Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Ayuntamientos de toda España buscan que se cambie la normativa estatal para evitar que las telefónicas continúen sin pagar las tasas municipales por el uso del espacio público para desplegar sus redes e infraestructuras de telecomunicación y hacer negocio con ello. Hasta el momento, las empresas del sector han escapado a las ordenanzas locales que imponen tasas por este aprovechamiento y los litigios entre las compañías y las administraciones han impedido la recaudación en la gran mayoría de los casos. Pero una reciente sentencia europea es favorable a los intereses de los entes locales y por ello buscan ahora el cambio de la legislación.
No cabe duda de que el Ayuntamiento de València es uno de los grandes afectados. Aprobó su ordenanza en 2016 y se empezó a aplicar al año siguiente. Pero como publicó este diario, de nada sirvió porque estos cuatro años no ha podido cobrar ni un sólo euro de las empresas operadoras: o bien se niegan a ofrecer al consistorio sus datos a partir de los cuales empezar la recaudación, o bien se excusan en que no tienen instalaciones en la capital, según explican en la concejalía de Hacienda, que dirige Borja Sanjuán. El primer ejercicio las arcas municipales de València preveían cobrar al menos dos millones de euros, y ante el fracaso, la previsión anual de los siguientes ejercicios se rebajó a apenas 100.000 euros. En 2021, y pese a que la ordenanza sigue vigente, ya ni se esperan ingresos por esta vía en los presupuestos.
Pero en otros municipios, las operadoras también utilizan un truco que les permite eludir el pago de estos gravámenes, según ha constatado el Tribunal de Cuentas: las empresas operadoras estarían separando en empresas distintas por un lado la titularidad de las redes y, por otro lado, su actividad económica -los servicios de telefonía-. Una práctica que les habría estado permitiendo hasta el momento escurrir el bulto de sus obligaciones fiscales para con los ayuntamientos, dado que según un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2012 y de Tribunales Superiores de Justicia españoles, sólo debían abonar este pago las empresas propietarias de las instalaciones.
Lo cierto es que este tipo de tasas llevan generando controversia en ayuntamientos de toda España y una elevada litigiosidad precisamente por esta cuestión: las tasas se aplicaban tanto a aquellas empresas que eran titulares de las infraestructuras como a las que simplemente las utilizaban para prestar el servicio. El litigio llegó al Tribunal de Justicia europeo, que dictaminó que el impuesto sólo es de aplicación a aquellas compañías titulares de las redes. Otras disputas dirimidas en los Tribunales Superiores de Justicia españoles tenían que ver con el sistema de cálculo, que obligó a cambiar algunas normativas locales.
Pero un fallo reciente, del pasado mes de enero de 2021, ha cambiado el tablero de arriba a abajo al modificar su doctrina al respecto. Por un lado, ya contempla la obligación de pagar el impuesto tanto a los propietarios de las infraestructuras como a los operadores; y por otro, también permite que los estados miembro puedan aprobar leyes estatales que reflejen tasas calculadas en base a los ingresos brutos anuales de estas compañías.
Este conflicto, en realidad, viene ya de lejos. Desde 2009, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha estado intentando modificaciones legales para esclarecer la tributación de estas tasas, especialmente tras la sentencia europea de 2012. Entre las soluciones que se planteaban, estaba por ejemplo modificar el régimen especial de Telefónica -que anteriormente funcionaba en régimen de monopolio- para actualizarlo a la nueva situación de competencia en el sector. Tras la sentencia de enero, la FEMP ha retomado el estudio para facilitar el cobro del gravamen a los consistorios.
Así, por un lado, las ideas planteadas en las últimas reuniones de la comisión de Hacienda están adaptar la ley de Haciendas Locales para fijar un régimen "claro y simple" para el sector de las telecomunicaciones. Introducir esto como norma con rango legal es para la Federación algo "necesario para evitar los litigios" que hasta ahora se han producido. Para ello, no obstante, cabría esperar a que el Tribunal Supremo trasponga la jurisprudencia europea "en el sentido que entienda procedente", y a partir de ahí es cuando se deberían introducir los cambios precisos en la normativa de Haciendas Locales.
Pero además, el régimen especial de Telefónica vuelve a estar sobre la mesa y en la Federación se busca replantear este extremo no sólo por estar desfasado respecto al estado de competencia del sector de las telecomunicaciones, sino porque también paga menos de lo que debería a los consistorios, al tener separado el negocio de la telefonía móvil -Movistar- de la telefonía fija.
