VALÈNCIA (*). Más de 3,6 millones de valencianos están llamados a participar en las elecciones autonómicas y generales que se celebran este domingo en la Comunitat. Se trata de una de las citas electorales más inciertas de los últimos años, especialmente en el ámbito autonómico debido a la ajustada ventaja que los sondeos dan al bloque de izquierda. El vuelco que se produjo hace cuatro años tras más de dos décadas con el PP al frente de la Generalitat ha traído cambios relevantes en la relación entre la administración autonómica y el poder económico, como la apuesta por la reversión de servicios públicos cuya gestión estaba privatizada o el cambio profundo en el modelo comercial con restricciones a la libertad horaria y al establecimiento de nuevas superficies comerciales.
Para muchas de esas empresas y empresarios con intereses en la Comunitat, la doble cita electoral de este domingo tiene especial relevancia, sobre todo para aquellos que se juegan sacar adelante sus proyectos, como por ejemplo Intu Mediterrani o Lafarge. Para algunas sociedades públicas, como el Consorcio Valencia o la Autoridad del Transporte Metropolitano de València su viabilidad está directamente relacionada con la continuidad del PSOE tanto en el Gobierno central como en la Generalitat.
El Gobierno que se forme tras las elecciones generales será, con toda probabilidad, el que tendrá que llevar a cabo la privatización completa de Bankia. El presidente del banco, José Ignacio Goirigolzarri, es consciente de lo que la entidad se juega este domingo, ya que de las alianzas sobre las que se forme el futuro Ejecutivo pueden condicionar la venta por parte del Estado, que aún controla el 60% del accionariado. Tan es así que, en la última junta de accionistas celebrada en València, pidió a los políticos que eviten cualquier tentación de utilizar la entidad como un "instrumento de política económica", todo un mensaje preventivo de cara a las posibles alianzas que pueda tratar de formalizar el PSOE, especialmente si se ve obligado a pactar con Podemos, la formación que más claramente se ha mostrado a favor de mantener Bankia como una entidad controlada por el Estado.
Aunque la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se empeña en mantener el suspense hasta el día elecciones, lo cierto es que la recuperación del departamento de Dénia no está nada clara a pesar de anunciarse hace ya tres años. La misión de la Generalitat era comprar las acciones de Marina Salud -participada en un 65% por DKV y en un 35% por Ribera Salud-pero la falta de resolución de las liquidaciones y la oferta planteada por el equipo de Barceló no han satisfecho las expectativas.
A pesar de intensificar las negociaciones con DKV en la recta final de la legislatura, la oferta monetaria no le ha parecido suficiente a la aseguradora, quien de momento no ha dado el visto bueno a marcharse antes de 2023. De hecho, aunque Sanidad asegura que ha iniciado un expediente para revertir el departamento, parece que el escenario podría cambiar totalmente si también lo hace el color del Gobierno y no volver a la gestión pública hasta finalizar el contrato.
La condonación por parte del Estado de más de 370 millones de euros de la deuda que arrastra el Consorcio Valencia fue una de las grandes cuestiones que quedaron pendientes en la pasada legislatura. Tras años reclamándoselo sin éxito al Gobierno de Mariano Rajoy, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat estuvieron más cerca que nunca de librarse de esa losa. De hecho, el Gobierno de Sánchez lo llegó a incluir en los Presupuestos Generales que no llegaron a superar el trámite parlamentario y, aunque prometió que activaría un plan B para condonar la deuda por decreto-ley, el Ministerio de Hacienda no lo ha llevado a cabo.
Ahora el Consorcio –ente público participado por la Generalitat, el Ayuntamiento de València y el propio Estado– confían en que, si logra una mayoría suficiente para gobernar, esta vez Pedro Sánchez sí cumpla su promesa de incluir el perdón de esa deuda en sus primeros presupuestos generales.
Como en el caso del Consorcio Valencia, el futuro de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València (ATMV) depende en buena medida de que todo siga igual. Tras años reivindicando la financiación del Estado del transporte metropolitano mediante un contrato programa en condiciones similares a las ayudas que reciben Madrid o Barcelona, València vio cómo los frustrados Presupuestos Generales de 2019 recogían por fin una partida. No obstante, los 10 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez destinó aún están lejos de los 38 a los que aspira la ATMV, que se aferra al compromiso de los socialistas de reflejar por fin ese importe en sus primeros presupuestos si se mantienen al frente del Gobierno central.
El futuro del proyecto de macro centro comercial Intu Mediterrani proyectado en Paterna podría despejarse si hay un cambio en el gobierno de la Generalitat Valenciana. Actualmente se encuentra en tramitación tras reformular los promotores su diseño para aumentar la distancia con las carreteras de la zona. Y es que en 2016 recibió un informe medioambiental desfavorable precisamente por su cercanía con las vías.
A largo de esta legislatura, el proyecto, anteriormente conocido como Puerto Mediterráneo, ha contado con el apoyo de la localidad, gobernado por el PSPV, pero con el rechazo de las Consellerias lideradas por Compromís que ha dificultado su desarrollo a través de la revisión PORN del Túria y del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), que limita la superficie destinada a suelo comercial. Precisamente, el director general de Comercio, Natxo Costa, protagonizó una polémica al publicar un mensaje en Twitter en el que emplazaba a los promotores a dejar la Comunitat: “Intu, Go home”.
En cambio, desde PP y Cs han defendido la llegada a la Comunitat de inversiones extranjeras y han mostrado su apoyo a esta iniciativa. De este modo, un cambio en el ejecutivo autonómico podría facilitar su desarrollo, mientras que una reedición del Botànic con la coalición valenciana al frente de las consellerias con competencias en esta materia, mantendrá el enfrentamiento y el suspense sobre si el centro comercial será finalmente una realidad.
Entre el baile de cargos al frente de organismos públicos que se produce cuando hay un cambio de color en el gobierno, el de los presidentes de los puertos es especialmente relevante en el caso de la Comunitat por su importancia para la economía de la región. En el caso del de València, Aurelio Martínez cumplirá próximamente sus primeros cuatro años en el cargo con la expectativa de consolidarse si Ximo Puig repite como presidente de la Generalitat. En este tiempo, el expresidente de organismos como el ICO o Loterías del Estado ha impulsado proyectos de relevancia para el recinto valenciano como el desbloqueo de la ZAL de València, la venta de suelo en Parc Sagunt o la licitación del concurso para la ampliación norte del recinto.
Este último es precisamente uno de los principales retos que Aurelio Martínez tiene por delante si se mantiene en el puesto, ya que el concurso se resolverá en apenas una semanas. A ello se suma, además, el ambicioso plan para construir el acceso norte mediante un túnel subacuático, para lo que aún deberá superar las reticencias del Ayuntamiento de València. Entre sus principales logros está el haber reducido la deuda del recinto portuario un 25% en 3 años hasta situarla por debajo de los 400 millones.
Una de las grandes reivindicaciones (y promesas electorales) de las últimas elecciones fue la liberalización de la autopista AP-7, la Autopista del Mediterráneo, que opera Aumar, filial de Abertis. Si los PGE de 2019 hubieran salido adelante y Pedro Sánchez no hubiera tenido que adelantar las elecciones, el actual Gobierno habría tenido que afrontar el proceso a final de año, lo que hubiera permitido además esgrimirlo como argumento electoral. Ningún partido lleva en su programa prorrogar la concesión, de modo que en cualquier caso Abertis dejará de explotar los tramos de peaje de la autopista que une Barcelona con Almería, aunque aún está por resolver cómo. Supuestamente, el Ministerio de Fomento asumirá el personal de mantemiento de la vía, como ha hecho con las autopistas quebradas, y a partir de ahí tiene que decidir si sigue manteniendo algún tipo de peaje o levanta del todo las barreras, y las inversiones necesarias para añadir conexiones a la vía. El ministro José Luis Ábalos ya ha dicho que la opción escogida es suprimir los peajes, para disgusto de la asociación hotelera Hosbec, mientras que el resto de partidos no se han pronunciado sobre cómo procederían si llegan a gobernar tras este domingo. En diciembre, la solución.
El pulso entre la multinacional LafargeHolcim por la cementera que la empresa tiene en Sagunto ha sido uno de los mayores enfrentamientos con empresas que ha mantenido el Consell del Botànic. El Gobierno valenciano, con la complicidad de Compromís desde el gobierno municipal de Sagunto, aprobó en el tramo final de la legislatura una protección especial para un paraje natural junto a la instalación que, a juicio de la compañía, prohíbe una futura ampliación necesaria para garantizar su viabilidad y la continuidad de 650 puestos de trabajo. Lafarge ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de la Comunitat, pero el camino de la empresa puede despejarse si el PP gana las elecciones en la Comunitat e Isabel Bonig cumple su promesa de derogar el decreto de protección de dicho paraje.
El aeropuerto de Castellón afronta los últimos meses para un nuevo cambio de rumbo. El 1 de noviembre debe culminar el proceso de convergencia en que la actual gestora, la francesa Edeis, y Aeropuerto de Castellón SL (Aerocas), la empresa pública de la Generalitat y la Diputación de Castellón (en una mínima parte) que ejerció de promotora del proyecto, vienen trabajando. Aunque el nuevo Gobierno autonómico que salga de las urnas no tendrá tiempo para cambiar la gestión pública del recinto que comenzará este otoño, sí puede influir, más a largo plazo, en una serie de medidas que ha impulsado Ximo Puig al frente de la Generalitat.
El PP, que arrancó el proyecto y plasmó el aeropuerto, siempre ha apostado por la gestión privada, primero en manos de Concesiones Aeroportuarias y después de SNC-Lavalin, una vez que el Gobierno central desestimó la petición del entonces presidente de la Diputación provincial, Carlos Fabra, de que AENA se hiciera cargo del recinto. Y, precisamente, ahora ha sido Puig el que ha solicitado a Moncloa que la entidad dependiente de Fomento y que gestiona la red estatal de aeródromos de interés públicos asuma su gestión, algo que, de materializarse, lo hará a largo plazo. Inmersos en diferentes vías para captar vuelos, que harán que este verano el recinto castellonense supere su récord de operaciones semanales, los gestores de la instalación aeroportuaria, varios de los cuales han sido designados por el Consell del Botànic, esperan el veredicto de las urnas.
*Información elaborada por Xavi Moret, Estefanía Pastor, David Martínez, Begoña Torres y Ramón Olivares.
