VALÈNCIA. 2024 ha sido un año donde la política ha tenido un papel relevante, especialmente con motivo de la tragedia de la Dana el pasado 29 de octubre. La gestión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la multitud de ayudas aprobadas por parte del Gobierno Central han sido el foco principal. A pesar de ello, la noticia que se sitúa en primer lugar en el ranking se relaciona con la transferencia de 1.582 millones de euros por parte del Ministerio de Hacienda, debido a la actualización de las entregas a cuenta de 2024.
A esta noticia le sucede un análisis sobre el punto de inflexión en el que se encuentra la carrera política de Mazón tras la riada que dejó 223 víctimas mortales. Entre los temas más destacados también se encuentra la decisión del cese de interinos, que, finalmente, se prorrogó dos años; los resultados de las elecciones europeas o la caída en la calidad del gobierno valenciano según el Índice Europeo de Calidad de Gobierno (EQI). También han sido protagonistas el incumplimiento de los estatutos en la nueva ejecutiva del PSPV, o la decisión de Susana Camarero de tener un nuevo despacho en el edificio de Colón 80. Una serie de noticias que se desprenden de las 12 más leídas en este periódico.
Durante el pasado mes de septiembre, el Ministerio de Hacienda transfirió 1.582 millones de euros a la Comunitat Valencia, en virtud de la actualización de las entregas a cuenta 2024. Abonaron 1.050 millones correspondientes al importe actualizado, mientras que los 532 millones restantes suponían la actualización de las entregas a cuenta de enero a agosto de 2024.
La gestión de la Dana el pasado 29 de octubre provocó que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se enfrentara a un punto de inflexión en su carrera política. Las 223 víctimas mortales han convertido de la legislatura en una prueba de fuego política con una gran cantidad de dudas incluso en los dirigentes populares. La recuperación de las zonas dañas es imprescindible, pero para el jefe del Consell también lo es articular un relato político que lo aleje de la responsabilidad de lo ocurrido.
La Conselleria de Hacienda y Administración Pública, dirigida por Ruth Merino, no obligó a la incorporación efectiva de los titulares de las plazas en la administración tras superar los procesos selectivos de estabilización. De esta manera, no permitía las excedencias voluntarias automáticas a los empleados públicos que se adjudicaran una plaza en estos procesos. El objetivo era reducir la temporalidad en el empleo público.
El Partido Popular venció en las elecciones europeas y se situó como la fuerza política más escogida en la Comunitat Valenciana. El grupo obtuvo más de 705.000 votos y la victoria en casi un 60% de las localidades. Así pues, el mapa político de la autonomía se tiñó de un azul predominante que revirtió el escenario de la anterior convocatoria europea de 2019.
Durante el mes de julio, la Generalitat debía comenzar el cese de los interinos que llevaran más de tres años en el mismo puesto, aunque también tenían que clarificar cuáles serían las causas. Por ese motivo, era necesario resolver la tarea de cómo articular las indemnizaciones que debían cobrar estos interinos. Para ello, ya había un borrador con los requisitos a cumplir, el procedimiento a seguir para autorizar los pagos y la forma en la que se calcularían los importes de cada empleado.
El informe de investigación 'Percepciones comparadas de la corrupción en España y Portugal' sostuvo que la Comunitat Valenciana cayó de nuevo por debajo de la media en el Índice Europeo de Calidad de Gobierno (EQI). A pesar de la mejora protagonizada entre 2017 y 2021, la Comunitat fue "una de las más golpeadas" en corrupción y ética, lo que provocó la caída.
El Gobierno central aprobó una serie de medidas adicionales para ayudar a las personas afectadas por la Dana. Entre ellas incorporó una disposición adicional para permitir a las "administraciones públicas y organismos dependientes" prorrogar dos años el cese del personal interino que tuviesen en sus plantillas. Es decir, que todo aquel trabajador temporal al que le venciera el contrato por llevar más de tres años ocupando una plaza pública que no es de su propiedad, podrá mantenerse en el puesto durante 24 meses más.
Dada la magnitud de voluntarios en muchos de los municipios afectados por la Dana, el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) acordó, por unanimidad, restringir el tránsito de personas ante las previsiones de alerta amarilla por lluvias. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, explicó que se limitaría la circulación de vehículos particulares, además del acceso a Aldaia, Alaquàs, Picanya, Sedaví, Paiporta, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal y Beniparrell.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un nuevo paquete de ayudas de 2.274 millones de euros para reponer el parque automovilístico y el tejido productivo afectado por la Dana. Dentro se encontraban las ayudas directas a fondo perdido de hasta 10.000 euros para comprar un vehículo que se sumaría a las indemnizaciones que ya estaba empezando a pagar el Consorcio de Compensación de Seguros.
Les Corts Valencianes aprobaron la Proposición No de Ley (PNL), presentada por el Partido Popular (PP), que exigía al Gobierno de España la implantación de un fondo de nivelación. La iniciativa salió adelanta gracias al voto de sus impulsores, y el apoyo de Compromís. Sin embargo, Vox y el PSPV-PSOE se opusieron, siendo Diana Morant (líder del PSPV) quien dio la instrucción a su grupo de votar en contra.
El edificio de la calle Colón 80 estuvo adscrito a la Conselleria de Igualdad que dirigía Mónica Oltra en la primera legislatura del Botànic. No obstante, tras las elecciones, el PP obtuvo la mayoría, por lo que pasó a ser propiedad de la Conselleria de Servicios Sociales que lidera Susana Camarero. La que fuera dirigente de Compromís decidió transformarlo en un centro de valoración de discapacidad, pero el PP no le dio este uso y se trasladó a parte del equipo de Camarero, quien también tendría un nuevo despacho en él.
La ejecutiva que nació en el congreso extraordinario del PSPV-PSOE celebrado el pasado mes de marzo en Benicàssim no cumplía, al menos en ese momento, con los estatutos del partido. Esto se debía a que en las últimas normas aprobadas por la formación se reflejaba que no podían compatibilizarse dos cargos en dos direcciones distintas. La curiosidad de la nueva ejecutiva fue que estaba respaldada por el 80% de los delegados del congreso.