con la afluencia de población valenciana y visitantes extranjeros que alquilan vehículos. Creo que a corto y medio plazo no se van a ver perjudicados por eso los aparcamientos. Además, hay cada vez más gente que quiere vivir en València. Los últimos cálculos de antes de la pandemia decían que un 30% o un 40% de compraventas de vivienda las estaban haciendo extranjeros, y ese aumento de población, que es más amplia de la prevista, hace que haya un aumento de la demanda de plazas de aparcamiento.