VALÈNCIA. Más coches de renting o leasing circulan por las grandes ciudades, pero la recaudación por el impuesto local a los vehículos no ha crecido, o al menos no lo ha hecho en la misma medida. El descuadre ha hecho saltar las alarmas en los ayuntamientos de las principales capitales de España. Madrid, Barcelona y València han detectado un posible fraude fiscal en las empresas que gestionan grandes flotas de vehículos, especialmente firmas de leasing y renting, pero que no tributan por ellos en la localidad en la que operan.
Las tres ciudades presentaron este martes en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una propuesta para que la Dirección General de Tráfico (DGT) acabe con estas prácticas que ya se han acreditado y que se consideran "fraudulentas" e "ilegales" y que ocasionan perjuicios económicos "muy elevados" a los consistorios, especialmente a los más grandes.
Lo que se ha comprobado como algo habitual es que estas mercantiles registran en la DGT el domicilio de sus vehículos en localidades con tipos más bajos en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (Ivtm) pero, en realidad, dichos coches discurren habitualmente por grandes localidades. Así, por ejemplo, un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados acredita que municipios con muy poca población aparecen como domicilio de un número desmesurado de vehículos.
Véase Puebla de San Miguel (Valencia), con 61 habitantes pero con 5.525 vehículos registrados en esa localidad; o Relleu (Alicante), que con 1.147 vecinos censados cuenta con 31.424 vehículos matriculados. O Sarratella (Castellón): 101 habitantes y más de 9.700 vehículos. Algo que se repite en otros municipios de Madrid y Barcelona, pero también de Málaga, Zaragoza, Las Palmas, Toledo, entre otros.
De hecho, entre 2015 y 2018 se hizo una inspección en el municipio de Barcelona a 15 empresas con domicilio fiscal, social y real en la capital, pero que habían eludido el pago de impuestos en la ciudad condal por casi 16.000 vehículos, que tributaban en otras localidades. Y la repercusión en las cuentas no era nada desdeñable, más de 2,7 millones de euros en este caso. De ahí que los grandes ayuntamientos se hayan revuelto contra esta práctica y busquen soluciones en la FEMP.
La propuesta elevada por los tres consistorios mencionados busca que la Federación Española de Municipios exija a la DGT emitir una instrucción para acabar con esta mala praxis. En ella, se contempla que las administraciones municipales o, en su caso, las diputaciones provinciales, puedan introducir en la base de datos de la DGT el domicilio adecuado cuando una inspección concluya que el domicilio declarado no es el auténtico. Se trata de una propuesta que ahora los técnicos de la Federación deberán trabajar y pulir con la idea de aprobarla en la próxima sesión, según explica el concejal de Hacienda de València, Borja Sanjuán.
